Hace días que el ministro secretario de general de la Presidencia, Juan José Ossa, y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, no aparecían alineados.

Pero ese fue el efecto que causó este miércoles la declaración de los 34 constituyentes que plantearon públicamente que la convención no debe subordinarse a las reglas del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, suscrito el 15 de noviembre de 2019.

“Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”, planteaba el texto dado a conocer a través de lo que denominaron la “Vocería de los Pueblos”, la cual agrupa a constituyentes de la Lista del Pueblo, de escaños reservados para pueblos originarios e independientes.

A primera hora de ayer reaccionó la presidenta del Senado. En entrevista en Radio Duna señaló que “ningún grupo tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro normas de funcionamiento”. Y añadió que parecía “bien extraño” desconocer el Acuerdo por la Paz, dado que ”es el que establece el cronograma constituyente” por el cual fueron electos los 155 convencionales.

“Coincido con la presidenta del Senado”, dijo ayer en la tarde el ministro Ossa. Al mismo tiempo, remarcó que “el gobierno respeta plenamente los grados de independencia que tiene la Convención Constitucional, pero somos categóricos en el sentido de que la reforma constitucional que dio pie a la Convención Constitucional fija ciertas reglas que deben ser respetadas (como los quórums, tratados internacionales, etc.)”.

Aunque con matices en un sector de la oposición, la reacción generalizada en el Congreso fue llamar a respetar las reglas del proceso constituyente, que quedaron refrendadas en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito.

En el Congreso también miran con recelo que al interior de la Convención Constitucional existan grupos que ya estén públicamente condicionando la labor del Poder Legislativo, como ocurre, por ejemplo, a través del llamado a no aprobar el TPP11.

“El acuerdo político que dio origen al proceso constituyente no es una cuestión de partidos, dejó de serlo cuando la ciudadanía lo sancionó mediante el plebiscito. Por tanto, quien accedió a un proceso constituyente como candidato con unas determinadas reglas, debe entender que ellas lo vinculan jurídica y moralmente, sin perjuicio de que luego voten y ejerzan su mandato en los términos que estimen de acuerdo a sus convicciones”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.

También reaccionaron varios de los firmantes y promotores del acuerdo del 15/N.

Al respecto, el diputado y presidenciable del FA, Gabriel Boric, planteó que “cuestionar lo que sucedió el 15 de noviembre es un poco bizantino y no colabora a hacer carne las demandas del pueblo de Chile. Ahora son los constituyentes quienes deben deliberar, confío en la autonomía de la convención para resolver cuestiones procedimentales rápidamente y empezar a trabajar en el fondo, que es lo le interesa al país”.

“No cabe duda que la carta rompe un principio esencial, como es cumplir con las reglas del juego. Recordemos que el proceso constituyente está plebiscitado y tiene formas, plazos, sistemas, y nadie bajo ningún pretexto puede imponer reglas distintas, propias o autológica de resolución, eso es antidemocrático”, dijo el senado UDI Juan Antonio Coloma.

El senador Felipe Kast (Evópoli) añadió que “es complejo cuando personas electas para una función no entienden su rol. Por eso es importante que todos los demócratas de izquierda y derecha e independientes seamos tajantes contra aquellos que quieran destruir nuestra democracia”.

Hoy habla desde un escaño UDI en el Senado, pero en noviembre de 2019 Claudio Alvarado empujó el acuerdo del 15/N en su calidad de subsecretario general de la Presidencia. Frente a la controversia, señala que “es insólito que un grupo de convencionales después de ser elegidos bajo las reglas que se definieron en un acuerdo, hoy las desconozcan absolutamente. Esta no es una actitud democrática, sino de carácter totalitario de querer imponer a otros casi por la fuerza su mirada y su visión”.

La presidenta de RD, Catalina Pérez, también firmante del pacto político transversal para una nueva Constitución, dijo que “con el acuerdo del 15 de noviembre establecimos un marco de funcionamiento que dio el vamos a un proceso constituyente histórico que va a ir permanentemente cambiando, así como cambió para incorporar paridad o escaños reservados... Creo que no hay que temerle a la deliberación democrática, a la discusión, a la diversidad de opiniones, sobre todo cuando es emitida por quienes han sido electos para darle cuerpo al proceso”.

“Si el acuerdo por la paz que fue bueno para acordar el plebiscito, elegir a los constituyentes y fijar la oportunidad para una nueva Constitución, no veo por qué no va a ser bueno con las normas dadas en su oportunidad para fijar las reglas. Aquí el mandato que le dio la ciudadanía es para escribir una nueva Constitución”, agregó el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

El senador PS Alfonso de Urresti planteó que “cualquier opinión es respetable. Acá es imprescindible que el reglamento esté lo antes posible para contar con la metodología para que se vayan zanjando los temas. Quiero ver en esa opinión de los 34 una voluntad profunda de transformación, pero no de modificar normas en las cuales los 155 constituyentes deben estar comprometidos”.

La carta de los 34 abrió también un debate entre los convencionales electos.

Agustín Squella, electo como independiente por el distrito 7, advirtió sobre los efectos negativos que tendría para la convención que los electos se empiecen ya a organizar como bancadas cerradas y también planteó que el nuevo órgano no puede saltarse las normas ya establecidas para su funcionamiento (ver entrevista).

Fernando Atria, de la lista Apruebo Dignidad, con cupo RD, en tanto, dijo que “la convención se debe dar sus reglas de operación. Habrá que buscar un acuerdo suficientemente amplio como para acordar esas reglas. Estoy de acuerdo con que la nueva Constitución no esté sometida a la Constitución vigente”.

La constituyente por la misma lista Tatiana Urrutia (RD) agregó que en este momento “estamos enfocados en aportar, a las distintas articulaciones, de herramientas que realmente aseguren participación y autonomía en las decisiones que tome la convención”.

Amaya Álvez (RD), en tanto, dijo que el acuerdo del 15/N “evidentemente tiene imprecisiones, vacíos, que establece un piso, pero desde el cual hay que comenzar a conversar”.

Por el PC, la constituyente Carolina Videla señaló que “debemos comenzar, una vez constituidos a trabajar, para poder establecer en el reglamento los mecanismos que nos permitan desarrollar la redacción de la nueva Constitución sin las trabas que establece este acuerdo”.

Marcos Barraza, en tanto, apeló a “hacer un camino político -hay tiempo para eso- que permita que la convención profundice su carácter democrático desde el punto de vista de la soberanía popular. Es una cuestión central modificar la regla de 2/3, la que ha operado en la Constitución vigente como un organismo que impide las mayorías nacionales”.

Mientras que la convencional PC Bárbara Sepúlveda dijo a Emol TV que “yo no creo que un plebiscito dirimente, intermedio, ni una consulta ciudadana, sean saltarse las reglas, porque esas reglas hoy día no existen. Los mecanismos de participación ciudadana no son parte de la reforma constitucional, son parte de lo que nosotros vamos a generar como un reglamento. Por lo tanto, es una posibilidad abierta a discutir”.