La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este lunes un recurso de protección presentado por vecinos de Laguna Verde en contra de la municipalidad, representada por su alcalde, Jorge Sharp (IND), por vulnerar dos de sus derechos consagrados en la Constitución: a la vida e integridad física y psíquica, y a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Y la obligó, se lee en el fallo, a “adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar a los recurrentes y a la comunidad 100 litros diarios de agua”.

Esta localidad, ubicada 20 km al sur de Valparaíso, no cuenta con red de agua potable y ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado los últimos 15 años, “sin planificación territorial por parte de las instancias estatales responsables”, añade el fallo. Su población, estimada en 20 mil personas, se abastece principalmente a través de pozos y de la venta de agua no certificada.

En la resolución, la corte considera dos informes presentados durante la tramitación de la causa: uno de la Seremi de Salud (2018) que “evidenció contaminación de aguas de pozo con coliformes totales y fecales y escherichia coli en tres sectores de Laguna Verde”, y otro elaborado por el municipio (2021) que señala que “no existe alcantarillado, por lo que las fosas sépticas de las casas ocasionalmente interceptan las napas subterráneas de agua y son un riesgo para las condiciones de saneamiento y amenazan los cursos de agua del sector, frecuentemente usados para consumo humano”.

Asimismo, el tribunal de alzada señaló que el municipio “ha realizado muy pocas acciones, tanto propias como de coordinación, destinadas a resolver un problema tan grave y relevante como lo es el planteado en el recurso, y las que ha efectuado no son a corto ni a mediano plazo, sino que tienden más bien a buscar una solución a largo plazo y dependen de la gestión y coordinación de muchas instituciones, públicas y privadas y de muchos factores, no solo relacionados con el agua”.

En enero de este año, el alcalde Sharp se enfrentó con el gobernador regional Rodrigo Mundaca, tras solicitar, sin presentar un proyecto asociado, recursos para financiar un estudio que le permitiera avanzar en la construcción y ejecución de un Plan Maestro para Laguna Verde. Mundaca se opuso.

Posteriormente, se acordó realizar una mesa técnica de trabajo entre ambos, pero el Gobierno Regional (Gore) “carece de antecedentes sobre la continuidad de esta instancia comprometida por el municipio” se lee en el documento. No obstante, el 10 de febrero, el Gore “remitió al municipio posibles alternativas de solución en apoyo a su gestión y a la comunidad del sector afectado (...) sin que haya evidencia en autos de alguna respuesta de la autoridad edilicia o alguna acción concreta emprendida en base a lo sugerido”.

Los vecinos se vieron en la obligación de presentar el recurso tras constatar en 2019 la comercialización de agua contaminada en el sector y solicitar al alcalde “que fiscalizara esta venta y entregara agua por camiones aljibes, tal como lo hace en los cerros, sin embargo, no realizó ninguna acción concreta. Se interpuso un recurso de protección por la contaminación, pero no cumplió”, cuenta a La Tercera la abogada recurrente y vecina Consuelo Requena.

Luego, en mayo de 2021, la comunidad presionó, se formó una mesa de trabajo y se desarrolló un plan de acción, que incluía el abastecimiento mediante dos camiones aljibe, agrega, pero este no se concretó. El Gore compró los vehículos y los entregó al municipio en marzo, “sin embargo, a la fecha ningún vecino ha recibido ni un solo litro de agua por parte de la municipalidad”.

De esta manera, y sin resultados concretos de la mesa técnica Gore-municipio, en febrero acudieron nuevamente a la Corte de Apelaciones.

Pese a la buena noticia, añade Requena, están preocupados “por el cumplimiento del fallo, atendida la displicencia que ha demostrado siempre el alcalde con nuestro territorio”.

Los habitantes de Laguna Verde recibieron la noticia con alegría. Julia Poblete, presidenta de la junta de vecinos 137-b, celebra que “se hizo justicia. Además no es un fallo político, sino un derecho que la justicia reconoció en favor de la comunidad de Laguna Verde”, el cual beneficiará a una comunidad estimada en 13 mil personas.

El alcalde Jorge Sharp se refirió a la sentencia: “Creo que el fallo permite empujar con mucha más fuerza lo que ya venimos haciendo como municipio, ya que para dar soluciones estructurales (...) se requiere la coordinación de todos los organismos públicos, tanto el Gore como el gobierno nacional, por las grandes cantidades de inversiones que hay que realizar”, dijo.

El jefe comunal, además, planteó que “sin perjuicio de eso, como ya lo hemos informado, el municipio de Valparaíso va a disponer de un sistema de distribución de agua que permita a las familias contar con este vital elemento, ajustándose con ello a la ley que regula el uso de recursos públicos en estas materias”.