La prensa europea se ha hecho eco de la noticia procedente del Perú de que la fiscalía peruana ha presentado en estos días una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres ministros de Salud de su régimen autoritario por las esterilizaciones forzosas que llevaron a cabo durante el segundo periodo de la dictadura (1995-2000) y a consecuencia de las cuales por lo menos cinco campesinas murieron desangradas. Los responsables de este crimen mayor, impregnado de racismo y de fraude, han conseguido hasta ahora, durante 20 años, escapar a sus responsabilidades, de manera que el escepticismo es obligatorio, aunque la esperanza de que paguen su delito está siempre allí, llameando en la conciencia del pueblo peruano.

Fue uno de los peores crímenes que cometió la dictadura, pero, aunque parezca increíble, el dictador que cumple una condena de 25 años por violar los derechos humanos se ha librado hasta ahora, al igual que sus ministros de Salud, gracias a complicidades en el Poder Judicial, de ser condenado por este horror: la masiva esterilización de mujeres campesinas, que en su mayoría no hablaban español y un buen número de las cuales eran analfabetas, a las que el Estado pretendía solamente vacunar.

A la esterilización forzosa se añadía en este caso el racismo y la mentira. Las campesinas no sabían que iban a ser castradas; se les consultaba si querían ser vacunadas o examinadas para averiguar si tenían enfermedades ocultas por las brigadas que enviaba a las comunidades campesinas el Ministerio de Salud, el gran cómplice de este delito colectivo. El fiscal de la nación ha acompañado su intervención de por lo menos una página supuestamente firmada, dando su autorización, por una campesina analfabeta y quechua hablante que no sabía palabra de español.

¿Cuántas mujeres campesinas fueron víctimas de esta política practicada antaño por los nazis contra los judíos, los negros y otras “razas inferiores”? En realidad, ni se sabe ni nunca se sabrá. Fue un delito que se perpetró por muchos años -tres ministros de Salud de Fujimori han sido implicados por el fiscal en su acusación- mediante una mentira de la que eran cómplices múltiples funcionarios y lo han sido luego muchas supuestas autoridades del Poder Judicial que debieron intervenir en su momento e impedir que la dictadura siguiera llenando la Cordillera de los Andes de semejante sangría. Las complicidades llegaron a las mayores alturas y todavía los peruanos recordarán a una autoridad eclesiástica de Lima confesando que él sí protestó contra lo que ocurría, pero que lo hizo en privado, amonestando al dictador sin que nadie lo oyera, pues le susurraba sus reprimendas al oído. La organización feminista Demus hace algunos años investigó este delito colectivo y llegó a la conclusión de que unas 270 mil mujeres campesinas fueron esterilizadas según este plan, mediante la ligadura de las trompas o la simple castración. Tampoco los hombres se libraron de la encubierta medida. En esa misma encuesta se señalaba a 24 mil hombres de origen campesino esterilizados sin haberlo sabido.

Las leyes peruanas son muy claras al respecto. Nadie puede ser objeto de una esterilización sin haber dado su consentimiento, sabiendo con lujo de detalles a lo que se expone con esta delicada intervención que sólo pueden aconsejar los médicos, porque va en ello la salud de la madre. Para burlar estas disposiciones, la dictadura de Fujimori recurrió a una mentira de la que fueron cómplices sus ministros del ramo y múltiples funcionarios, sobre todo los que en el terreno se ocupaban de llevar a cabo las esterilizaciones. Las campesinas no eran consultadas al respecto. Se les preguntaba, en cambio, si querían ser vacunadas o diagnosticadas de alguna enfermedad. Naturalmente, la inmensa mayoría respondía que sí. A la falsedad se añadía el prejuicio racial. Se trataba de humildes mujeres indias de las comunidades serranas que, muchísimas de ellas ni siquiera entendían a los sanitarios o enfermeros de las brigadas encargadas de las esterilizaciones. ¿Cuántas de estas mujeres murieron desangradas? El fiscal ha señalado que cinco de ellas fallecieron a consecuencia de esas intervenciones y que 1.307 padecieron de lesiones graves. Pero es obvio que el número real está muy por encima de esas cantidades, que sólo reflejan a las que se atrevieron a denunciar la patraña sanguinaria de la que fueron víctimas; muchísimas otras ni siquiera se enteraron de los efectos que tendría en su organismo “el cuento de la vacuna”.

¿Llegará esta vez a tener lugar el juicio y los más altos responsables de este crimen a ser castigados? El fiscal ha señalado a tres exministros de Salud, Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, además del exdirector de Salud Ulises Aguilar, como los principales perpetradores de esta operación. Uno de ellos, Aguinaga, es candidato en las elecciones próximas del partido fujimorista Fuerza Popular, que postula a la Presidencia a la hija del dictador, que, dicho sea de paso, está muy de capa caída en las encuestas.

Entre los muchos crímenes y robos que se cometieron en aquellos años de la dictadura fujimorista, este es uno de los peores, porque refleja, mejor que ninguna otra de las exacciones que cometían Montesinos y el propio Fujimori, las dobleces y los prejuicios del sistema. Las esterilizaciones forzosas estaban acompañadas de mentiras y de racismo, puesto que sus víctimas eran sobre todo indias quechua hablantes a las que era fácil engañar, pues un buen porcentaje de ellas ni siquiera podían enterarse de qué se trataba, pues no hablaban español. El objetivo no era que no nacieran más niños en el Perú, sino de que no nacieran más indios de los que ya había. Por lo demás, había estímulos para las brigadas que cumplían con sus cuotas.

Una operación de esta índole no podía llevarse a cabo sin la complicidad de cientos, o acaso miles, de personas. Los miembros de las brigadas que recorrían la sierra preguntando a las campesinas si querían vacunarse, sabían muy bien que burlaban la ley difundiendo semejante mentira y, por conservar ese innoble empleo, se sometían. De esta manera no sólo violaban unas leyes, sino ponían en práctica ese racismo antiindio que un gran número de peruanos de alta y media clase social todavía conserva en el fondo de su personalidad, aunque no suele hacerse patente de manera tan flagrante como en esta operación a gran escala que el gobierno de Fujimori puso en práctica.

Por eso hay que seguir apoyando a quienes, como el fiscal Pablo Espinoza en este caso, se empeñan en que este crimen no quede impune y sea objeto de un juicio en el que los grandes responsables, empezando por el exdictador, reciban el castigo que merecen. Aunque el Perú atraviesa momentos muy difíciles -la pandemia lo ha golpeado de manera severísima, sobre todo a los sectores sociales más humildes, donde el número de infectados y de muertos ha sido muy elevado-, esta ha sido una buena noticia para los peruanos.

(Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2021. © Mario Vargas Llosa, 2021).