Antiguas consignas de la izquierda parlamentaria, como “no a la militarización del wallmapu” o “no a la criminalización de la protesta social”, volvieron a quedar en entredicho en la sesión de este martes de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde nuevamente afloró la tensión que provoca en el oficialismo la agenda de seguridad y el plan del gobierno para enfrentar la violencia -hoy ya calificada de terrorismo por el propio Ejecutivo- en La Araucanía y el Biobío.
Casi al inicio de la sesión de este martes la diputada socialista Emilia Nuyado, quien consistentemente se ha opuesto al estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, cuestionó severamente la instalación de una nueva base militar en Traiguén, anuncio realizado la semana pasada por su compañero de partido, el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).
“Hoy día no es fácil dialogar cuando por otro lado se quiere instalar bases militares en el territorio mapuche. Qué difícil es vivir en Chile para el pueblo mapuche, en el wallmapu, donde se tienen que definir estas situaciones lamentablemente de parte del gobierno”, dijo Nuyado.
Si bien la legisladora fue la única representante del oficialismo que fustigó en la sala el anuncio en medio del debate de una nueva renovación del estado de excepción, su postura no era solitaria en las fuerzas gubernamentales, especialmente en Apruebo Dignidad. Aunque hay matices en el Frente Amplio y en el PC, algunos dirigentes de esas colectividades reconocen que la nueva base militar es una medida incómoda que pone en jaque la misma crítica que hacían en contra de los planes impulsados durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Fuera de la sala y ante la consulta de La Tercera, la diputada Lorena Fries (Convergencia Social) explicó que estos temas “nos complican, sin embargo, entendemos que estamos en una situación compleja”.
“No estoy de acuerdo con la militarización, de ninguna manera. Se necesita avanzar con soluciones distintas y no profundizar en aquello que tanto tiempo criticamos desde nuestro sector”, agregó la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
“No corresponde seguir militarizando La Araucanía, porque eso genera estigmatización”, añadió su par Ericka Ñanco (RD), en punto de prensa.
No fue el único tema tenso de la jornada. En la misma sesión donde se aprobó el nuevo estado de excepción, el PC y gran parte del Frente Amplio se desmarcaron de un proyecto enviado por el propio Presidente Gabriel Boric que penalizaba el porte de combustibles en un contexto de manifestaciones callejeras.
La iniciativa había sido defendida el lunes pasado por la misma ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en el entendido de que el espíritu de la norma era proteger a los manifestantes pacíficos y aislar a los violentistas que recurren a bombas molotov.
Pese a ello, 28 diputados oficialistas, además de dos independientes (30 en total), ni siquiera estuvieron por apoyar la idea de legislar de la propuesta gubernamental, que era aplicar una multa a quienes sean sorprendidos portando acelerantes para la fabricación de artefactos incendiarios. Uno de los argumentos que se esgrimieron por parte de algunos legisladores detractores es que esta reforma podría ser usada por las policías para “cargar” (atribuir mañosamente una prueba falsa) a personas en el marco de protestas.
Al intervenir en la sala, la diputada Maite Orsini (RD), quien fue una de las que votaron en contra de todos los puntos del texto, acusó un doble discurso de la derecha por promover el uso de armas particulares y, por otro lado, centrar “el problema en el porte de gas para llenar encendedores”. “Este proyecto de ley pretende castigar a personas que no han cometido delito”, dijo.
En la votación en general del texto promovido por el gobierno, además de la derecha, sólo estuvieron a favor los legisladores socialistas, liberales, radicales, del PPD, de la DC, Demócratas, PDG y algunos independientes aliados del gobierno. Dentro de los 30 que votaron en contra, en tanto, había 10 del PC, dos de Acción Humanista, una socialista (Nuyado), tres independientes y 14 de la bancada del Frente Amplio.
A juicio del diputado Luis Cuello, jefe de la bancada del PC, el proyecto era un “error”, pues carece de “necesidad y contexto”. “A nosotros nos incomodan estos proyectos. No tienen ninguna pertinencia. (Sancionar) el porte de combustible está completamente descontextualizado y no tiene pertinencia respecto de lo que está ocurriendo en Chile”, dijo.
En la ocasión, además, la derecha logró imponer otra disposición para castigar con penas de cárcel el porte de combustible, a pesar de que al menos en ese punto el oficialismo votó alineadamente en contra.
