Las pensiones sigue siendo un tema complejo. Las posturas entre el gobierno y la oposición se mantienen distantes. El escenario más probable es que no haya mucho avance en este gobierno, y por ello, los candidatos presidenciales ya han comenzado a presentar sus propuestas. Uno de ellos es el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones.

“El sistema se desfondó y es necesario ahora reconstruirlo. Apoyamos el ahorro y no el reparto, con una solidaridad que no les cargue la mano a los trabajadores, si no que se realice con recursos fiscales donde todos aportan y no solo los trabajadores que cotizan”, sostiene Briones.

Su propuesta se divide en dos: una relacionada con el ahorro propiamente tal y otra con la industria. El primero de ellos tiene cuatro pilares, siendo el ahorro a través del consumo uno de las principales innovaciones. De acuerdo a la propuesta, esta medida consiste en una contribución adicional del 1% del costo del bien adquirido, con el objetivo de financiar una transferencia del Estado a cada una de las cuentas de ahorro individual de las personas.

De acuerdo al documento, esa mayor recaudación permitirá inyectar año a año US$ 1.300 millones adicionales a las cuentas de ahorro individual, la cual se repartirá de manera pareja con un monto de $6.684 mensual desde el nacimiento hasta la jubilación. De esta manera, según se explica, la distribución terminaría siendo fuertemente progresiva, puesto que las personas del primer decil (10% más pobre) recibirán más de lo que aportaron, mientras que el decil 10 (10% más rico) recibiría menos de lo que pagó en IVA. Así, según el esquema, por $1 que una persona perteneciente al decil de menores ingresos aporta, recibirá $3 en su cuenta de ahorro para su pensión.

Esta medida trae aparejada una segunda propuesta, ya que este aporte servirá para crear una renta solidaria del Estado a su cuenta individual. Según se indica, esta medida reforzará de forma consistente el ahorro para la jubilación, pues permitirá a cada chileno tener un fondo adicional aproximado de $27 millones al momento de jubilar, aumentando así su pensión en $110.000 adicionales. “Esta multiplicación de los ahorros, que será para todos y no solo para los pocos con estabilidad laboral, será financiada con impuestos generales, asegurando una solidaridad intergeneracional equitativa y no distorsionadora del mercado laboral”, muestra la propuesta.

Para el corto plazo, se establece complementar la Capitalización Solidaria y el actual Pilar Solidario (PBS y APS) con una Transferencia Universal de Vejez. Para los ya jubilados, esta transferencia es un monto fijo de $80.000 mensuales y se entrega al 80% más vulnerable de los mayores de 65 años. En conjunto con el APS, permite alcanzar pensiones equivalentes al salario mínimo líquido. Al 2022, el costo de esta transferencia asciende a US$2.580 millones.

También se propone avanzar con mayores incentivos para el ahorro voluntario, la propiedad de vivienda y las demás formas de riqueza de cada persona. En ese sentido, se propone incrementar el ahorro individual de manera automática y revocable. “Esta partirá con una tasa de cotización baja que paulatinamente irá aumentando. El trabajador de manera activa podrá postergar estos aumentos”, dice el documento.

Otro de los ejes es aumentar gradualmente la tasa de cotización obligatoria, con cargo al empleador, una vez que la economía se estabilice. “El ahorro adicional que se genere por ambos caminos se acumulará en un fondo al que el trabajador tendrá acceso para financiar la compra de una vivienda”, se enfatiza.

“Tenemos una propuesta innovadora, acorde a los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones en el mundo. Siguiendo a países como España y China, proponemos una cotización vía consumo y que el Estado aporte a las cuentas de ahorro desde que las personas nacen permitiendo aumentar el ahorro personal en casi $30 millones adicionales al momento de jubilar. Por último, permitiremos sacar ahorros para compra de vivienda”.

El segundo eje de la propuesta son medidas que apuntan a cambiar la industria: en este punto se propone que “la recaudación de las contribuciones sea llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII), rompiendo la integración vertical de recaudación que hoy realiza una sociedad de propiedad de las AFP (Previred), que de facto tiene poder de mercado que se traduce en cobros elevados”. Asimismo, se establece que el Estado sea quien cobre las pensiones impagas.

Otro de los cambios apunta a licitar la administración del total de la cartera de afiliados, a la institución que cobre la menor comisión. Así, se señala que “en vez de esperar que los afiliados disciplinen las comisiones y los retornos, el Estado fijará un perfil de inversión y utilizará una subasta para pagar las menores comisiones posibles. Con esta medida, lo que se busca es que no sea el ciudadano el que se preocupe de la opción más rentable, sino que el Estado lo haga por él”.

Se propone incorporar la administración de los ahorros voluntarios dentro de la licitación de los ahorros generados por cotización obligatoria, lo que disminuirá las comisiones y aumentará las rentabilidades de los ahorros voluntarios.