El Sr. Matamala sigue faltando a la verdad, en su nueva columna. Las reuniones que sostuve con el Senador Girardi y el Senador Larraín no fueron secretas, tanto así que cuando me preguntaron sobre ellas no tuve ningún inconveniente en reconocerlas, saliendo de una cita en La Moneda y luego en Canal 13. La presencia del abogado Colombara en dicha reunión pareciera no haber sido útil para el más mediático de sus clientes don Marco Enriquez-Ominami, que hoy enfrenta dos juicios orales.

Falta a la verdad también al afirmar que, como candidato a Fiscal Nacional, en mi exposición ante la Comisión de Constitución del Senado me comprometí a no continuar las causas en que no hubiera querella del SII. Lo emplazo a buscar en qué minuto de la exposición lo habría hecho, audio que está disponible en la web del Senado. Tiene razón en la cita que consigna textualmente sobre la exclusividad del SII en el ejercicio de la acción penal, la que era una opinión jurídica, que luego ha sido ratificada por los Tribunales tanto Orales, Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, exclusividad respecto de la cual he instado en forma reiterada, como cualquier persona medianamente informada sabe, por eliminar, solicitándolo en mis Cuentas Públicas, en comparecencias ante el Congreso y llegando incluso a recurrir junto a la Fiscal Regional de Valparaíso al Tribunal Constitucional para declarar inaplicable el artículo 162 del Código Tributario.

En relación al “impresionante consenso de 32 votos” logrado en el Senado, que lo lleva a concluir “la izquierda y la derecha, unidas, jamás serán perseguidas”, omite reconocer que se trata de una votación habitual en la designación de este cargo y otros similares, como el de Ministro de la Corte Suprema y que el ejercicio de la acción penal en contra de los Senadores Pizarro, Orpis, Bianchi, Rossi, Ossandón desmiente su mala intencionada afirmación.

El columnista insiste en no explicar en qué consistió el disciplinar al equipo que había logrado develar “el caso de las platas políticas”, mérito que muchos se autoasignan, razón por la cual no puedo hacerme cargo de sus dichos. Los señores Gajardo y Norambuena investigaban estos hechos como adjuntos al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, por lo que al reasignarse las causas a otros Fiscales Regionales debieron volver a su Fiscalía de origen que siguió investigando el caso Penta, en el que llegaron a una suspensión condicional con el ex Diputado Alberto Cardemil. Por lo demás, durante todo el tiempo que se desempeñaron en la Fiscalía de Alta Complejidad prácticamente nunca llegaron a un juicio oral.

Como lo dije antes y lo reitero ahora, no tuve ninguna participación en la suspensión condicional del Senador Moreira, lo que ha sido ratificado por el ex Fiscal Regional Manuel Guerra a cargo de la investigación en su contra. Otro tanto ocurrió con la suspensión condicional de SQM y el ex Fiscal Pablo Gómez, declaraciones prestadas bajo juramento en sede judicial.

Finalmente, debo reconocer que lleva razón en lo que denomina la doctrina Abbott, pero el entendimiento de la misma requiere alguna profundización, tan ajena a los debates públicos por estos tiempos. Es muy simple, si un fiscal solicita el desafuero de un parlamentario como medida cautelar, esto es durante la investigación, la que puede extenderse producto de la no realización oportuna de diligencia y atendido que decretada la misma el parlamentario queda suspendido de sus funciones y se alteran con ello las mayorías determinadas por votación popular, debe instar porque la investigación no se prolongue indebidamente. Sin que por cierto, como pareciera inferir el Sr. Matamala, ello importe ningún beneficio ni ventaja a su favor.