Un nuevo capítulo tendrá, a partir de ahora, la pugna legal que enfrenta a Carabineros con la Contraloría. Si la semana pasada, el 6 de abril, el 22º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la suspensión del proceso sumario que lleva el ente contralor contra la institución uniformada, donde propuso la remoción de dos generales activos del alto mando, esta vez el caso seguirá en terreno judicial.

La Contraloría, el 2 de septiembre de 2020 formuló cargos contra seis generales activos del Alto Mando de Carabineros y un general en retiro de la policía uniformada: Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística, y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros.

A todos se les acusaba de no haber regulado el uso de la fuerza de sus subalternos en labores de orden público, durante las protestas originadas en la Región Metropolitana, desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Incluso, se les atribuyó no actuar de manera legal, al activar procedimientos policiales en las cercanías de hospitales y centros asistenciales de salud.

El 3 de marzo de este año, finalizado este proceso, el ente contralor absolvió a cuatro de los siete generales investigados: Jorge Valenzuela (quien era el jefe de Operaciones Policiales, pero pasó a retiro en el último cambio de mando); Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Este; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Aysén, y Jean Matus, jefe de la Zona Metropolitana Este. Pero no se salvaron el subdirector de la institución, Mauricio Rodríguez, y el jefe de Operaciones Policiales y tercero en el mando, Enrique Bassaletti. Se propuso la suspensión de estos oficiales, en una decisión que deberá resolver el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sin embargo, la semana pasada, el 22º Juzgado Civil de Santiago decretó la suspensión del proceso, al acoger un recurso interpuesto por la defensa de los generales imputados, patrocinado por los abogados Jorge Martínez y Camila Motta. “La aplicación de las sanciones propuestas, como resultado a la actividad administrativa, son inciertas, desconociendo si efectivamente son aplicadas y su magnitud y alcance; lo cierto es que de aplicarse con anterioridad a que este tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la validez o nulidad de derecho público impetrado, podrá redundar -eventualmente- en hacer imposible de cumplir lo que se resuelva en definitiva, por cuanto en el supuesto de acogerse la demanda, las sanciones propuestas a consecuencia de la formulación de cargos realizadas en el procedimiento en cuestión podrán ser dejadas sin efecto, ocasionando además un perjuicio irreparable a los demandantes”, estableció la resolución de la jueza María Cecilia Morales.

Con el plazo casi en el límite, el CDE decidió apelar a la resolución, en representación de la Contraloría, ante el tribunal civil. En 22 páginas, la abogada procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel López, argumentó que la decisión del tribunal había sido adoptada con información incompleta y “sin analizar los fundamentos básicos del sumario administrativo, sin revisar la etapa en que se encontraba la investigación administrativa y sin revisar la posición jurídica de los demandantes con respecto a aquel procedimiento. El tribunal, por el contrario, ha estimado, incorrectamente, que basta la interposición de una acción de nulidad, incluso respecto de un acto trámite o intermedio, para que deba suspenderse indefinidamente una investigación administrativa a punto de terminar”.

Según la acción judicial del CDE, el sumario administrativo no está concluido, por lo que consideran que no hay decisión final respecto de los generales investigados, “por ende, no puede haber afectación en las posiciones jurídicas de la parte demandante.”

Finalmente, el CDE planteó al tribunal de alzada que la resolución del tribunal civil podría tener consecuencias futuras en otras investigaciones sumarias que haga la Contraloría en instituciones públicas. “La tesis del tribunal recurrido ocasionaría efectos devastadores en todos los sumarios administrativos toda vez que, tal como lo avizora la Corte (Suprema), los plazos de duración de las acciones de impugnación se traspasarían a la duración de los sumarios administrativos, cuestión que necesariamente debe ser evitada”, señaló el CDE en el documento.

En esa misma línea, advirtió que “la suspensión otorgada por la sentencia recurrida, al contrario de lo querido por el tribunal, genera mayor incerteza en el proceso sumarial prolongando innecesariamente una conclusión que era inminente. La etapa en la que se encuentra el sumario administrativo hace incomprensible la preocupación del tribunal por una extensa tramitación del sumario administrativo. Este, por el contrario, se encuentra en su fase final y es precisamente la suspensión ocasionada por la sentencia que accede a la precautoria la que generará una dilación completamente injustificada de aquel”.

El abogado de los generales sumariados, Jorge Martínez, sin embargo, señaló que “el recurso no ha sido resuelto y, para nosotros, la resolución no es impugnable. Además, ya hemos dicho que la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público. Los cargos levantados por la CGR en contra de los generales resaltan por su falta de precisión, certeza, exactitud, lo que lo hace constituir una imputación general, abstracta, exenta de toda determinación en cuanto a los hechos y la normativa propia de Carabineros de Chile que se estima infringida”.