Hacer un catastro de las tierras indígenas analizando los títulos de merced que ya han sido comprados y devueltos a comunidades, para saber cuántos quedan por restituir, ha sido el gran anhelo del Presidente Sebastián Piñera. Lo fue durante su primera administración, pero también lo ha sido durante su segundo mandato.

La Moneda lo quiso hacer en 2018. El encargado de esa difícil misión fue el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pero fracasó en su cometido. Pasaron los años y Piñera volvió a la carga. En su última cuenta pública, dijo que es necesario “resolver la situación de tierras”, y para eso hay que “realizar un catastro global de la situación de las tierras, que contenga las ya entregadas, su estado de producción y los compromisos pendientes del Estado”.

Cuando Moreno quiso hacer este catastro, le pidió al contralor, Jorge Bermúdez, que lo realizara. Moreno imaginó que era el organismo indicado para hacerlo, dada su neutralidad y por gozar de legitimidad ciudadana. Bermúdez escuchó la idea, sabía que no tenía facultades explícitas para asumir esa tarea, pero igual quiso evaluarlo. Solicitó información a la Conadi y se dio cuenta del desorden administrativo existente y de una serie de compras sin respaldo legal. En ese momento, le dijo que no a Moreno.

No se supo más del anuncio de Piñera hasta el 6 de diciembre, cuando la Conadi ingresó a la Contraloría las bases de la licitación para hacer un catastro de los títulos de merced de tierras indígenas. Conocedores del proceso comentan que el documento considera licitar el estudio por un monto entre $ 5 mil y $ 6 mil millones y está pensado, idealmente, para que sea adjudicado por universidades regionales.

En la Contraloría, el proceso de revisión de las bases ha sido exhaustivo. Quienes están al tanto de esto dicen que una licitación de este tipo es primera vez que ocurre y, por lo tanto, son muchos los puntos que deben ser tomados en cuenta. Además, el ente contralor sabe directamente lo complejo que es este tema.

Las bases entraron a la Contraloría Regional de La Araucanía, pero fue derivado al nivel central. Fuentes del organismo comentan que cuando las revisiones demoran tanto, en este caso más de dos meses, es porque el análisis ha sido difícil. De hecho, las bases han sido materia de una profunda discusión jurídica interna. Uno de los puntos sobre la mesa tiene que ver con la pertinencia de la licitación, dado que una de las misiones legales de la Conadi es justamente tener a su cargo el registro de tierras indígenas. Si esa es su facultad, una licitación de este tipo quizá no sea necesaria, sobre todo considerando el cuidado de recursos públicos que debe regir a la administración pública.

Dado ese antecedente, en el organismo saben que todo debe ser analizado con especial cuidado. El plazo legal de 14 días hábiles ya se cumplió, pero este tipo de licitaciones amerita tiempos especiales al ser una situación excepcional. De hecho, el tiempo promedio para este tipo de toma de razón es de nueve días hábiles. Incluso, está abierta la opción de que Bermúdez rechace las bases y no le dé luz verde a la toma de razón.

Pese a que no es una novedad la intención del gobierno de licitar este asunto, en las comunidades mapuches hay preocupación. En privado se comenta que si el tema queda cerrado -que es la intención del Ejecutivo-, el asunto irá escalando al punto de transformarse en un eventual foco de conflicto con las comunidades indígenas, que podría enfrentar desde un inicio a los pueblos originarios con el presidente electo, Gabriel Boric.

En La Moneda saben el ruido que genera una licitación de este tipo. Sin embargo, fuentes de gobierno que están al tanto en detalle de este proceso, comentan que todas las energías están puestas para dejar andando la licitación. Agregan que es un compromiso presidencial, que solo se trata de un “estudio” que dirá de cuánto es la deuda y que con ese insumo Boric podrá decidir cómo avanzar. El Ejecutivo, dicen las mismas fuentes, está convencido de que esto ayudará para avanzar en “pagar la deuda de tierras” y que se transformará en un elemento “vital” para abordar el tema en los próximos años.

A pesar de que los tiempos no alcanzarán para que el gobierno deje adjudicada esta licitación, el tema que más preocupa a las comunidades indígenas es la decisión de la Conadi de que este catastro se haga únicamente en base a los títulos de merced.

Estos documentos fueron entregados entre 1884 y 1929 a las comunidades mapuches que fueron reubicadas en el proceso de ocupación de La Araucanía. Es un reconocimiento del Estado de que esos terrenos les pertenecían. Sin embargo, en este punto radica uno de los temas centrales de este problema: las comunidades mapuches son categóricas al decir que el universo de territorio que contemplan los casi tres mil títulos de merced no son suficientes, ya que su demanda por las tierras ancestrales es mucho mayor.

Por eso es que el pueblo mapuche habla de las “tierras antiguas”, es decir, los territorios ancestrales antes de que pasaran a manos de privados, lo que había previamente a la división, reducción territorial y remates. Incluso, comentan que las leyes que permitieron la división de los títulos de merced -normas que datan de 1927 y 1931- generaron un proceso de pérdida de tierras mapuches. Es así como están convencidos de que avanzar hacia un catastro desde este enfoque es una jugada para limitar y ponerles coto a las restituciones territoriales. Para los mapuches, los títulos de merced solo representan un piso, un desde, la base territorial mínima a recuperar.

En el equipo del presidente electo la postura mayoritaria va en esa misma sintonía. La pista más evidente quedó plasmada de forma explícita en el programa de gobierno. En ese documento se lee la siguiente propuesta: “Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas”.

En el oficialismo reconocen en privado que limitar la demanda territorial es uno de los objetivos, ya que, dicen, es imposible seguir sosteniendo una política de restitución de tierras sin saber cuánto es el universo total de terreno, cuánto ya se devolvió y cuánto falta por comprar. Agregan que pese a sus limitaciones, estos son los únicos títulos documentados por el Estado que permiten saber los terrenos que deben ser devueltos, ya que el puro relato oral o la memoria comunitaria, afirman en el oficialismo, no sería suficiente.

Ana Llao fue exconsejera Conadi y en marzo volverá a asumir el cargo, luego de que ganara otra vez un puesto representando al pueblo mapuche en las últimas elecciones. La dirigenta conoce este tema, pues fue una de las firmantes del Acuerdo de Nueva Imperial en 1989.

Llao plantea que los títulos de merced fueron la herramienta que se encontró para la Ley Indígena, la cual regula el proceso de compra de tierras indígenas por parte de la Conadi, pero que efectivamente no son un reflejo de la demanda territorial “real”.

“Pongamos como ejemplo mi territorio de aquí en Purén. Uno de mis tíos siempre ha contado que la tierra de nosotros partía desde un punto que no tiene absolutamente nada que ver con el título de merced, porque era mucho más allá. Ese es nuestro territorio ancestral familiar, para poder graficarlo de alguna forma”, comenta la futura consejera Conadi. Llao añade que todas las comunidades saben cuáles eran sus deslindes ancestrales y con quiénes colindaban antes del proceso de reducción.

Por eso, Llao está convencida de que el enfoque de esta licitación no es el adecuado. “No tengo ninguna confianza en que la problemática se resuelva con esta licitación. Con toda esa plata se deberían comprar las tierras, porque el gobierno no ha querido comprar. Entonces, de verdad simplemente no creo que esto tenga una buena finalidad. Además que no hay que olvidar que nosotros no estamos pidiendo que se compren tierras, lo que pedimos es que se nos devuelvan las tierras de nuestros ancestros y nosotros no vamos a aceptar los límites que nos pongan los gobiernos”, agrega la dirigenta.

La antropóloga y experta en asuntos indígenas Antonia Rivas coincide con esto. Desde su punto de vista, enfocar el catastro de esta forma es un error: “El gobierno siempre ha tenido la postura, y no solo esta administración, de que la demanda territorial del pueblo mapuche se limita a los títulos de merced y eso es absolutamente falso. Para tener un catastro real de la demanda efectiva de tierras indígenas del pueblo mapuche hay que realizar un trabajo territorial más acucioso respecto de qué es lo que demandan efectivamente las comunidades. Esto último, hay que tenerlo claro, no se relaciona con los títulos de merced. Implica quedarse corto, porque la demanda va mucho más allá”.

A juicio de Rivas, dejar esta licitación andando, a solo semanas de que se termine el gobierno, es un error. “Yo creo que habría que esperar lo que resuelva la Convención en materia de derechos territoriales y luego sumar la voluntad del gobierno de enfrentar, bajo esa definición, el problema. En este conflicto se sumó un actor nuevo, que es la Convención y sus escaños reservados. Entonces, es preocupante que se deje amarrada una licitación para catastrar los títulos de merced, cuando se sabe que habrá un cambio en la política de restitución de tierras y un replanteamiento completo de la relación del Estado con los pueblos indígenas”, concluye la antropóloga.

Pese a que Boric no se ha referido con mayor detalle a lo que será su política de restitución de tierras a los pueblos indígenas, quienes están al tanto de cómo se pretende enfocar este tema no descartan que luego del 11 de marzo el futuro director de la Conadi suspenda la licitación. La idea sería dar una señal de que el futuro presidente no dará continuidad a una política que, según ellos, no ha sido exitosa.