El 18 de julio los candidatos presidenciales del Partido Comunista, Daniel Jadue, y del Frente Amplio, Gabriel Boric, se medirán en una primaria. Será la única elección de esa jornada en que se enfrentarán candidaturas de la centroizquierda, luego de que la semana pasada en una caótica negociación la Unidad Constituyente terminara sin formalizar un pacto.

Y si bien hasta ahora ambas figuras de Apruebo Dignidad han hecho gestos de unidad y han buscado desmarcarse de la ex Concertación, ambos están conscientes de que en estos días entrarán en una nueva etapa: la de marcar sus propias propuestas para triunfar en la primaria de la izquierda.

En el sector ya vislumbran algunas diferencias entre Jadue y Boric que quedaron expuestas en los “manifiestos programáticos” que ambos inscribieron ante el Servel el miércoles pasado. Y si bien no son sus propuestas definitivas, en temas como género, la reestructuración del Estado, reactivación económica, reformas tributaria y de pensiones, e incluso en materias relacionadas al estallido social, los presidenciables presentan matices que podrían incidir en la primaria de julio próximo.

Un referéndum revocatorio hasta el Presidente de la República propone el abanderado comunista, Daniel Jadue. Esa es una de las materias que incluye el candidato respecto de la reestructuración de la orgánica del Estado, en la que, además, podría revocarse el mandato de los alcaldes, gobernadores y otros cargos electos por votación popular.

Asimismo, el candidato hace una serie de propuestas de “democracia participativa”, como un plebiscito para que la ciudadanía rechace proyectos de ley aprobados por el Congreso. En ese sentido, también se crearía una “iniciativa popular de ley”.

A diferencia del también alcalde de Recoleta, las bases programáticas del diputado por Magallanes -que estuvieron a cargo de Javiera Martínez y Paula Rojas, mientras que las de Jadue en manos de Fernando Carmona- abordan de manera más genérica las formas de participación directa que tendría la ciudadanía en un eventual gobierno del Frente Amplio.

En el capítulo “gobierno abierto para una sociedad más democrática”, el programa de Boric plantea estudiar “la creación de una agencia para la participación ciudadana”, cuyo objetivo será “coordinar y asesorar la incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública de todos los ministerios y servicios”.

“Además, facilitaremos la convocatoria a plebiscitos locales y regionales, definiendo aquellas áreas en que la participación ciudadana pueda tener un carácter dirimente”, explica el documento.

Jadue, en tanto, da un paso más allá en la reestructuración del funcionamiento del gobierno. Uno de sus planteamientos más estructurales sería reducir a dos los ministerios del comité político de La Moneda, con Interior y una Segpres fusionada con la Segegob. También fundiría Economía con Minería y Energía; Obras Públicas con Vivienda y Transportes, y Medio Ambiente con Bienes Nacionales. En tanto, crearía el Ministerio del Mar.

Una mayor sintonía tienen ambos candidatos en sus propuestas para los pueblos originarios. Las dos figuras de Apruebo Dignidad plantean el tránsito de Chile hacia un Estado plurinacional, situación que, de todas formas, será uno de los puntos que abordará la Convención Constitucional.

Pese a esto, hay algunos matices en sus lineamientos. Por ejemplo, en el programa de Jadue se busca la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, además del establecimiento de un parlamento indígena o un consejo de los pueblos originarios. Junto con eso, el alcalde propone generar una “Comisión de Estudio de Restitución de Tierras” y la restitución por parte del Estado de todos los “bienes expropiados que son de propiedad indígena y que sean reclamados por las comunidades”. Con eso, también se habla de la creación de un fondo de reparación de víctimas de violencia estatal.

En el programa de Boric se plantean como las medidas más llamativas el establecimiento de un conjunto de “reformas legales para transitar a la autonomía de los territorios bioculturales originarios”, como, por ejemplo, “derogar los Decretos N° 40 y 66 sobre consulta indígena (...), así como también mecanismos integrales de recuperación de tierras ancestrales y oficialización de las lenguas originarias”.

Asimismo, propone la creación de una Comisión de Verdad Histórica que “determine las vulneraciones de los derechos desde 1989 hasta la actualidad y que proponga medidas de reparación para las víctimas del conflicto intercultural”, junto con modificar las leyes penales -especialmente la Ley Antiterrorista– “para evitar su uso discriminatorio en contra de las personas indígenas”.

Respecto del rol de las policías en la zona, el diputado por Magallanes, además, detalla que anulará “las medidas de militarización de la Macrozona Sur” e instalará un sistema de parlamentos “para buscar acuerdos constructivos entre las autoridades estatales, los sectores relevantes de la sociedad chilena y las naciones originarias, donde los “pueblos originarios participarán en el monitoreo y evaluación de la actividad policial en los territorios indígenas, mientras se refundan las policías con enfoque intercultural”.

En los programas de Boric y Jadue también hay similitudes respecto de las propuestas para las víctimas en el marco del estallido social.

Con un enfoque en la atención de salud física y psicológica, el alcalde Jadue plantea, por ejemplo, la atención por videollamadas de profesionales, extender el apoyo a los familiares de las víctimas y la rehabilitación laboral. Además, buscaría garantizar el acceso de esas personas a beneficios sociales como pensión vitalicia, becas de educación para sus hijos, entre otros. Y plantea la derogación de la Ley de Seguridad del Estado.

El programa del abanderado frenteamplista, por su parte, advierte que “durante el último gobierno los derechos humanos fueron vulnerados de manera sistemática, siendo el escenario más grave desde el regreso a la democracia”.

En ese sentido, se propone la creación de una comisión de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fortalezca “áreas clave del sistema judicial para combatir la impunidad, impulsar el indulto a los presos de la revuelta, reparar robusta e integralmente a las víctimas y familiares de homicidios, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; lesiones y tortura sexual”, además de refundar las policías.

En esa misma línea, Boric propone un programa de atención integral para víctimas de trauma ocular y represión estatal, “incluyendo tanto a las víctimas de la violencia política del estallido social, como el conjunto de violaciones de DD.HH. que sean responsabilidad del Estado y que afecten la salud física y mental”.

Ambos abanderados, además, plantean establecer instancias permanentes para la calificación de las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante la dictadura y también en democracia.

Una diferencia mayor se vislumbra en las reformas de pensiones y tributaria.

En materia previsional, el alcalde comunista pone sobre la mesa dos ejes principales: la conformación de un sistema único de pensiones con una escalera de seguridad social que permitiría aumentar la cobertura y mejorar las pensiones, además de asegurar los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia y tripartismo. Y, en segundo lugar, el entendimiento de que los recursos en las cuentas son de propiedad de cada afiliado y que “ante un cambio de sistema debemos respetar sus derechos de prioridad”.

Desde su equipo programático explicaron que la idea sería transitar desde un sistema de seguridad social privado a uno público, no necesariamente estatal. Y que las AFP seguirán existiendo como “una alternativa no obligatoria, sino que opcional”.

“Un nuevo sistema de previsión social, sin las AFP y solidario”. Esa es la propuesta de Gabriel Boric en materia previsional. El manifiesto programático del diputado plantea medidas de corto, mediano y largo plazo. Como primer punto, propone terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, reforzando el rol del Estado.

Para eso, afirma, se debe “crear un ente público legalmente autónomo, que sea la cara visible del sistema que se encargue de administrar los fondos, junto a un consejo paritario que administre las pensiones”.

De la misma forma, se propone la creación de un Fondo Solidario Colectivo y asegurar un piso mínimo de pensión universal digno, reemplazando los beneficios del Pilar Solidario, garantizando un estándar digno de vida en la tercera edad.

En materia tributaria, Boric plantea una política fiscal centrada en tres ejes: aumento en los impuestos de altos patrimonios o “súper ricos” y a la renta, además de la desintegración del sistema; la disminución de la evasión y elusión, entre otras acciones, eliminando la facultad exclusiva del SII, y el fin a las exenciones tributarias injustificadas. Asimismo, se plantea incrementar los gravámenes al carbono y a actividades contaminantes.

Jadue, por su parte, incluye algunas de las propuestas emblemáticas del Partido Comunista. El enfoque: que los ciudadanos de mayores ingresos y patrimonios sean quienes incrementen su carga tributaria, de forma de subir la recaudación en torno a ocho puntos del PIB.

En ese sentido, proponen cinco pilares: cambios al impuesto a la renta, reducción de las exenciones y privilegios tributarios, royalty minero, impuestos patrimoniales y el combate a la evasión y elusión.

Uno de los ejes principales para ambos candidatos y que cruza casi todas las propuestas de su programa es la perspectiva feminista y de género. En ese sentido, tanto Jadue como Boric plantean un sistema nacional de cuidados -que valoriza el trabajo doméstico no remunerado-, además de la despenalización del aborto sin causales.

Junto con esto, en los dos documentos también incluyen un apartado sobre la identidad de género y la diversidad sexual.

Entre las propuestas con las que cuenta el comunista se encuentra la creación de un Servicio Nacional Antidiscriminación y una serie de modificaciones para la ley de identidad de género. Sobre esto, se plantea un procedimiento para que niños y jóvenes puedan iniciar trámites sin necesidad de certificados médicos, como lo exige la ley actual.

Boric, en tanto, plantea, entre otras medidas, la creación de una “Subsecretaría de Diversidad dentro de un renovado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que promueva el trabajo interministerial para el resguardo de los derechos de las personas LGBTBIQ+”, además de una ley integral trans que proteja y promueva esas diversidades, “abordando las desigualdades estructurales que enfrentan en todo ámbito”.

Asimismo, plantea el reconocimiento de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual y se compromete a impulsar la ley de matrimonio igualitario, con derecho de filiación. Como también “fomentar acciones afirmativas que resguarden el acceso al empleo, con énfasis en el cupo laboral trans, e impulsar un plan contra el acoso laboral hacia les trabajadores LGBTIQ+”.