Un oficio fue lo que envió esta semana el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, a la Comisión de Constitución del Senado, donde advierte de los efectos que podría tener un “retiro” en rentas vitalicias.

Allí, Cortez dice que “la iniciativa podría impactar negativamente a algunas de las compañías de seguros (CSV). Lo anterior pues algunas compañías podrían tener que liquidar activos que son rentables a largo plazo, pero ilíquidos, probablemente a pérdida, afectando su liquidez y, eventualmente, su solvencia”.

En ese sentido, el regulador detalló que las CSV invierten una mayor fracción de sus activos que las AFP en instrumentos de menor liquidez y mayor plazo, ya que tienen un flujo cierto de obligaciones de pagos. “Cabe recordar también que esta venta de activos se daría en el contexto de la peor crisis económica que el país ha vivido en los últimos 30 años”, dice el oficio.

Es por esto que la CMF explica que “eventuales problemas de solvencia y liquidez también podrían impactar la capacidad de las CSV afectadas para honrar, no sólo los compromisos contraídos con los pensionados, sino también los demás productos de seguros que ofrecen. Para dimensionar los impactos de estos riesgos, hay que considerar que las CSV tienen contratos de seguros de vida con 2,5 millones de personas; coberturas complementarias de salud para 7 millones de personas; y proveen el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) a toda la fuerza laboral que cotiza en las AFP en Chile”.

Es más, el oficio advierte que “la moción en discusión afecta la certeza jurídica sobre la cual se construye el mercado de seguros. En el caso de los seguros de vida, por ejemplo, estos son contratos que deben permanecer vigentes por un largo período de tiempo. Lo anterior podría afectar el desarrollo futuro de este mercado en Chile, el cual cubre anualmente los riesgos de salud y vida a millones de personas”.

Es por esto que la CMF explica que si en los próximos años se reduce la oferta de dichos productos, “disminuyen las opciones de asegurarse contra riesgos importantes, restando capacidad de resiliencia económica a la población. Por otra parte, esta mayor incertidumbre jurídica se traducirá a la larga en seguros más caros”.

Es así como el oficio concluye que “en ningún otro país” se han visto propuestas de retiro desde rentas vitalicias o desde sistemas de pensiones de beneficio definido, en contraste con algunas experiencias internacionales de retiro de ahorros desde fondos individuales.

A raíz de todo lo anterior, la CMF pidió que si los senadores deciden avanzar en esta iniciativa, que se tomen en consideración algunos temas.

En primer lugar, “la importancia de establecer plazos prudentes para el pago de este anticipo. Mayores plazos permitirían una venta ordenada de activos, mitigando el efecto en liquidez y solvencia”. De esta manera, si bien el proyecto que salió de la Cámara de Diputados establecía un plazo de 15 días hábiles para efectuar los pagos, finalmente ayer los senadores lo cambiaron a 30 días corridos.

Adicionalmente, la CMF también quiso “consignar la importancia que tiene la información que se les entregará a los asegurados en caso de aprobarse este anticipo de pensiones. Estimaciones de la CMF indican, que, en los términos actuales del proyecto, la caída en las pensiones de los rentistas vitalicios sería de hasta un 7,2% en promedio, por lo que resulta muy relevante que dichas personas cuenten con plena información para tomar su decisión de anticipo de pensiones. A diferencia del retiro de recursos de los fondos de retiro programado, estos números no dependen de proyecciones de ingresos o rentabilidades”.

Asimismo, el regulador dijo que “es importante establecer un mecanismo que acote el anticipo para aquellos pensionados para quienes el saldo remanente en su Reserva Técnica es de menos de 150UF, de manera similar al mecanismo establecido para el retiro programado”.

Finalmente, la CMF también advirtió a los senadores que el proyecto “afecta el costo del SIS, dado el impacto que tiene el retiro de fondos de pensiones en el cálculo del aporte adicional”.

En esa línea, el oficio detalla que existe “una distorsión que los retiros de Retiro Programado están generando en el SIS. En el proyecto bajo consideración, el solicitante en proceso de evaluación del SIS puede retirar sus fondos de su AFP. Sin embargo, dichos fondos no se deducen del monto que las CSV deben integrar para asegurar la tasa de reemplazo del pensionado. De esta manera este grupo de pensionados puede sacar su 10% sin ver una merma en sus pensiones futuras. La problemática surge porque estos efectos se traducen luego en alzas de las primas del SIS, con un impacto negativo en el empleo y las pymes”.