Durante el primer semestre del año pasado, 76 títulos fueron adquiridos por el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), del Ministerio de Educación. La inversión superó los $4.113 millones, y un total de 475.892 ejemplares fueron comprados por el Estado para alimentar a las más de 11 mil bibliotecas escolares del CRA de todo el país, tanto en establecimientos públicos como particulares subvencionados. El 16 de agosto pasado, sin embargo, la Subsecretaría de Educación, de la cual depende directamente el CRA, publicó en su sitio web una segunda Intención de Compra de títulos, que hoy tiene enfrentadas a la asociación Editores de Chile y a la cartera ministerial.

El gremio, que reúne a 77 editoriales independientes, apoyó unánimemente un recurso presentado el 23 de octubre pasado ante la Contraloría por uno de sus socios, el representante legal de LOM Ediciones, Paulo Slachevsky. Allí se acusa de "poca transparencia" al Ministerio de Educación durante el proceso.

Las compras públicas de títulos escolares, explica el gremio en un comunicado oficial, se llevan a cabo a través de Convenios Marco, "mecanismo establecido por el Estado con el fin de garantizar pluralidad y sobre todo transparencia en la adquisición de diversos productos o servicios que el mismo requiere en distintas áreas, y en los cuales están inscritos diversos proveedores". Sin embargo, Editores de Chile acusa que en este segundo llamado solo pudieron participar aquellos proveedores que tuvieran "catalogados" sus productos.

"El catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de ofertas de bienes y servicios. Sin embargo, en este llamado se excluyó a priori a miembros del convenio (para compras públicas) pertinente para la presentación de muestras en base a la que se haría una selección previa a la catalogación", se lee en el documento presentado ante la Contraloría.

La organización acusa, por tanto, que la elección de los ya mencionados 76 títulos se hizo "de manera irregular y arbitraria". En el recurso presentado ante la Contraloría, se señala: "La subsecretaría operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los oferentes, ya que en esta etapa solo convocó a algunos de los proveedores del Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a todas luces arbitrario, del cual no tuvimos conocimiento a pesar de ser proveedores del Convenio Marco antes individualizado"".

Desde Editores de Chile plantean, además, que si en 2013 las adquisiciones de textos escolares sobre 200 mil ejemplares promediaban los $ 1.221 por unidad (IVA incluido), el reciente llamado de compra de libros complementarios 2019 contemplaba 262 mil ejemplares y un valor referencial de $11.305. "¿Cómo entender que se incluyan libros a más de $11.000 por ese volumen? Por esa suma, a lo menos, se podría considerar cinco títulos diferentes en vez de uno, más de un millón de libros a repartir en vez de 262.029. No sólo los procesos de selección son opacos, sino que hay de hecho un poco eficiente uso de los recursos públicos", argumentan.

Una de las entidades que ha seguido de cerca este proceso de compra, es el Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, especialmente en las adquisiones públicas de libros de texto y material complementario por parte del Mineduc, tanto para las bibliotecas CRA como para libros usados en las aulas.

"Si bien hay claras trabas en el proceso de licitación, el que ha favorecido a ciertas editoriales extranjeras durante años, como Observatorio nos preocupan aún más las consecuencias de esto, ya que determina qué tipo de libros y qué contenidos leerán estudiantes de todo Chile en la enseñanza escolar", sostuvo a El Mostrador Sofía Brinck, coordinadora de la misma entidad vinculada a la Universidad de Chile.

Desde el Mineduc, en tanto, señalan que a través de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) se realizó la compra de libros de acuerdo a los "criterios objetivos relativos al enfoque de lectores a beneficiar y las temáticas a abordar", explica el subsecretario de educación, Raúl Figueroa.

Sobre el procedimiento de compra que fue objetado por Editores de Chile, Figueroa sostiene que "la UCE revisó los catálogos de libros a la venta de más de 60 proveedores a través de sus sitios web, de las cuales se seleccionaron 17 y se les solicitó que entregaran muestras". Tras esa selección, aclaran que eligieron un total de 72 libros acordes a las temáticas requeridas y luego se procedió a hacer la compra mediante el procedimiento de creación de la canasta de libros, "una opción especial regulada en este Convenio Marco en particular", concluye.