Cada cierto tiempo un nuevo hecho de violencia en la Macrozona Sur del país vuelve a poner en la mira a un territorio que continuamente es foco de conflicto. El último fue el ataque sufrido por un equipo de TVN, compuesto por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, quienes el sábado pasado fueron víctimas de una serie de disparos en la ruta que une Tirúa con Cañete. Minutos antes habían terminado una reunión con el integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, con quien habían pactado realizarle una entrevista el domingo.
El hecho protagonizado por el equipo televisivo pasó a engrosar un preocupante listado de ataques. Según cifras del Ministerio del Interior, hasta el 21 de marzo de 2021 se han registrado en total 389 casos de violencia rural en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos. Solo en La Araucanía, los casos de violencia rural desde 2013 a 2020 han aumentado un 241%. Se trata de incendios o ataques incendiarios, disparos o la presencia de armas de fuego, ataques o enfrentamientos a Carabineros, las Fuerzas Armadas o PDI, cortes de ruta, ataques y amenazas a civiles, desórdenes de carácter violento, ocupaciones e ingresos violentos, daños y robos.
En este contexto, dice una minuta del gobierno, “se requieren no solo medidas administrativas, sino también medidas legislativas que permitan resguardar la seguridad de la Macrozona Sur: elevar las penas, mejorar la persecución penal, otorgar mayores facultades a las policías, modernizar la Inteligencia y desincentivar conductas delictivas, entre otros fines”.
Actualmente, hay nueve proyectos de ley en tramitación en el Congreso que apuntan en esa dirección. De acuerdo al documento, dos de las iniciativas legislativas llevan más de dos meses de tramitación. Estas son la ley que fortalece la persecución del robo de madera y la norma contra el crimen organizado. Otras sobrepasan los 200 días, como el proyecto de combate al narcotráfico y la ley que eleva las penas a la usurpación. E incluso hay unas que superan los 500 días de tramitación, como es el caso de la iniciativa que busca promover la protección de infraestructura crítica por parte de las FF.AA. y la Ley Corta Antiterrorista. La tramitación más extensa es de 2.772 días, de la Ley de Control de Armas.
Según el análisis, el promedio de tramitación de los nueve proyectos ha sido de 643 días y el gobierno ha puesto 250 urgencias en total. Al que más urgencias le ha puesto es a la Ley Corta Antiterrorista (55).
Asimismo, hay tres proyectos de ley que aún no pasan el primer trámite constitucional: Ley Corta Antiterrorista; Ley contra el Crimen Organizado y la ley que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo de madera y la ley que eleva las penas de la usurpación.
Al respecto, el delegado presidencial para ese territorio, Pablo Urquízar, dijo que “el problema en la Macrozona Sur es de tal complejidad que requiere una solución de Estado. Aquí todos debemos estar a la altura, los tres poderes del Estado. La celeridad, la oportunidad y la calidad deben estar presentes también en el Congreso Nacional. No se entiende ni comprende el retraso de la Agenda Legislativa de la Macrozona Sur, que tiene como único propósito la seguridad de las víctimas, la persecución penal y la paz social”.
Agregó que “el homicidio frustrado y la afectación de la libertad de prensa al camarógrafo y periodista de TVN, así como con todas las víctimas mapuches y no mapuches, debe condenarse por toda la clase política y sin matices. Debemos avanzar decididamente como Estado contra la violencia y desde una perspectiva integral”.
