Camila Rojas y Pepe Auth, dos posturas ante la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa

Hoy, un grupo de 10 diputados de oposición oficializó la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en la que lo acusan de infringir algunos derechos constitucionales y leyes, convirtiéndose en la número 33 desde la vuelta de la democracia.

Los argumentos del libelo se engloban en tres áreas: vulneración del derecho a la educación; vulneración de los trabajadores de la educación, y amenaza a la vida e integridad física y psíquica de los estudiantes. Ante esto, además de los datos de fondo, también se abre una interrogante política respecto de si es la mejor oportunidad para insistir con una acusación, considerando que el gobierno está a ocho meses de terminar su mandato y los actores políticos están en pleno período electoral. También que el país se encuentra en el mejor momento de la pandemia, con toda la Región Metropolitana en Fase 3 desde esta semana.

De estos temas se hacen cargo dos diputados de oposición: Pepe Auth, quien no comparte la presentación del juicio político contra Figueroa, y Camila Rojas (Comunes), quien la impulsó.

Hace tiempo que el diputado independiente Pepe Auth no comulga con todas las acciones opositoras, y en esta oportunidad vuelve a dar un paso al costado al calificar de “incomprensible e inoportuna” la acusación contra Figueroa. Aquí su postura.

¿Qué le parece la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Figueroa?

Incomprensible e inoportuna. Incomprensible que se acuse al ministro de Educación por desplegar esfuerzos por retornar al funcionamiento del sistema educativo de manera gradual y voluntaria. Inoportuna, porque ya llevamos 16 meses, y muy pocos han tenido clases presenciales y ya va siendo hora de reanudarlas, con las precauciones y seguridades necesarias. Yo habría firmado una acusación constitucional si el ministro no hubiera hecho nada para promover la reapertura de clases presenciales, porque el funcionamiento adecuado del sistema es su responsabilidad principal.

¿Cree que tenga algún destino este libelo? ¿Se puede aprobar?

No sé si prosperará. Creo que el tiempo y la evolución de la pandemia le juega en contra, porque cada día se va haciendo más necesario reabrir las escuelas y universidades a clases presenciales, porque no podemos permitir que se prolongue el ensanchamiento de la brecha educativa que ha producido la enseñanza telemática.

Los argumentos del libelo son tres: vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica. ¿Tienen asidero?

Voy a estudiar en profundidad los tres argumentos planteados. Sus titulares no se explican por sí solos. De verdad no entiendo. En la mayoría de los países las escuelas es lo primero que se abre y lo último que se cierra en pandemia. Chile es uno de los países que ha sido más conservador en esto: la generalidad de los establecimientos educativos han estado cerrados durante más de año y medio, no sé si hay muchos países que hayan hecho lo mismo, con las consecuencias que eso tiene en profundizar la desigualdad.

¿Cuál es su evaluación del comportamiento del ministro de Educación a la fecha y su insistencia, aunque infructuosa, por el retorno a clases?

Estoy en completo desacuerdo con la politización de la discusión sobre el retorno a clases. Deberíamos estar todos de acuerdo en la necesidad de reabrir establecimientos educacionales lo más pronto posible, con los protocolos sanitarios adecuados y sin obligatoriedad. Es muy inapropiado politizar esta discusión, como si el interés del gobierno fuera abrir a toda costa y el de la oposición y el Colegio de Profesores, que se mantengan cerrados el máximo tiempo posible.

¿Es adecuado políticamente realizar este tipo de acciones cuando al gobierno le restan seis meses para terminar?

A mí me parece que es inoportuno seguir con acusaciones constitucionales, salvo que nos encontremos con flagrantes transgresiones a las leyes. El gobierno ya perdió toda centralidad y debiéramos concentrarnos en la discusión de lo que viene, más que de lo que ya fue. De pronto la acusación parece una medida desesperada por ganar protagonismo perdido respecto de la Convención Constituyente, y eso es desnaturalizarla como instrumento de última ratio. No puede usarse para fines subalternos, tampoco para resolver diferencias políticas.

¿Cuál sería el costo político para los diputados dedicar tiempo a este libelo y después que sea rechazado?

Creo que el requisito de 10 firmas de diputados para presentar una acusación es muy bajo. Es demasiado grave que baste una minoría tan pequeña para obligar a la Cámara a llevar adelante un proceso que concentra nuestro trabajo por un par de semanas y que tiene consecuencias. El problema es que todas las acusaciones constitucionales, por poco fundadas que sean, tienden a generar alineamiento en dos bloques, opositor y oficialista.

¿Afecta la imagen de la Cámara, ya bastante deteriorada?

Muchos creen -creo que se equivocan, como lo mostró el resultado de Jadue en las primarias- que sus votaciones y sus conductas en el Congreso deben guiarse buscando contentar a la barra brava, que aplaudirá toda acusación constitucional, pero ello puede terminar siendo perjudicial, porque a estas alturas es muy probable que reabrir escuelas y universidades pase a ser una cuestión de sentido común.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, quien es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, empujó desde el principio esta idea hasta que logró aunar fuerzas de la oposición y presentar la acusación en contra de Figueroa.

Más allá de las causales, ¿por qué determina insistir con una acusación cuando quedan seis meses de gobierno?

Porque es nuestro deber ante infracciones a la ley y la Constitución presentar una acusación, y estamos convencidos. Saltando lo formal, estoy convencida de que si este ministro sigue la situación educativa ya crítica, ésta puede empeorar, y ello tendrá efectos incluso para el próximo año. Por eso es importante que haya un cambio de administración; espero que la acusación termine con la destitución del ministro.

¿Por qué específicamente?

Porque la situación de desfinanciamiento es grave, especialmente en las escuelas públicas. Hay denuncias de distintos alcaldes no solo de oposición, sino también de Chile Vamos, señalando aquello. Si nosotros sumamos las distintas situaciones que incluimos en la presentación, vemos que esta administración le hace daño a la educación, y si el ministro sortea la acusación y no es destituido, se puede agravar el déficit presupuestario, de abandono y vulneración de los trabajadores, son cuestiones muy concretas. Esto va mucho más allá de la discusión del retorno o no a clases.

¿Por qué asegura que esta acción va más allá del retorno a clases presenciales?

El dilema entre que nosotros no queremos el retorno a clases y el ministro sí es una caricatura que levantó el ministerio sobre la acusación. Desde un comienzo dije que esta acción no tiene que ver con el retorno, sino con la situación de los establecimientos y que no se está asegurando el derecho a la educación en ninguna modalidad. En la virtual, hay muchos niños que no tienen acceso a un computador; y en lo presencial, hay un listado de escuelas que no están en condiciones de infraestructura para recibir a los niños tampoco. A pesar de que ha pasado más de un año y medio, no existen las condiciones para cumplir los aforos para llevar la modalidad híbrida y de todo eso no se ha hecho cargo el ministro de Educación.

¿Cree que finalmente estará la oposición ordenada detrás de este libelo?

Tenemos a miembros de todas las bancadas de la oposición firmando la acusación. Sé que hay votos más difíciles que otros, entonces no puedo asegurar si cada una de las personas de estos partidos la va a apoyar, pero creo que vamos a tener la mayoría. Los argumentos son bien contundentes, y para quienes no estén convencidos, nos hemos distribuido para mostrar los antecedentes y convencer de que es necesaria.

En Chile Vamos y parte de la oposición señalan que es insólito que se acuse a un ministro por realizar su tarea.

Primero, les puedo decir que la pega no se ha hecho, y si leen la presentación se van a dar cuenta. Segundo, la actitud de fanaticada del ministro de Educación del peor gobierno de la historia que adopta la bancada de Chile Vamos me parece completamente absurda. Tercero, les recomiendo a los diputados del oficialismo que vean la situación de las escuelas en sus propios distritos.

¿Cuál es su evaluación del comportamiento del ministro de Educación por el retorno a clases?

Nosotros colocamos en el escrito que tanto la Unicef como la Defensoría de la Niñez dicen que hay que volver a clases, pero para volver presencialmente, y por tanto entregar el derecho a la educación, se tienen que generar las condiciones y esas no están. Ponemos ejemplos. El ministro en año y medio no ha hecho nada, les ha quitado plata desfinanciando los establecimientos, y eso es grave. Da lo mismo lo que él repita o vocifere, si no se hace cargo de la situación de las escuelas.

¿Cuál es el costo político que trae aparejada esta acusación si le dedican tiempo legislativo y después es rechazada como ha ocurrido con varias anteriormente?

Nosotros tenemos distintas tareas que cumplir, no porque presente una acusación dejo de hacer otras labores legislativas, de fiscalización, estar en terreno.