En el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se verán las caras los operadores de centros comerciales y sus locatarios. Esto, luego que la Corte Suprema anulara una decisión de dicha sede, que decidió no acoger una consulta no contenciosa presentada por la Asociación de Marcas del Retail, que agrupa a distintas empresas que operan tiendas dentro de los malls.

En octubre de año pasado, la Asocaciación de Marcas del Retail, que preside Paula Valverde -quien además está detrás de la cadena de ropa infantil Limonada- presentó dicha consulta, con la que buscaba que el TDLC conociera y analizara tres puntos: los contratos de arrendamiento vigentes que determinan la relación comercial entre locatarios y operadores de centros comerciales; los actos y hechos que se informan en relación a dichos contratos, y la integración vertical que podría producirse en este mercado relevante.

La solicitud fue rechazada a fines de ese mismo mes por el TDLC, por considerar que la pretensión resulta propia de un procedimiento contencioso. Pero los promotores de la consulta escalaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso de reclamación, con éxito.

“Se dispone que la consulta planteada queda acogida a tramitación, a fin de resolver si se verifica un riesgo actual o potencial de conductas anticompetitivas en el mercado relevante propuesto, en términos generales y en relación a los tres puntos a que la consulta se extiende, en la forma que se ha expresado en el cuerpo de la presente sentencia”, señala la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que preside el juez Sergio Muñoz, y que contó con el voto en contra del ministro Juan Shertzer.

La sentencia fue recibida con satisfacción por la Asociación de Marcas del Retail, destacando que la sentencia significa que, en la práctica, el TDLC deberá conocer situaciones “como cláusulas contractuales eventualmente abusivas; rentas de arrendamiento que no tendrían razonabilidad económica; gastos comunes y fondos de promoción que no cuentan con rendición ni transparencia; facultad unilateral de los malls para terminar contratos y la obligación para un locatario de entrar a aquellos centros comerciales que defina el operador en el caso de que el locatario quiera uno específico y no el resto”, señaló el gremio ante la consulta de PULSO.

“A lo anterior se suma, lo que es más grave aún, la existencia de una integración vertical de los grandes operadores, que poseen marcas y locales que compiten con nuestros asociados”, complementó la asociación.

“Como Asociación de Marcas del Retail seguiremos defendiendo nuestra postura en el TDLC y esperamos que este determine, en definitiva, que los hechos que hemos descrito provocan riesgos y/o efectos anticompetitivos. La nueva realidad a la que nos ha llevado la pandemia, nos conmina más que nunca a tomar conciencia de las inequidades. Nada será como antes y se hace necesario que ambas partes trabajemos unidas, estableciendo sinergias y complementando nuestros esfuerzos para enfrentar los nuevos hábitos de los consumidores”, concluyó esa entidad.

A su turno, la Cámara de Centros Comerciales, que preside Katia Trusich, destacó que la sentencia se pronuncia sobre un aspecto de procedimiento, y que su efecto directo no es otro que la apertura de la consulta ante el TDLC.

“Los centros comerciales y las empresas que desarrollan sus actividades en ellos han trabajado en conjunto para recuperarse de la crisis sanitaria que nos está afectando. Muchos asociados, como se ha informado públicamente, están buscando las mejores soluciones para lograr la más pronta recuperación de una industria relevante para el empleo, los consumidores y la economía del país”, indicaron desde esa instancia. Además, agregaron que cada operador de centros comerciales “es independiente para adoptar las mejores decisiones de acuerdo a sus características demográficas y geográficas, en interés y beneficio de sus clientes y locatarios”.

La Cámara de Centros Comerciales agrupa en total a 17 asociados, entre los que se cuentan pequeñas, medianas y grandes empresas, que operan 150 establecimientos de este tipo desde Arica hasta Punta Arenas.