La cámara alta de México aprobó el miércoles una controvertida reforma electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido señalada por críticos por su potencial de socavar gravemente la democracia.

La iniciativa fue enviada al mandatario para su aprobación y posterior entrada en vigencia. Sin embargo, senadores de oposición y miembros de la sociedad civil adelantaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad para frenarla.

La reforma tiene como objetivo reorganizar y delimitar las tareas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) al recortar, entre otras cosas, su presupuesto y competencias a través del cierre de oficinas que permitirían millonarios ahorros.

Los cambios, dice The New York Times, “son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el Presidente de México que socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental”.

López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, ha dicho que la reforma fortalecerá la democracia y reducirá la influencia de intereses económicos en la política. No obstante, sus críticos aseguran que podría concentrar el poder en el gobernante y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El año pasado, el mandatario buscó una reforma más ambiciosa pero no logró la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución. Por ello, propuso modificaciones a leyes secundarias que, finalmente, han venido siendo aprobadas desde entonces por la mayoría Morena y sus aliados.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha calificado los cambios como un “retroceso democrático” y ha dicho que ponen en riesgo la realización de elecciones “ciertas, confiables y transparentes” ya que se proponen “recortes brutales” de personal que impedirían instalar casillas y contar los votos.

Si los cambios se mantienen, las autoridades electorales mexicanas afirman que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas.

“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo a The New York Times, Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó anteriormente en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador. “Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.

En junio, México celebrará elecciones en dos estados y el próximo año se elegirá un nuevo presidente, diversos cargos en 30 estados del país y se renovarán ambas cámaras del Congreso.

“Esta reforma es necesaria para la democracia y eso nos enorgullece muchísimo”, dijo a Reuters la senadora Eunice Romo, del Partido Encuentro Social (PES), aliado del gobernante Morena.

Sin embargo, con el lema “nos vemos en la corte”, decenas de senadores aseguraron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que la reforma afecta “irreparablemente” al sistema democrático y los derechos fundamentales.

Además, convocaron a una protesta el domingo en contra de la iniciativa. “El fondo de esta reforma es el odio, es destruir al árbitro electoral”, indicó a Reuters Indira Rosales, senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN). “Esta es una reforma llena de rencor, de principio a fin”, agregó.