El fallo de la Corte Suprema sobre el precio GES, en el cual la Tercera Sala del máximo tribunal definió fijar un tope de 7,2 UF anuales que pueden cobrar las isapres para toda su cartera de afiliados; solo vino a poner más incertidumbre a la industria, y con ello, al futuro de los afiliados que están en el sistema de aseguramiento privado de salud.
Es por esto que desde el mundo político intentarán hacerse cargo de este tema, al igual como lo han intentado hasta ahora con el fallo que dictó el año pasado la Suprema sobre tabla de factores. Aquella decisión es la que hoy tenía en jaque a la industria, y que llevó al gobierno a ingresar una ley corta para aplicar el fallo, la cual se encuentra actualmente en el Congreso. Solo por ese fallo del año pasado la industria ha advertido que las isapres caerían antes de que puedan efectuar las devoluciones por más de US$1.400 millones que ha calculado la Superintendencia de Salud.
Es en el marco de la tramitación de esa ley corta que la Comisión de Salud del Senado creó un comité técnico para apoyar a los parlamentarios. Si bien estaba planificado que dicho comité terminaría de sesionar este jueves, para así elaborar un documento con conclusiones que pudiese servir a los parlamentarios para encauzar el proyecto, lo cierto es que finalmente el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), decidió extender la labor de dicho comité para que puedan evaluar este nuevo tema que ahora se incorpora a la problemática: el fallo que fija un precio GES.
Eso es lo que comenta el senador Castro, con el objetivo de “tener los alcances financieros de ese fallo que esperamos conocer en sentencia definitiva, y que permita tener una propuesta integradora de todas las variables que están impactando en el presente y futuro del sistema de isapres, dentro del marco de la legalidad”.
El senador PS agrega que “vamos a citar a una sesión especial de la Comisión de Salud, en cuanto esté comunicado formalmente el fallo GES, porque no podemos hacerlo antes”. Ahí convocarán a la ministra de Salud, el ministro Justicia, el superintendente de Salud y la Asociación de Isapres.
En el comité técnico hay representación del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Isapres, el centro de estudios Espacio Público, y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
El senador de RN, Francisco Chahuán, dijo que este fallo “es un nuevo elemento que viene a complejizar las ya trabajosas reuniones que habíamos sostenido para lograr un acuerdo”. Agregó que “esto implica que el gobierno debe asumir con competencias y con urgencia, justamente la viabilidad del sistema”. Y eso implica, sostuvo, “priorizar y ser capaces de poner foco en las urgencias legislativas, por lo tanto, ahora la responsabilidad es del gobierno”.
Por su parte, el diputado miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis (RN), calificó como “un misil” el fallo y llamó al Ejecutivo a “hacerse cargo pensando en la salud pública y no pensando en las isapres” y “reaccionar enviando un proyecto de ley con carácter de urgencia e incluso de discusión inmediata”.
