Varias señales se dieron este miércoles al inicio de la sesión del pleno de la Convención Constitucional, que por segundo día consecutivo debatió las iniciativas que podrían transformarse en parte del texto de una nueva Carta Fundamental.

Primero se pidió un minuto de silencio por los padres y madres de convencionales que fallecieron recientemente. Entre ellas estaba Cristina Calderón Harban, última hablante competente del idioma yagán, madre de la constituyente Lidia González y figura icónica para los pueblos originarios y los regionalistas.

La segunda señal fue la presencia en la testera de la convencional del Frente Amplio y vicepresidenta Amaya Álvez, una de las autoras intelectuales, junto a la independiente Tammy Pustilnick, del modelo autonómico para las regiones que se sometía a votación como parte del Informe de Comisión Forma del Estado.

Algunos pupitres, además, lucían letreros “Más Poder para las regiones” y “#EstadoRegionalAhora”, que añadían más ingredientes al clima con el que comenzó la sesión.

El informe contenía 36 artículos, algunos de los cuales declaraban la autonomía de las regiones e instalaban algunas instituciones a nivel más local como ministerios y la misma Contraloría. Sin embargo, el plato de fondo del debate era la creación de asambleas legislativas regionales que tendrían la capacidad de crear normas propias y reforzar el carácter autónomo de cada zona.

Si bien algunos artículos del informe no contaban con los votos (por ejemplo el que alude a la Contraloría regional o el que le da a cada territorio la posibilidad de definir competencias no previstas con la Constitución), las asambleas legislativas regionales (artículos 25, 31, 32 y 34) sí tenían los apoyos suficientes, de más de 2/3 de la asamblea, para ser aprobadas en general. Solo corría riesgo una disposición vinculada a “las competencias legislativas concurrentes”, que establece una suerte de entramado entre las potestades de un futuro Congreso Plurinacional y las asambleas regionales.

Para algunos convencionales este debate era un paso hacia lo que podría ser un inédito sistema parlamentario, en el que ya no habría solamente dos ramas legislativas (lo que hoy conocemos como Senado y Cámara de Diputados), sino un Congreso tricameral, es decir, con tres instancias para generar leyes: una regional, otra de perfil más político como la actual Cámara y otra de forma de elección territorial como la que integran los senadores. Incluso, algunos lo definían como un Congreso multicameral, si se contabilizan las 16 asambleas regionales por separado.

En todo caso, independiente de la aprobación o rechazo, por no reunir los 2/3 de los constituyentes, el debate no se agotaba en la sesión que continuaba al cierre de esta edición. La discusión de si es posible construir un acuerdo con un modelo de tres ramas legislativas se extenderá hasta la próxima semana, ya que la Comisión de Sistema Político también ha analizado esta idea. De hecho, el convencional Renato Garín envió un oficio cuestionando la intromisión de la Comisión de Forma de Estado en este tema institucional.

También esta es una alternativa que levantaron en las negociaciones algunos convencionales del Frente Amplio, impulsados por Álvez (no así Fernando Atria, quien sinceró su disidencia), que se alinearon con la idea de las asambleas regionales. A cambio, según algunos negociadores, ellos estarían dispuestos a ceder en la idea de un Congreso unicameral y mantener el actual modelo de una Cámara Alta (no necesariamente con las mismas atribuciones ni el mismo nombre del Senado) y una Cámara Baja (diputados).

En el debate en el pleno, la convencional Pustilnick, quien es parte de Independientes No Neutrales, considerado un colectivo moderado dentro de la Convención, fue una de las que lideraron la defensa de la idea de las asambleas regionales en respuesta a quienes creen que detrás hay una forma encubierta de federalismo (similar al que existe en EE.UU., donde los estados pueden tener legislaciones particulares). Ella agregó que era importante despejar mitos y dudas. “El Estado regional que defendemos, si bien entrega atribuciones a las entidades territoriales, mantiene la unidad, la indivisibilidad e integridad del Estado chileno”.

Como contraparte crítica, la convencional UDI Constanza Hube argumentó que la propuesta era un “federalismo improvisado... es un Transantiago institucional” y que “ni EE.UU. se atrevió a tanto”. Además, cuestionó que el planteamiento solo crea más cargos públicos y más burocracia.

Desde el PC también surgieron dudas. El convencional comunista Marcos Barraza dijo que si bien apoyarían en general el informe, tenían observaciones, pues la fórmula podría generar desigualdades entre los territorios y, con ello, atentar contra una justa redistribución de la riqueza. “Excesos en atribuciones legislativas pueden resultar perjudiciales en la perspectiva de transformaciones que persigue esta Convención Constituyente, porque puede fragmentar al Estado y, en consecuencia, agudizar las desigualdades”, dijo Barraza, poniendo como ejemplo incongruencias que podrían darse en materia de legislación laboral entre una zona y otra.

El constituyente DC Fuad Chahin, miembro del Colectivo del Apruebo, también valoró el esfuerzo para promover la regionalización y la descentralización, pero dijo que “me preocupa que esta asamblea legislativa defina sus propios perímetros de competencia. Podría generar una anomalía en el sistema político”.

Atria, por su parte, dijo que votaría favorablemente en general, pero precisó que “no creo que sea una manera adecuada de descentralizar, la creación de 16 asambleas regionales legislativas, que próximamente podrían ser 18 (en referencia a la creación de nuevas regiones)″.

Quienes ha sido parte de las conversaciones para destrabar la discusión sobre el Congreso en la Comisión de Sistema Político sostienen que a pesar de las exigencias de cada sector (algunos buscan eliminar el Senado y otro mantener un bicameralismo) y las dudas que hay sobre estas asambleas regionales, aún es posible un acuerdo.

Una fórmula intermedia sería avanzar en más competencias para los consejeros regionales, creando “súper cores”, pero con atribuciones normativas limitadas, como lo son, por ejemplo, las ordenanzas municipales.

En el caso del Congreso, la alternativa sería mantener el Senado, pero con otro nombre y quitándole poder, dejándole algunas atribuciones legislativas en materia presupuestaria, reformas constitucionales o revisión de leyes solo cuando exista una mayoría de la Cámara que lo solicite.