El Presidente Joe Biden fustigó el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos por no bloquear una nueva ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado y ordenó a los organismos federales hacer todo lo posible para “proteger a las mujeres y los proveedores” del impacto.

En una votación en la madrugada del jueves, una Corte Suprema profundamente dividida permitió que la ley siguiera en vigor, en la mayor restricción al aborto desde que el tribunal legalizó la interrupción del embarazo en el país hace medio siglo.

Los legisladores de Texas redactaron la ley para evadir la revisión de la corte federal al permitir que sean los ciudadanos a título personal quienes presenten demandas civiles ante la corte estatal contra cualquier persona implicada en un aborto, que no sea el paciente. En otras leyes contra el aborto son los funcionarios estatales y locales quienes velan por su cumplimiento, con posibles sanciones penales.

En el caso de Texas, una persona podría denunciar a quien practique un aborto o a cualquiera que lo facilite, por ejemplo, llevando a una mujer a una clínica para someterse al procedimiento. De acuerdo con la ley, cualquiera que demande con éxito a otra persona tendrá derecho a recibir al menos US$ 10.000.

El máximo tribunal rechazó por 5 votos contra 4 una apelación de emergencia presentada por profesionales y otros para frenar la aplicación de la norma que entró en vigor el miércoles. Pero los magistrados sugirieron que es posible que esta orden no sea la última palabra sobre la ley, ya que pueden presentarse otros recursos.

Biden dijo que su administración lanzará “una ofensiva de todo el gobierno para responder a esta decisión” y estudiará “qué medidas puede tomar el gobierno federal para garantizarles a las mujeres de Texas el acceso al aborto legal y seguro previsto por Roe”, en referencia la ley federal de 1973 que despenaliza el aborto.

Dijo que es necesario proteger a las mujeres del “impacto del plan insólito de Texas de tercerización forzada a partes privadas”. Denunció el fallo como “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer”, advirtiendo que la decisión del tribunal amenaza con provocar “un caos inconstitucional”.

Presionado por los demócratas para ampliar la composición de la Corte Suprema, Biden ha ordenado un informe sobre el alto tribunal que debe estar completo para el mes entrante.

La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de la salud detecten actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres se percaten que están embarazadas.

Más del 85% de los abortos realizados hasta ahora en Texas han sido posteriores a las seis semanas de gestación, según organizaciones de planificación familiar, que desde el miércoles han tratado de derivar mujeres a estados vecinos.

Esta es la ley más estricta contra el derecho al aborto en Estados Unidos desde la histórica decisión del tribunal en el caso Roe vs. Wade en 1973, y forma parte de un impulso más amplio de los republicanos para restringir la interrupción del embarazo en todo el país. Al menos 12 estados más han introducido prohibiciones al respecto, pero todas han sido bloqueadas.

“Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones adecuadas procesalmente a la ley de Texas, incluyendo en las cortes estatales del estado de Texas”, dijo el tribunal en un fallo sin firmar.

El presidente de la corte, John Roberts, y los otros tres jueces liberales del organismo, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, emitieron comunicados por separado para expresar su desacuerdo con la mayoría.

Roberts destacó que, aunque se rechazó la medida de emergencia, “el fallo de la Corte es enfático en dejar claro que no puede ser entendido como el sostenimiento de la constitucionalidad de la ley en cuestión”.

El resultado de la votación puso de manifiesto el impacto de la muerte de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg el año pasado y de la decisión del entonces Presidente, Donald Trump, de sustituirla por la conservadora Amy Coney Barrett. Si Ginsburg hubiese formado parte del tribunal, la suspensión de la ley habría recibido cinco votos.

Por su parte, Sotomayor calificó de “sorprendente” la decisión de sus colegas conservadores.

“Ante una solicitud de prohibición de una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, una mayoría de jueces ha optado por enterrar sus cabezas en la arena”, escribió.

Después de que una corte de apelaciones estatal se negó a revisar el texto antes de su aplicación, los contrarios a la medida solicitaron la revisión de la Corte Suprema.

En un comunicado tras la decisión, Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a los profesionales señalados por la ley, prometió “seguir luchando contra esta prohibición hasta que se restablezca el acceso al aborto en Texas”.