“Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red”, se lee en la iniciativa constituyente de norma “De los deberes del Estado en la provisión de agua y demás servicios sanitarios”, que este lunes fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico.

Se trata de apenas el primer paso de la norma patrocinada por Carolina Vílchez, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, y otros pares de su sector, la cual además especifica en su segundo Artículo que la “prestación” que quedaría en manos del Estado, “se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley”.

Aunque la comisión rechazó el articulado transitorio que mandataba a “un Plan de Transición con el objetivo de lograr el control del Estado de al menos un porcentaje de 51% de participación de toda sociedad o empresa concesionarias de servicios sanitarios”, lo aprobado alertó a la industria afectada.

Destacando que “la posición del sector sanitario no es una defensa a ultranza del ordenamiento vigente hoy en Chile”, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), advierten que una “eventual estatización de las empresas implicaría una carga fiscal no evaluada para el próximo gobierno, ya muy exigido con múltiples demandas sociales”.

Por otra parte, subrayan que “las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas y terminar con las restricciones al suministro en localidades rurales fuera de la acción de las empresas, donde no se cuenta con seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable”.

Cabe destacar que la iniciativa en cuestión también establece en su Artículo 1 que “es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento, para las actuales y futuras generaciones”. Lo anterior incluye “la preservación, protección y cuidado de las fuentes de agua que sean utilizadas para el abastecimiento de la población, con el fin de no poner en riesgo la vida y salud de las personas”. Adicionalmente, se señala que “toda planificación de política sanitaria, de infraestructura, tarifaria y todo otro aspecto relativo deberá ser construida con participación de las comunidades implicadas y trabajadores sanitarios”.

En la sesión 49, que al cierre de la edición de este lunes seguía en curso, también se aprobaron otras iniciativas de norma vinculadas con el agua. Entre ellas la patrocinada fundamentalmente por el Colectivo Socialista, la cual indica en su articulado transitorio que aprobada la nueva Constitución se “extinguirá la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua”.

En el mismo inciso se detalla que “ley de transición hídrica regulará el procedimiento de transformación de estos derechos de aprovechamiento hacia concesiones temporales, onerosas, revisables cada 5 años en cuanto a los caudales autorizados a usar y sujetas a causales de extinción, caducidad y revocación, con obligaciones de protección, uso racional y eficiente del agua, y toda otra limitación o restricción justificada en el interés público y el beneficio colectivo de las generaciones presentes y futuras”.

Trinidad Castillo, convencional socialista, explica que “no caducamos ningún derecho de agua, lo que hacemos es caducar la propiedad sobre esos derechos. Entonces, la persona que tenga un derecho de aprovechamiento de agua no lo perderá, va a tener un régimen de transición en el cual ese derecho se va a convertir en una autorización de uso, que tiene distintas características, que no necesariamente son gratis, no son perpetuos, están supeditados al caudal efectivamente existentes y se aseguran primero los usos sociales y ecológicos y después lo demás.

Bernardo Fontaine, convencional de Vamos por Chile que también participa en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, plantea sus dudas. Aunque cree que la del Colectivo Socialista es la más ligera en la materia, la cuenta entre las iniciativas que terminan con los derechos de uso de agua.

“350.000 regantes ya no contarían con certeza de tener agua para regar. Tampoco industrias, mineras o sanitarias. Serían parcialmente reemplazados por unos permisos transitorios. Las autoridades políticas controlarán el agua a su antojo. Esta será la constitución para dar más poder a los políticos”, indica el convencional del distrito 11.