Un claro contraste entre sus declaraciones iniciales sobre el presunto caso de corrupción que involucra a militantes de Revolución Democrática marcó este jueves el Presidente Gabriel Boric.

En el marco de su visita a la Región del Ñuble, el Jefe de Estado fue consultado por los antecedentes que se han conocido en las últimas horas y las nuevas aristas penales que sigue viabilizando la Fiscalía, y blindó específicamente a dos autoridades de su gobierno que ha salpicado el escándalo: la delegada del Biobío, Daniela Dresdner, y el seremi de Vivienda de El Maule, Rodrigo Hernández. Esto, pese que el martes había señalado que no pondría “las manos al fuego por nadie”.

Sus nuevas declaraciones las dio justamente a horas de que a la indagatoria radicada en Antofagasta -donde se suscribieron los polémicos convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu, firmados por la expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, y el renunciado seremi de la zona, Carlos Contreras-, este miércoles el Ministerio Público abriera una nueva arista penal en El Maule en contra de los convenios suscritos por otra fundación ligada a Hernández: Urbanismo Social. Y, asimismo, después de que Revolución Democrática incluyera a la delegada del Biobío en la querella que presentó el martes ante la justicia, como parte de las personas de la organización que -en algún momento- estuvieron vinculadas a Democracia Viva.

Además de destacar la instrucción a todos sus ministros de revisar los convenios de naturaleza similar a los del polémico caso, Boric recalcó que también “es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable. Y, por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer”.

“¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner, concretamente? ¿De qué la están acusando? ¿O en el caso del seremi de Vivienda del Maule?”, inquirió, agregando que Hernández, antes asesor jurídico de Urbanismo Social, optó por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”.

“No fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador. Y, por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian, evidentemente, uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, recalcó, pidiendo ponerle “coto” a quienes piden un festival de renuncias.

“Hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no, porque si los metemos a todos en el mismo saco, al final se diluye la responsabilidad y eso nos hace mal a todos (...). La justicia, por su parte, tendrá que cumplir su labor y nosotros estamos llanos a colaborar y no solamente llanos, tenemos la obligación de colaborar. Porque a mí, como Presidente de la República, me interesa que la gente confíe en las instituciones y yo por lo menos voy a hacer todos los esfuerzos para que mejore esta situación y que los casos que se han develado no se vuelvan a repetir al interior del Estado”, agregó el Presidente.

Sus dichos provocaron críticas en algunos sectores del oficialismo. “Presidente Boric, no siga blindando a la delegada del Biobío y al seremi del Maule. Esto es un escándalo de marca mayor que ya tiene a dos ministros sin piso alguno para seguir. No dilapide su capital político. Permita que primero se investigue todo, que fue lo que comprometió con el país”, escribió en su cuenta de Twitter el senador socialista Fidel Espinoza.

En la oposición, en tanto, el exabanderado del Partido Republicano José Antonio Kast indicó que “la defensa corporativa que hace el Presidente Boric a los funcionarios involucrados en eventuales casos de corrupción es un grave error, que lesiona nuestra institucionalidad y profundiza la grave crisis política que vive el país”.

La razón detrás de sus declaraciones, explican en el gobierno, apuntan a varios factores. Por un lado, a la preocupación que se ha instalado en sectores de La Moneda de una potencial “caza de brujas” que termine haciendo “pagar a justos por pecadores” y, por otro, porque en el Ejecutivo no están dispuestos a reducir esta crisis a cuántas bajas se anota la oposición con sus presiones. Desde sectores de la derecha han pedido la cabeza del ministro Carlos Montes (Vivienda) y también del ministro de Desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Por otro lado, en el gobierno hay conciencia de que seguirán apareciendo antecedentes sobre el caso mientras avance la investigación y, por lo mismo, no pueden operar con la estrategia de que ante cada potencial situación irregular se tomen acciones desde La Moneda, como la remoción de autoridades.

En el Ejecutivo, eso sí, admiten que las declaraciones del Mandatario podrían “envejecer mal” de constatarse algún tipo de delito en el caso de Dresdner y Hernández, pero -afirman- el propio Jefe de Estado recalcó que sus dichos apuntaban a los antecedentes que se conocen hasta ahora.

Otro elemento que ha barajado La Moneda es lo que plantearon las 19 fundaciones que se reunieron la tarde de este miércoles con Montes. En esa cita, según presentes, una preocupación significativa que manifestaron las organizaciones fue que se las apunte a todas como posible blanco de irregularidad, cuando muchas de ellas han hecho una labor destacada en materia de campamentos. Esa inquietud -según fuentes del gobierno- se la transmitió Montes al Presidente Gabriel Boric la mañana de este jueves, en una cita que se extendió por cerca de una hora y en la que abordaron los alcances de la información entregada por el secretario de Estado al fiscal subrogante Cristián Aguilar.

Y pese a que el Presidente también dijo que haría pagar responsabilidades políticas en caso de haberlas entre sus colaboradores, como hizo con la ahora exsubsecretaria Tatiana Rojas (Vivienda), este jueves también respaldó al ministro Montes. Esto, pese a que hay voces minoritarias del oficialismo, como las del senador Espinoza, que han cuestionado al secretario de Estado.

“El ministro Carlos Montes cuenta con toda mi confianza. El ministro Carlos Montes va a seguir adelante, no solamente encabezando la transparencia en el ministerio, sino que va a seguir adelante con el plan de emergencia habitacional”, dijo.