Menos malo, pero malo igual. Esa es la impresión que quedó en la industria aseguradora luego de la votación que hizo este martes la comisión mixta del proyecto de cuarto retiro de AFP y segundo anticipo en rentas vitalicias. En realidad, finalmente se mantuvo el giro de AFP, pero el de rentas vitalicias se transformó en un préstamo que dará el Estado a los pensionados bajo esta última modalidad.

Debido a este cambio, en teoría el proyecto no debería haber afectado a las compañías de seguros tal como lo había adelantado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pues el regulador había advertido que, de aprobarse la reforma constitucional tal como estaba planteada, generaría que varias aseguradoras caigan en insolvencia regulatoria y no puedan cumplir sus compromisos con los asegurados.

Sin embargo, en la práctica la industria advierte que esta iniciativa sí afectará su patrimonio. Y esto se debe a que se agregó una indicación que establece que, de forma retroactiva, los pensionados por renta vitalicia que hicieron el primer anticipo, una vez que hayan devuelto todo el saldo retirado, puedan volver a tener el monto inicial que recibían de pensión previo al retiro. Es decir, que la baja de la pensión no sea permanente para quienes pidieron el primer anticipo.

Desde la industria señalan que esta indicación que se aprobó genera un daño a las compañías de manera inmediata, que va a reactivar las acciones judiciales que han llevado adelante en los tribunales y, eventualmente, podría generar nuevas acciones legales.

Desde una aseguradora estiman que el impacto, antes de las modificaciones que hizo la mixta, iba a implicar que cerca del 50% de los recursos que entregaran por los anticipos no los pudieran recuperar. Ahora proyectan que esa cifra bajó a 30%. Esto se produce, en parte, porque no todas las personas alcanzarían a devolver los montos anticipados, dado que podrían fallecer antes de pagar la totalidad.

Con todo, esta idea que se aprobó no es nueva. En agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una moción que buscaba que las personas que hicieran el primer retiro en renta vitalicias no tengan una baja permanente en su pensión, sino que ésta sea transitoria. Sin embargo, la iniciativa fue votada a fines de septiembre en la sala de la Cámara de Diputados y fue rechazada por no haber alcanzado el quórum requerido.

Durante la tramitación de ese proyecto, que fue rechazado hace dos meses, acudió a presentar la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, entregando proyecciones de los efectos que generaría esta iniciativa. Y desde la industria advierten que esos efectos que adelantó la CMF son los mismos que se producirían dada la indicación que aprobó este martes la comisión mixta.

En ese momento Piedrabuena señaló que con la ley que ya está en marcha, las aseguradoras han registrado una disminución de su reserva técnica en igual medida que disminuyen sus activos, pero comentó que “el patrimonio no sufre reducción alguna”.

Sin embargo, advirtió que de aprobarse esta nueva moción parlamentaria, sí habría un impacto en el patrimonio de las aseguradoras, que dependiendo de distintos escenarios, “podría ascender a un costo para las compañías de seguros, en cuanto a disminución de patrimonio, de entre US$319 millones a US$704 millones, dependiendo de cuál sea el patrón de retiro que se efectúe por los pensionados”.

El cálculo de la CMF en esa ocasión se basaba en que el efecto patrimonial de US$319 millones se daría en el escenario base, esto es, asumiendo que, del total de potenciales solicitantes y descontadas las solicitudes ya realizadas al 24 de mayo de este año (US$1.010 millones), la mitad realiza el retiro.

En tanto, la afectación patrimonial de US$704 millones se daba en el escenario alternativo, donde se asume que, del total de potenciales solicitantes y descontadas las solicitudes ya realizadas al 24 de mayo (US$1.010 millones), el 100% realiza el retiro.

En esa ocasión Piedrabuena también aseguró que “tendría efectos sobre el mercado asegurador. En primer lugar, va a aumentar el riesgo para las compañías de seguros, lo que impactará en el futuro al precio en que se vendan estas rentas vitalicias. Eso tendrá como consecuencia una rebaja en las pensiones de los jubilados futuros, porque la posibilidad de encontrarse nuevamente con retiros de esta naturaleza, representa un riesgo patrimonial para la aseguradora, y por lo tanto, como todo seguro, va a tener que cubrir esos riesgos.”

Por otro lado, afirmó que “este proyecto puede amenazar a algunas compañías en particular, en cuanto a su solvencia, lo cual podría hacer, en el extremo, que las compañías no puedan cubrir sus obligaciones no sólo para los pensionados de rentas vitalicias, sino para un sinnúmero de otros productos que las compañías entregan (...) El efecto en el largo plazo va a ser un achicamiento del mercado de seguros”.

Durante esa misma sesión del 26 de mayo, el presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa, manifestó que ese proyecto buscaba “nuevamente hacer un préstamo, que difícilmente la industria aseguradora está estructurada de forma tal de entregar estos préstamos al infinito (...) Este nuevo cálculo de las rentas vitalicias es inviable, tendría que ser aceptado por el patrimonio de las compañías, no solamente que ya se ha visto afectado por la ley vigente, solamente vemos que esto agrava la situación, no solo de nuestros pensionados, sino también agrava la situación respecto de las reglas del juego a la cual distintas inversiones, tanto locales como extranjeras, ofrecen estos productos”.

La comisión mixta acordó que, en vez de este segundo anticipo que debían pagar las aseguradoras, ahora será el Estado el que se haga cargo de entregar un préstamos a los pensionados por renta vitalicia.

Sobre ese punto particular se refirió este miércoles el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en radio Futuro. “Primero, efectivamente esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, está fuera de nuestro ordenamiento (jurídico). Pero segundo, si usted está proponiendo una iniciativa de este tipo, lo que uno quisiera saber, por lo menos, es cuáles son las implicancias fiscales”, comentó el titular de Hacienda.

Cerda continuó diciendo que “muchas veces uno dice esto es un préstamo, pero la verdad es que el préstamo depende de las condiciones a las que se está entregando, las tasas que se están entregando, cuánto tiempo se da para prepagar. Finalmente, esto seguramente implica que vamos a tener mayor gasto fiscal. Y todo esto obviamente está fuera de nuestro ordenamiento jurídico”.

El ministro también detalló que “hay dos informes que generalmente acompañan estas discusiones, por un lado, el informe de productividad, y por otro, el informe financiero, que indican el impacto en términos de finanzas públicas, del gasto que involucra, y que hay que financiar. En este caso no tenemos ninguna de esas dos cosas”.