Las dos mujeres que tienen en jaque a Lollapalooza

Paola Moreno vive hace 15 años a una cuadra del Parque O’Higgins, en el sector de Beauchef, donde también nació su marido. Durante mucho tiempo se dedicó a la fotografía, trabajó en publicidad y actualmente está concentrada en el cuidado de sus hijos. Su rutina incluye paseos al parque, que visita sagradamente de martes a sábado junto a su familia y su perro, aunque nunca ha ido a las fondas que alberga el recinto en septiembre de cada año ni tampoco al Lollapalooza que se realiza allí desde 2011. No es de su interés, explica. De hecho, dice que más bien ha padecido los efectos del festival en el barrio, los ruidos molestos, el predio cerrado, los cortes de tránsito, entre otros puntos que enumera. Hace diez años es una férrea opositora al espectáculo y hoy es vocera de la agrupación vecinal Barrio Rondizzoni.

Rosario Carvajal también tiene trayectoria como dirigenta vecinal. Nacida y criada en el barrio Yungay, licenciada en Historia de la USACH, fue presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y desde 2016 es concejala de Santiago, cargo al que postuló como independiente por un cupo en la lista del Partido Ecologista Verde. Hace cinco años recibe -como todos los miembros del concejo municipal- unas pocas entradas de cortesía para Lollapalooza, “aunque por un tema de probidad nunca las uso”, asegura. “Lo que sí hacemos es ir antes y después del festival al parque, en un rol fiscalizador”.

Los caminos de Carvajal y Moreno se cruzaron en 2017 y desde entonces han encarado varias batallas juntas en defensa del Parque O’Higgins, como parte de la “resistencia urbana por la lucha del patrimonio”, dice la primera. “Estamos en contra de cualquier evento masivo al interior del parque que le cierre la puerta a los vecinos”, expresa la segunda, quien incluye en su lista a las fondas de Fiestas Patrias, el parque de diversiones Fantasilandia, los conciertos en el Movistar Arena y, en general, cualquier actividad en el recinto a cargo de un ente privado que no sea a escala barrial.

También, por cierto, se oponen a la realización de Lollapalooza en el parque, por -lo que ellas consideran- su impacto negativo en las áreas verdes y en la rutina de los vecinos. Una cruzada que comenzó hace una década, cuando el espectáculo salió por primera vez de Chicago para aterrizar en Santiago, pero que este año alcanzó mayor notoriedad luego que sus planteamientos y un informe de Contraloría que refuerza sus argumentos fueran acogidos por la mayoría de los integrantes del concejo municipal de la comuna.

A cuatro meses de la postergada décima edición del festival, aplazada desde 2020, Carvajal y Moreno son las caras visibles del movimiento ciudadano que tiene al evento en la cuerda floja y en claro riesgo de suspensión por tercer año consecutivo. La productora a cargo del espectáculo (Lotus) todavía no puede llegar a un acuerdo con el municipio para arrendar el parque, lo que les ha impedido anunciar a sus artistas y entregar las coordenadas definitivas de la cita. Todo esto con el tiempo en contra y sin un plan B de locación a la mano. Y ante los cuestionamientos de los últimos días, la alcaldesa Irací Hassler (PC) junto a nueve miembros del concejo resolvieron esta semana dejar la decisión en manos de una consulta ciudadana, lo que complica aún más las aspiraciones y el cronograma de la producción.

Eso sí, antes de llegar a esa instancia y a determinar los detalles de la elección popular, el municipio sentenció que Lotus debe acreditar una serie de permisos para realizar el evento que desde la alcaldía aseguran aún no han sido entregados. “La empresa no puede pretender incumplir las reglas y a la vez imponer las condiciones de su negocio a las vecinas y vecinos de Santiago. La consulta es democracia y ese es nuestro camino”, señaló Hassler ayer en Twitter.

La única concejala que se abstuvo de votar a favor de la consulta ciudadana fue Carvajal, quien no considera válida esta salida. Para ella, derechamente, el espectáculo no se debe hacer. “Desde nuestra perspectiva el patrimonio es un derecho, el bienestar de los vecinos es un derecho, el acceso a un parque público es un derecho. Los derechos no se someten a una consulta ciudadana”, argumenta.

El conflicto entre Lollapalooza y el municipio de Santiago comenzó a evidenciarse el pasado 28 de octubre, cuando la productora Lotus anunció a través de sus redes que el festival fijado para este mes se volvería a aplazar y que su fecha de retorno será marzo de 2022, en paralelo a las ediciones de Brasil y Argentina. A diferencia de lo ocurrido en esos países, el anuncio local no incluyó detalles sobre artistas ni recinto, ya que para ese entonces la empresa aún no tenía acuerdo con la alcaldía para volver a usar el Parque O’Higgins como cada año. Aún así el aviso alertó a la concejala Carvajal.

“Eso origina todo, ahí le pregunto a la alcaldesa qué pasa con esto y después me entero por la prensa que (Lotus) ya venía desde julio en varias conversaciones con ella. Eso es lo que dice la empresa, al menos. Entonces, lo que se entiende, es que hay una negociación con la empresa de espalda a los vecinos, de espalda al concejo municipal y que al final esta consulta es un salvavidas”, comenta.

¿Por qué la sorpresa del anuncio de octubre? Según cuenta Carvajal, tanto ella como las organizaciones vecinales con las que trabaja habían asumido que el espectáculo no se haría nunca más en el Parque O’Higgins una vez asumida la alcaldesa comunista. Esto, explican, porque Hassler, al igual que ellas, fue en su periodo como concejala una ferviente defensora del “manejo participativo” de las áreas verdes y parques públicos, un modelo que prioriza a los barrios y vecinos de estos recintos por sobre el arriendo a privados.

La idea, de hecho, fue recogida en el punto 17 del programa de 40 medidas de la campaña de Hassler para el sillón edilicio, donde se comprometió a terminar con “la lógica depredadora y privatizadora” de estos espacios.

“Nosotras fuimos parte del conglomerado de organizaciones vecinales que hicieron posible el programa de gobierno de Irací, fuimos parte de la creación de las 40 medidas de la alcaldía constituyente”, indica Moreno. “Irací cuando fue concejala estuvo en cada una de las actividades que nosotros hicimos por la defensa del Parque O’Higgins. Tanto las concejalas como la alcaldesa firmaron un compromiso en que ellas se comprometían a hacer cumplir las 40 medidas, entonces no entendemos ahora la incongruencia de que no se cumpla ese compromiso con los vecinos”.

“El tema es que ella tiene un compromiso programático que es público”, complementa Carvajal, quien hace unos meses fue una de las aliadas más estrechas de Hassler, pieza clave de su campaña a la hora de convocar a organizaciones sociales de la comuna para levantar cabildos y lo que en su momento se definió como “un proyecto alternativo de alcaldía para Santiago”. “Fueron varias jornadas de madrugada de redactar cada una de las medidas”, cuenta. Esa alianza, al menos públicamente, se quebró el 28 de octubre con el anuncio de Lollapalooza.

Y aunque la semana pasada otras siete concejalas también adelantaron su rechazo a la realización del festival en el parque, por considerarlo “improcedente y contradictorio con (...) un programa y un proyecto democrático, participativo y transformador”, finalmente, sólo horas antes del concejo del miércoles y tras escuchar los descargos de artistas nacionales y de la propia productora, ingresaron a tabla la vía alternativa de dejar la decisión en manos de los vecinos. Una salida que Carvajal criticó duramente durante la sesión, calificándola como “una maniobra para salvar a la empresa”.

“Nosotros estábamos muy tranquilos con las organizaciones porque teníamos el compromiso programático, ese era el compromiso de la alcaldesa. Fue bastante decepcionante ver que no se cumplió”, señala la concejala independiente. “Lo que nos preocupa es que esto es la antesala de otros eventos que vienen. Nos preocupa su posicionamiento frente a su relación con los privados”.

La de Lollapalooza no es la única batalla que ambas libran en la comuna. Barrio Rondizzoni, la organización de la que Moreno es vocera y a cuyos encuentros asisten usualmente entre 80 y 100 personas -según sus cálculos, con mucha mayor adhesión en redes sociales-, ha peleado también por la salida de Fantasilandia y de la Fórmula E del Parque O’Higgins. Lo mismo ha hecho Carvajal, que hace algunos años presentó un recurso de protección junto al abogado ambientalista Luis Mariano Rendón contra la realización de la Fórmula E en el Parque Forestal, que el tribunal finalmente no acogió.

Tiempo después, junto a Hassler y el entonces concejal Alfredo Morgado, Carvajal hizo una presentación a Contraloría en la que objetaron la renovación de la concesión al parque de diversiones por parte del municipio, la que el organismo finalmente acogió y determinó que “no se ajustó a derecho”. La concesión termina el próximo año y Fantasilandia ya tiene previsto abandonar el lugar donde se emplaza desde 1978. “Vamos por un plan de manejo participativo del parque”, celebró entonces en Twitter la actual alcaldesa.

Una acción similar emprendieron Carvajal y Moreno contra Lollapalooza y la Fórmula E, luego de las últimas ediciones de ambos eventos en el parque, en 2019. Allí, según el informe que emitió la Contraloría como respuesta, se consignó que los dos hitos dejaron daños en el recinto “que no han sido compensados por las empresas, quedando pendientes las sumas de $47.001.500 y $90.316.500″. Además, se determinó que la alcaldía arrendó el uso del Parque O’Higgins a Lotus “sin que la empresa del evento contara con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, requerida en virtud de la intervención que se efectuó en dicho recinto”.

“A Lollapalooza lo venimos siguiendo desde la época de Zalaquett”, reconoce Moreno, quien acusa a la producción del evento de “daños extremos” en el predio. Y aunque Lotus ha desmentido estas acusaciones, la dirigenta asegura tener pruebas materiales que confirman que en la última década para el festival “se han talado árboles, se han instalado estructuras eléctricas hasta en los troncos de los árboles, se sacaron palmeras, incluso”. Además, enumera “pruebas de sonido que parten a las 8.30 de la mañana”, fuegos artificiales, un mes con el parque cerrado. “Los vecinos de acá también tenemos derecho a un buen vivir y el parque es nuestro único punto verde, el resto es puro cemento”, explica.

La dirigenta también está por regular las fondas del recinto, “porque se transformaron en un megafestival”. Fantasilandia, considera, “se tiene que ir, se debió haber ido hace 20 años y eso lo vamos a recuperar como parque”. Con la Parada Militar hay ciertos matices. “Políticamente puede que no estemos de acuerdo, sabemos que es un acto republicano que tiene su historia, pero el impacto no es tan grande porque el Ejército ocupa la elipse y sólo un pedazo de las áreas verdes, no se instalan mega escenarios y son sólo dos días”, señala Moreno.

Finalmente, sobre Lollapalooza, y consultada por la posibilidad de llegar a un acuerdo con la productora que beneficie a los propios vecinos, Carvajal es tajante: “No se trata de cuánta plata más ponen sobre la mesa, se trata de que busquen otro lugar en la Región Metropolitana, y nosotros estamos disponibles para colaborar. Nosotros decimos sí al festival pero no en el Parque O’Higgins”.

Consultados para este reportaje, desde el equipo de la alcaldesa Irací Hassler se excusaron de participar argumentando que su agenda estaba ocupada en actividades de la alcaldía.

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