El gobierno iniciará la tramitación de un conjunto de iniciativas legales para avanzar en una modernización del Estado. Se trata de los proyectos de ley que expande el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece a la Dirección Nacional del Servicio Civil y otro que modernizan los gobiernos corporativos de empresas y servicios públicos. Uno de los impulsores de estas iniciativas es el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien entregó detalles de los objetivos que se quieren proponer con estas modificaciones.

¿Desde cuándo comenzaron a trabajar estos cambios para mejorar los procesos de nombramiento de cargos en Empresas Públicas y Servicios?

Desde que llegamos al gobierno, incluso cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, era director de Presupuesto empezamos a pensar qué tipo de reformas podía transformar al Estado a uno más ágil. Y ahí definimos varios ámbitos. Uno es el perfeccionamiento del empleo público, y los otros tenían que ver con lo que llamamos reformas institucionales que hoy cobran mayor relevancia que nunca. Estamos en un proceso de transformaciones como país, en un proceso constituyente, hemos vivido una crisis social y económica muy fuerte de la cual estamos saliendo. Hemos vivido una crisis de confianza y lo que buscan estas reformas institucionales es crear más confianza entre las personas y sus instituciones.

¿Cuáles son los ejes de los proyectos que firmó el Presidente Piñera?

En ese ámbito tenemos dos ejes: uno la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública y otra es el cambio a los gobiernos corporativos de empresas del Estado y servicios. Estas reformas buscan instalar el mérito como motor de un Estado más cercano a las personas. En el caso del Sistema de Alta Dirección Pública vamos a incorporar a todas las instituciones que están en el Estado, lo que incluye a todos los jefes de servicios y los segundos niveles jerárquicos como los subdirectores. Con eso vamos a superar los 5 mil cargos bajo esta modalidad. Con esto queremos ir reduciendo al máximo la discrecionalidad en los nombramientos. Después está el otro eje que son los gobiernos corporativos. Hoy tenemos cerca de 25 empresas públicas que cumplen un rol esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también en recaudar ingresos para el país como Codelco, Enap y Banco Estado. En el caso de Enap y Codelco hemos tenido avances importantes y sus directores son seleccionados en su mayoría por mérito. Pero tenemos una serie de otras empresas del Estado cuyo directorio no son seleccionados por mérito. A lo que aspiramos es que todos sean nombrados por mérito. En cerca de 20 empresas públicas sus directorios pasen por el sistema de Alta Dirección Pública y eso significa que vamos a llegar a más de 100 puestos de directorios para empresas que administran cerca de US$5.300 millones.

¿La propuesta ya fue socializada por parlamentarios y la sociedad civil considerando que abordan cambios importantes en la conformación de los distintos servicios?

Este es un trabajo que se viene discutiendo hace bastantes años. Lo que vamos a hacer es revitalizar dos proyectos de ley que hoy están en el Congreso. Uno ingresado en 2013 y otro en 2017, es decir, son temas que se han discutido. Lo que hace nuestro proyecto es que crea el sistema de empresas públicas y avanza en nombramiento de directores basadas en méritos. Por otro lado, la discusión del proyecto de Alta Dirección Pública lo hemos debatido desde hace varios años con el Consejo de Alta Dirección Pública y hemos evaluado distintas alternativas, por lo tanto, tenemos una visión de un órgano que está fuera del Ejecutivo. Buena parte de estos elementos han sido recomendaciones de algunos centros de estudios, llegaron distintas propuestas de LyD, CEP, Espacio Público y otros.

Hay algunos servicios como Corfo que quieren reformular su gobierno corporativo, ¿por qué lo ven necesario?

Corfo es una institución que tiene un rol esencial en el fomento productivo, que tiene un presupuesto muy significativo. Esto fue discutido con el Ministro de Economía y cuando uno mira la composición del gobierno corporativo de Corfo encontramos un consejo directivo que por ley tiene la función de administrar, sin embargo, ese consejo es nombrado de manera discrecional por parte del gobierno de turno. Nosotros creemos que por los mismos argumentos que hemos mencionado antes, es decir, aumentar en transparencia, en profesionalización, no podemos tener consejos directivos que sean nombrados exclusivamente por las autoridades de turno, sino que consejos de profesionales. Las mejores personas en virtud de su experiencia, pero también en virtud de los desafíos estratégicos de la institución. Por eso nuestra propuesta es que ese consejo directivo deje de ser integrado por autoridades del gobierno de turno a uno elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública.

Si bien el proceso de selección se hará a través del Sistema de Alta Dirección Púbica, al final será el Presidente del gobierno de turno quien decida por una terna quiénes son los directivos de los principales servicios, ¿eso no le resta autonomía?

Avanzamos ampliamente en autonomía, porque no sólo necesitamos condiciones de ingreso, es decir, los perfiles de experiencia, capacidades sino que también de egreso; la salida de consejeros o directores no es por confianza, sino que por elementos fundados que quedan expresamente en la ley. Ese elemento es esencial. Acá hay un avance en autonomía que es fundamental.

Considerando los meses que quedan de gobierno, ¿cuál es la viabilidad política de que se apruebe antes de marzo de 2022?

Pensamos que este es un momento óptimo para discutir materias que son de fondo. Lo que hemos visto es que los temas de reformas del Estado surgen de grandes acuerdos y veo un muy buen ánimo para avanzar en temas que son positivas para el país. Durante este año hemos logrado distintos grandes acuerdos y confío que vamos a lograr los acuerdos transversales para avanzar en este proyecto.