Recién se había iniciado la pandemia en el país cuando en la Cámara de Diputados algunos parlamentarios ingresaron mociones para hacer un “borrón” de deudas: es decir, prohibir que se comuniquen las obligaciones que tiene una determinada persona o empresa. Esto, para las deudas que se han hecho exigibles desde el estallido social que se encuentren impagas. La suspensión regiría desde la publicación de la ley y hasta 120 días días después de terminado el estado de excepción constitucional.
Y pese a que el proyecto lleva más de un año en el Congreso, hace muy poco se ha empezado a retomar en la Comisión de Economía de la Cámara. Este lunes asistió para hablar de la iniciativa el vicepresidente del Banco Central (BC), Joaquín Vial, quien dijo que es importante que exista más información crediticia, y no menos.
“Nuestra opinión general sobre este proyecto es claramente una opinión negativa”, afirmó Vial. Y explicó que puede traer “problemas para el buen funcionamiento del crédito”.
En esa línea, señaló que cuando la información es escasa, incompleta, lo que ocurre es que a los bancos y otros oferentes “se les hace más caro otorgar los créditos, están asumiendo mas riesgos, por lo tanto, las tasas de interés tienden a ser más altas, el volumen del crédito tiende a restringirse, se empiezan a pedir garantías, y al final del día, se evalúa el riesgo de los clientes sobre la base de otros indicadores que no tienen a lo mejor nada que ver con su conducta de pago. Se hace todo mucho más incierto”.
También señaló que al no tener claridad sobre a quién se le presta el dinero, podría haber más riesgo de morosidad, eso implicaría que los bancos constituyan mayores provisiones, lo que significa que fondos que estaban disponibles para financiar créditos ahora no va a estar, por lo que también aumenta el costo para todos los créditos nuevos.
Vial sostuvo que “el flujo de crédito se podría resentir por un periodo más largo que el bloqueo, y esto es bien importante porque estamos justo en un momento de recuperación de la actividad económica, que va a requerir que las empresas pasen de financiar capital de trabajo en la emergencia, para poder iniciar la reposición de maquinaria, comenzar a invertir. Y si en ese contexto nos encontramos con un crédito restringido, por este tipo de razones, vamos a tener problemas para financiar la reactivación”.
Por otro lado, proyectó que “aquellos intermediarios financieros que atienden a los sectores más riesgosos, obviamente van a ser más sensibles frente a esta disponibilidad de información, y eso probablemente también va a incidir en una mayor restricción en el crédito en ese segmento”.
Vial indicó que “suspender la comunicación y publicación de información comercial, si bien puede ser visto como favorable para las personas que están en ese problema, las consecuencias para el conjunto de las personas y empresas que están tratando de acceder al crédito tienden a ser negativas”.
También explicó que esto se da, “básicamente, porque al final del día, los mayores beneficiados con el acceso a la información financiera son los usuarios del crédito, los actuales o los potenciales, y especialmente aquellos que siendo buenos pagadores, podrían ser objeto de discriminaciones o que resulten rechazadas sus solicitudes por el hecho de que los bancos y otros intermediarios financieros no cuentan con toda la información de estas personas o empresas”.
El vicepresidente del BC recordó que la mora ha estado en niveles históricamente bajos durante la pandemia, en medio de las ayudas económicas. ”Si uno no publica esa información, lo que tiende a hacer es a perjudicar justamente a quienes han hecho el esfuerzo de colocar estos recursos que han obtenido, para ponerse al día en sus deudas. Este es un tema bien importante, porque de alguna forma casi se podría interpretar como un castigo a quienes han hecho el esfuerzo para ponerse al día, tanto para las empresas como para las personas”, manifestó.
Y recordó que “la eliminación de la información de las deudas impagas no significa que se suprima la obligación de pago, lo que sí ocurre, es que durante este periodo donde hay ceguera informativa, las personas pueden tomar más deudas y complicar más su situación a futuro”. Pero además comentó que no queda claro si la mora queda suspendida o borrada, y dijo que “si la información de ese periodo queda borrada, esto va a generar efectos más permanentes por un tiempo más largo”.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Kevin Cowan, dijo en la instancia que “como Comisión compartimos la visión del BC de Chile, en cuanto a que menos información eventualmente puede ser un retroceso y va a terminar perjudicando a buenos pagadores, y creemos que es un problema. También, como dijo el vicepresidente del BC, la coyuntura actual es particularmente desafiante”.
El director General de Regulación Prudencial de la CMF, Luis Figueroa, afirmó en tanto que “en su formato actual, el proyecto tendría un impacto acotado sobre el bienestar de los deudores morosos, al tiempo que afectaría las tasas y disponibilidad de créditos para personas y empresas en los próximos meses”.
A su vez, el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, aseguró que “nuestro país necesita avanzar para contar con mayor información financiera”. Y sostuvo que los 120 días que entrega la moción “es un periodo extremadamente amplio, difiere de los conceptos que vimos en las leyes previas, y los costos son muy difíciles de cuantificar, pero es evidente que la contracción crediticia debiera ser especialmente severa. En ese sentido, el daño causado para los clientes actuales y potenciales de crédito, a nuestro juicio, es gigantesco. Especialmente en el escenario actual, donde se requiere que el crédito fluya, se mantenga”.
