A las 23:58 de este martes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), por intermedio de su abogado Francisco Cox, entregó por escrito su defensa ante la acusación constitucional que se tramita en la Cámara de Diputados del Congreso. En ésta, sostiene que dicho mecanismo en la “cuestión previa” no cumple con los requisitos que la Carta Fundamental señala para ser acogida y en varios de los puntos contesta que las infracciones están fuera del ámbito de su competencia.

Así, el próximo 12 de julio, cuando la sala de la Cámara baja se pronuncie sobre el libelo, su defensa deducirá la cuestión previa, según la cual éste no cumple con los requisitos para ser presentado.

La acusación incluye siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación en el ejercicio de su cargo, un récord de causales en comparación a otros ministros de la cartera que fueron acusados.

Ávila concretó su respuesta un día antes de que venciera el plazo de diez días hábiles para hacerlo.

El documento responde punto por punto a la acusación presentada el 19 de junio y que fue suscrita por diputados de Chile Vamos y el PDG. Pero primero se refiere a la cuestión previa.

En su argumento, la defensa sostiene que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala para ser acogida por la Cámara de Diputados. Sostiene que el mecanismo tiene carácter excepcional y de ultima ratio, es decir, que existen otras herramientas para fiscalizar su actuar como secretario de Estado: la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación.

“Ninguna de esas acciones han sido interpuestas en su contra”, asegura Cox. “Ni tampoco ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de violación a la Constitución que lo ameriten”, continúa.

Asimismo, sostiene que la acusación le imputa hechos que están fuera del ámbito de su competencia, como el ejercicio de organismos descentralizados -entre ellos Junaeb-. En el caso del Mineduc, añade, el órgano que ejerce la supervigilancia y coordinación de los organismos públicos es la Subsecretaría de Educación, como órgano jefe del servicio, comandada hoy por Alejandra Arratia.

“En el caso del Mineduc se establece expresamente con la ley, que el órgano que ejerce la supervigilancia y la coordinación con organismos públicos con efectos en educación es la subsecretaría de Educación”, afirma Cox.

En relación a las presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual del ministerio, “contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, la respuesta apunta a que éste se establece al momento que eligen el establecimiento donde los padres quieren matricular a sus hijos, así como en la educación informal que les dan en sus hogares. Y que las jornadas de educación no sexista o las guías con orientaciones para la comunidad LGBTQA+ “son voluntarias”.

Del tercer capítulo, que acusa al ministro de exclusión de estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”, Ávila responde con un listado de actividades, acciones y leyes, como la recién promulgada Ley TEA, que apuntan a incorporar los temas de discapacidad en la agenda del ministerio. A su vez, se refiere a los subsidios focalizados para establecimientos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

En el cuarto apartado, donde se apunta al ausentismo y deserción escolar derivado de la pandemia, entre otras materias del sistema educativo público, la defensa argumenta que -descontando subvenciones y gratuidad universitaria- la cartera ha destinado un 4,8% de su presupuesto a reactivación educativa pospandemia y sólo un 0,0057% a educación sexual integral.

También destaca que convocó a un consejo de expertos con ese objetivo, incorporó sus recomendaciones y creó un programa nacional de tutorías, focalizado en lenguaje y matemática. Además, aseguró que los niveles de ausentismo están mejorando.

Sobre el quinto y sexto capítulo, que acusan incumplimientos en el rol de Junaeb, en la entrega de cuadernos a estudiantes del sistema público con un inserto sobre educación no sexista, e irregularidades en los programas de alimentación, la respuesta de Ávila sostiene que el primero “no es un hecho imputable a él como ministro”.

Sobre las supuestas irregularidades en los contratos suscritos entre la Junaeb y los oferentes adjudicados en el marco de estos programas, el ministro señala que todos los pagos “se realizan en el marco de la Ley de Compras del Estado y que no existen cuestionamientos en Contraloría sobre la fórmula aplicada”.

Finalmente, sobre el séptimo apartado, que acusa graves negligencias y falta de ejecución en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el ministro explica que “es un problema que se arrastra hace años y que la Dirección de Educación Pública (DEP), de la cual dependen los SLEP, es un órgano desconcentrado, lo que rompe la relación jerárquica”. Añade que la supervigilancia y coordinación recae en la subsecretaría de Educación y no en él como ministro, como lo dispone el artículo 5 de la Ley General de Educación.

Luego de entregada la defensa, la comisión de la Cámara de Diputados que analizará el mérito de la acusación constitucional revisará la contestación y tiene hasta el martes para pronunciarse respecto del mérito de la acusación. Por plazo, la Cámara de Diputados la votaría el 12 de julio, partiendo por la cuestión previa.

En caso que la acusación sea aprobada por la Cámara y el Senado, el ministro Ávila sería destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años. Le impediría, incluso, ser profesor de un liceo público.