Hace dos semanas, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se reunió con el Mandatario Gabriel Boric en La Moneda, para abordar, entre otros temas, la reforma tributaria. Un día antes, pero esta vez acompañado de las seis ramas que integran la multigremial, se había reunido con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien les presentó una minuta con el denominado pacto fiscal que impulsa el gobierno.
Al término de esa reunión tanto el gobierno como la CPC señalaron la intención de seguir trabajando en propuestas con el propósito de llegar a algún acuerdo. “En la reunión encontramos una muy buena recepción a ese esquema y a nuestro planteamiento de que, sobre la base de esta estructura, poder identificar los puntos en los cuales haya mayor coincidencia entre los distintos actores. Y estamos hablando de actores económicos, sociales y, por supuesto, del mundo político”, dijo Marcel tras el encuentro. Mewes también habló ese día: “Nos comprometimos a aportar con análisis e información para que el Estado pueda ser más eficiente y generar los servicios que la ciudadanía requiere. Fue una buena reunión, vamos a conversar con los distintos actores que integran la CPC y, por lo tanto, tenemos que hacer una ronda para ver como abordamos los temas”.
Sin embargo, nada de eso ocurrirá. La CPC cambió el tono y este martes emitió una declaración que traía, algo poco habitual, el logo de las seis ramas de la Confederación, y que agrupa a la industria, el comercio, la banca, la construcción, la agricultura y la minería.
“Compartimos el llamado a avanzar en aspectos relativos a la modernización del Estado, la eficiencia en el gasto público, evitar la evasión tributaria y reducir la informalidad, todo lo cual permitiría al Estado contar con más recursos”, decía la declaración.
El segundo párrafo, sin embargo, traía una frase destacada. “Estimamos que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad”.
Para ejemplificar, la CPC puso números sobre la mesa: “Un mayor crecimiento, además, es una importante fuente de recaudación fiscal: un punto de crecimiento económico permite allegar US$800 millones en recursos al Estado”.
En su argumentación, la organización empresarial se refirió al escenario económico por el cual atraviesa el país. “Hoy la economía chilena está estancada, lo que hace especialmente perjudicial aumentar la carga tributaria”, sostuvo la declaración pública, y por ello señalaron que se necesitan “acciones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento, crear condiciones para que proyectos de inversión se desarrollen en el país, se reimpulsen las concesiones, se generen empleos de calidad y se avance en mayor formalidad en todos los sectores, estableciendo una agenda clara y con plazos definidos para abordar estos desafíos”.
Por último, el gremio empresarial, afirmó que tienen la mayor voluntad de colaborar en el diseño de políticas públicas que apunten al desarrollo del país. En este punto indicaron que “si bien es evidente que no nos corresponde negociar ni aprobar proyectos de ley -tareas que radican exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo-, sí es nuestro deber, como representantes de miles de empresas de diferentes rubros, tamaños y regiones, dar nuestra opinión y promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile”.
Tras la reunión con Marcel, el líder de la CPC dijo que entregarían a Hacienda su opinión en dos semanas. Y ese plazo se cumplió este martes. La decisión de los dirigentes empresariales fue entregar una posición única y por ello las seis ramas convinieron los términos de la declaración. Además, la intención es canalizar todo contacto empresarial a través de la CPC y evitar, como en los últimos meses, que las reuniones informales de Marcel con dirigentes empresariales específicos o con grandes empresarios, con quienes se ha reunido en reuniones sociales, sean el canal de negociación con el sector privado. La dura respuesta de la CPC fue comunicada este martes en la mañana a Marcel de manera formal. Más tarde la CPC envió la declaración a la prensa. Hacienda declinó este martes hacer comentarios.
La posición empresarial fue endureciéndose tras las críticas a las reuniones de hace dos semanas. Además del líder de la CPC, en pocos días Boric y Marcel se reunieron también con la nueva presidente de la Sofofa, Rosario Navarro. Los encuentros gatillaron encendidas críticas por parte de parlamentarios de oposición, quienes recordaron que las reformas legales se discuten en el Congreso y no entre el gobierno y los gremios empresariales.
La semana pasada, varios gremios fueron verbalizando su oposición a un alza de impuestos. El viernes en una entrevista con Tele13 radio, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, se cerró a la idea de que el pacto fiscal, como le ha llamado Hacienda. avance en el aumento del cobro de impuestos a las empresas, y el mismo día el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, expresó su molestia a la controversia que había generado en los partidos de oposición las reuniones que el empresariado estaba teniendo con el gobierno. “Nuestro ánimo no era ni negociar ni sustituir a los políticos o a los parlamentarios en esto, pero tenemos el deber de representar cuáles son las condiciones que creemos necesarias. Y francamente, es lo que tratamos de hacer”, señaló Riesco.
Esta misma idea es reforzada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien afirmó a Pulso que “en ningún momento fue una negociación, sino que accedimos a conversar con el gobierno”. Walker descartó que la CPC pretenda entregar una propuesta formal a Hacienda. “No vamos a presentar ninguna propuesta porque este es un tema entre instituciones, entre el Ejecutivo y el Congreso, y cualquier cambio que se haga en una reforma tributaria pasa por una ley y nosotros somos muy respetuosos de las instituciones. Eso le corresponde negociar esto a las instituciones, ahora siempre estaremos dispuestos a ir a reuniones con ministros, pero esto es un tema que le corresponde a las instituciones y tenemos que dejar que funcionen”, aseveró.
