El dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández (54), está en prisión preventiva desde el 9 de mayo de 2020. Su empresa es investigada por la fiscalía por el presunto pago de millonarias coimas a al menos 11 municipalidades, a cambio de adjudicarse licitaciones de luminarias led. Se trata del mayor escándalo de corrupción que investiga hoy el Ministerio Público.

El ingeniero ha intentado seis veces sustituir su medida cautelar y dejar atrás los 383 días que ya lleva privado de libertad en Capitán Yáber, anexo de la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago. Ha presentado dos informes sicosociales y entregado tres declaraciones ante la fiscalía para intentar probar que está colaborando con la investigación. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para que el tribunal lo libere.

En medio de esta compleja situación judicial, el pasado 1 de abril la defensa del empresario ofreció entregar “una nueva declaración de este imputado, sobre hechos atingentes a otros municipios mencionados por el Ministerio Público en audiencias como objetos de investigación”. Así lo plantean sus cuatro abogados -Miguel Chaves, Felipe Polanco, Isidro Solís y Rosita Díaz- a través un escrito envido al tribunal el 19 de mayo. Específicamente, quiere ahondar en “hechos ocurridos en las comunas de San Carlos, Coyhaique, Puerto Natales, San Miguel y Nueva Imperial”.

Pese a este ofrecimiento concreto, acusan al ente perseguidor penal de poner trabas para que pueda entregar su testimonio: “La fiscalía asegura que las disposiciones del señor Lefort no colaboran con la investigación, porque se limitaría a aportar antecedentes que ya constan en la carpeta investigativa, cuestión que se explica claramente dado el insólito retardo en tomar esta clase de declaraciones, de tal manera de asegurarse la fiscalía que la colaboración de mi representado llegue tarde a la pertinente carpeta con el fin evidente de negarle posteriormente el reconocimiento de cualquier colaboración y mantener así indefinidamente su situación de privación de libertad”.

De acuerdo a los abogados, cuando ellos han ofrecido a su representado para declarar, “la respuesta de la fiscalía siempre ha sido señalar las dificultades que supone la práctica de la diligencia, argumentando la imposibilidad de trasladar el equipo investigador a Santiago, producto de los problemas derivados de la gestión de la emergencia sanitaria en curso; proponiendo a pesar de los serios problemas del traslado del señor Lefort -por su privación de libertad- como única alternativa realizar la diligencia en Chillán”. Esto, indican, ”pese a que, en las mismas fechas que se nos informa la imposibilidad de trasladarse a Santiago, el mismo equipo viaja para tomar declaración al coimputado en autos, Pedro Guerra Guerrero”.

Además de eso, los defensores de Lefort dicen que el Ministerio Público ha argumentado problemas de aforo en unidades policiales y en fiscalías y enfermedad de funcionarios policiales, “cuestiones que no son de responsabilidad del imputado y que no han sido resueltas por el ente persecutor en todo este tiempo, privando al imputado de la posibilidad de ejercer su derecho a prestar declaración”.

Asimismo, explicaron al tribunal que el 11 de mayo -más de un mes y 10 días de haber pedido la declaración de Lefort- la fiscal lo cita a declarar para el 3 y 4 de junio en la Fiscalía Local de Las Condes, “es decir, más de dos meses después de que la defensa efectuó la solicitud de declaración, sin ninguna consideración por la condición de prisión preventiva que afecta a nuestro representado desde hace más de un año”.

Al final del escrito, los abogados de Lefort piden al tribunal debatir la modificación de su prisión preventiva “por haber variado los antecedentes que se tuvieron en consideración para decretarla, como será expuesto con mayor profundidad en la audiencia”.