El IPC de Argentina marcó un alza de 4,8% en marzo, el salto más grande en 18 meses que llevó a cerrar el primer trimestre con un incremento de 13%. La situación demandó una rápida reacción de las autoridades, las que optaron por una clásica medida usada en el país: aumentar el control sobre las exportaciones.

Según indicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Boletín Oficial de este lunes, ante “la imperiosa necesidad de alcanzar una más amplia formalización, transparencia y control de una actividad tan sensible como la exportación dentro de la matriz de producción agropecuaria nacional”, el Ejecutivo planteó “nuevas exigencias”.

“Los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”, argumentó este lunes el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Boletín Oficial que detalla las nuevas exigencias.

Entre estas se cuenta un detalle de las cuentas bancarias con las que operan las compañías y sus movimientos bancarios de los últimos 6 meses, además de una constancia del ingreso de divisas que realizaron en el último año.

Por otra parte, las empresas deben indicar el plan de trabajo proyectado para el próximo año, considerando la mercadería que pretenden exportar, destinos, volúmenes y proveedores. También están obligadas a dar cuenta de otros detalles como el personal en relación de dependencia y compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada.

Para Marcelo Elizondo, directo de Director consultora del vecino país Desarrollo de Negocios Internacionales, la alternativa elegida por el gobierno no es novedad.

“Argentina tiene una concepción, que se ha mostrado a través de varias administraciones del kirchnerismo y de la actual de Alberto Fernández, respecto a que las exportaciones son un obstáculo para el abastecimiento doméstico, que mientras más se exporta menos abastecimiento hay internamente”, señala.

Sin embargo, a su juicio se trata de un “juego de suma cero”, ya que “la experiencia de Argentina muestra que cada vez que se ha hecho esto ha salido mal, porque desalienta la producción, desalienta la inversión y además retrasa la evolución tecnológica, impide la competitividad externa y debilita a las empresas”.

Un análisis igualmente crítico realiza Guido Lorenzo, académico de la Universidad de Buenos Aires y socio de la consultora Labour Capital & Growth, indicando que “son medidas que en el corto plazo pueden dar beneficios. Tienen efecto sobre los precios porque aumentan la oferta doméstica, pero el tema es que chocan con los objetivos de mediano plazo”.

Puntualmente, detalla que Argentina debería apuntar a exportar más y producir más cantidad de alimentos”, mientras que el efecto de más controles a las exportaciones puede ser el contrario: sobreoferta en el corto plazo y una reducción y un consumo de los stocks, lo que termina dando un peor panorama en el mediano plazo a los consumidores, ya sea porque que va a subir de nuevo los precios o porque el ingreso per cápita del país sigue bajando”.

Pero esta medida no sería la única que se adopte del recetario argentino. Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Comercio Interior, Paula Español, se reunirán entre lunes y martes con grupos de empresarios, para desarrollar una nueva política de control de precios.

Así lo consigna el diario local El Cronista, precisando que la conversación se concentrará en la elaboración de una “suerte de canasta de alimentos lo más amplia posible”, para establecer precios que aseguren acceso a los ciudadanos.

De esta manera, el gobierno estaría apostando por un reemplazo del programa Precios Máximos, lo que no caerá muy bien en el empresariado, que se siente más cómodo con Precios Cuidados, al cual adhieren de manera voluntaria.