Ya no queda otra instancia judicial a la que apelar. El 5 de mayo pasado, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió en su mayoría rechazar el recurso de nulidad de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, que condenó a 11 años de cárcel al exsargento de Carabineros Carlos Alarcón por el homicidio de Camilo Catrillanca con un disparo en la espalda, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, Ercilla. Asimismo, se le sentenció a cinco años y un día de presidio del delito frustrado de homicidio simple al menor de edad que acompañaba a Catrillanca en un tractor en ese momento.

Además del exsargento, fueron condenados otros cinco uniformados y un abogado de la institución por apremios ilegítimos, disparo injustificado y obstrucción a la investigación.

Para la abogada del ex Gope Carmen Gloria Chamorro, no solo la resolución de la justicia “resulta ser decepcionante, ya que la teoría del caso de esta defensa siempre fue de tipo absolutoria”, sino que también lamentó el trabajo realizado por la fiscalía al excluir en la investigación una presunta responsabilidad de mando de Carabineros.

“Creo que aquí no se realizó una labor investigativa tendiente a establecer las responsabilidades de los mandos que en ese momento estaban en la institución y de aquellos quienes dieron las órdenes para que este procedimiento se realizara, a raíz del robo en el colegio en el sector de Temucuicui. Entonces creo que faltó dirigir la investigación también hacia esas autoridades de la institución y no solamente centrarse en el grupo Gope que participó en el procedimiento, que finalmente termina con la lamentable muerte de don Camilo”, dijo la abogada.

Sobre a qué generales debería haber apuntado el Ministerio Público, Chamorro señaló que “la línea investigativa hacia las autoridades de ese momento debió dirigirse a todas las personas que les podría haber cabido responsabilidad y/o algún grado de participación. Creo que el persecutor no debió discriminar y haber dirigido su labor investigativa respecto de todos los eventuales responsables, sin embargo, eso no se hizo”.

En ese sentido, sostuvo que la fiscalía debió investigar “desde las jefaturas que en ese momento estaban en Carabineros, como también a miembros de la patrulla que habían sido ordenados y recibieron la instrucción de constituirse en ese lugar y realizar una labor de fiscalización y rescate de los vehículos robados”.

Sin embargo, indicó que no se podía referir a una persona en particular, ni tampoco a si hubo o no responsabilidad de mando, porque eso es algo que debería haber determinado la fiscalía: “No puedo sin tener un antecedente investigativo decir si existe o no, porque para que pudiera pronunciarme sobre eso la fiscalía tendría que haber realizado una investigación en torno a todos los altos mandos, pero como eso no se hizo, no puedo decir a ciencia cierta si hay o no hay”.

De acuerdo a Chamorro, el origen del caso Catrillanca no es precisamente que los funcionarios de la patrulla Gope hayan llegado al lugar donde finalmente muere Catrillanca. Señaló que su defendido era parte de una patrulla que junto con todas las otras unidades policiales recibieron la misma orden desde Cenco: ir al sitio donde había ocurrido un robo con intimidación a las profesoras de un colegio.

“La primera patrulla que sale es esta patrulla (la de Alarcón) y ellos son los primeros que se constituyen en el lugar, lo que después pasa es consecuencia de las instrucciones radiales que ellos van recibiendo y nos encontramos con un resultado que es totalmente distinto a lo que se pensaba, porque la intención siempre fue la de controlar y detener a todas las personas que pudiese determinarse que habrían tenido participación en los hechos que estaban siendo denunciados”, explicó la defensora.

En esa línea, la abogada insistió en que los funcionarios realizaron disparos hacia zonas seguras, “es decir, hacia el suelo, para que los ocupantes del tractor escucharan los sonidos de los disparos y se detuvieran”. Sin embargo, de acuerdo a la resolución del máximo tribunal, los imputados actuaron con dolo directo y no eventual al disparar a Catrillanca y al menor de edad que lo acompañaba.

El recinto penal al cual ingresará su defendido, comentó la profesional, aún no está definido. Sin embargo, la idea es que existan condiciones de seguridad que garanticen su integridad física, por tanto Punta Peuco podría ser su destino, en el entendido de que por su calidad de expolicía podría sufrir hostigamientos del resto de la población penal. Un recinto similar a este tampoco se descarta, pero es finalmente -según dijo- Gendarmería quien deberá emitir un informe de factibilidad de ingreso a cualquiera de sus recintos. Por lo mismo, señaló, es aún un tema por definir.