Pasado el mediodía de este martes, el pleno de la Convención Constitucional comenzó a deliberar el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, cuyo texto contenía 27 artículos. “Llegó el tan anhelado momento, llegó el momento”, manifestó entusiasta en su intervención el convencional y uno de los coordinadores de esa comisión, César Valenzuela (Colectivo Socialista).

Valenzuela hacía alusión a que, dentro de este informe, están contenidas materias que son claves para la ciudadanía, entre ellas 17 temáticas, tales como el derecho a la reparación, verdad y memoria, a la vivienda, a la ciudad y el territorio, a la protección del trabajo y trabajo decente, el derecho al cuidado, reconocimiento del trabajo doméstico, derecho a la salud, educación, entre otros. “Sin duda, estas normas son el corazón de la Convención Constitucional, el sentido más profundo del proceso constituyente. Aquí se encuentran contenidas las demandas que han sido relevadas por décadas de movilizaciones sociales”, agregó el convencional.

Las palabras del convencional socialista no fueron al azar y son compartidas por gran parte de sus pares, sobre todo, de quienes forman parte de colectivos de la izquierda, quienes creen que el futuro del plebiscito de salida que deberá aprobar la nueva Carta Fundamental -que está fijado para el próximo 4 de septiembre- está ligado a cómo queden establecidas estas materias.

Esto, en un contexto en que, según los últimos sondeos de opinión, el Rechazo estaría ganando en esos comicios, lo que es un motivo de preocupación, sobre todo para los convencionales que forman parte de la coalición de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, un 45% dice que rechazará en el plebiscito de salida, superando nuevamente al Apruebo, que alcanza un 38%, mientras que un 17% no sabe o no responde.

En este contexto, para algunos convencionales era clave comenzar a aprobar y consagrar estos temas en el borrador de la nueva Carta Fundamental. A través de estos artículos, apuestan a que se pueda revertir el aumento del Rechazo y que el Apruebo pueda volver a ganar terreno de cara al plebiscito de salida.

De hecho, el lunes, el vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez (No Neutrales), reconoció que “basta darse una vuelta por las calles de cualquier ciudad, dentro del contexto de las manifestaciones, para saber que lo que está manifestado en los carteles tiene que ver con el acceso a salud, vivienda y pensiones”.

En esa línea, el convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) manifestó que “es un factor que va a contribuir a que la Convención se comunique de mejor manera, porque lo que se va a votar es comunicable, es comprensible por parte de la ciudadanía. Todo el mundo entiende lo que es la vivienda digna. Lo mismo con la salud y la educación, que siempre han aparecido dentro de los primeros lugares de las preocupaciones de los chilenos y las chilenas”.

Y Muñoz agregó: “Hago la sugerencia a la mesa (directiva) de que se tomen esta posibilidad en serio y que comunicaran adecuadamente para poder aquí obtener un diferencial”.

En esta misma línea, la convencional Tatiana Urrutia (Frente Amplio), quien integra la Comisión de Derechos Fundamentales, sostuvo que “los derechos sociales de la votación de hoy están en la base del proyecto de Nueva Constitución. Hoy, la Convención comienza a dar respuesta a las demandas populares que justifican la nueva Constitución”.

Así, tras varias horas de deliberación, a las 18.25 comenzó la votación en el pleno. Lo primero fue la votación en general del informe, el cual se aprobó con 123 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Luego se dio inicio a la votación en particular de cada uno de los artículos.

De esta manera, lo primero que se aprobó fue el derecho a que víctimas de graves violaciones a derechos humanos puedan tener reparación integral. Eso sí, se rechazó el artículo 3, que establece que el Estado tiene el deber de garantizar el acceso público a pruebas documentales que den testimonios de graves violaciones a los derechos humanos.

Luego, vino una de las votación más esperada que sacó aplausos entre los convencionales: el artículo referido al derecho a la vivienda. Ahí se aprobó el primer y segundo numeral, que consagran el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el deber del Estado de “tomar las medidas necesarias” para garantizar este derecho.

Al cierre de esta edición continuaban las votaciones en el pleno. Y, más allá de lo que sucedía en el hemiciclo, las tratativas de la jornada estuvieron marcadas por las tres indicaciones presentadas por la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre), referidas al artículo sobre el derecho a la seguridad social, las que buscan añadir la libertad de elegir la institución que administrará los ahorros previsionales, consagra que los trabajadores son dueños de sus ahorros y establece que con inexpropiables (ver Pulso).

Esta última materia se instaló con mayor fuerza luego de que el gobierno anunciara el ingreso de un proyecto de ley para establecer la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, con el objetivo de entregar una señal a la derecha para que rechazara el proyecto de quinto retiro. Sin embargo, hay quienes en ese sector plantean que la materia debe quedar regulada en la Constitución, una idea que, en todo caso, no convence a sectores de izquierda, como el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Así, la agenda que instaló el Ejecutivo generó complicación entre los sectores de izquierda y se vieron obligados a discutir qué postura adoptar ante las enmiendas de Cantuarias.

En la deliberación, la mayoría de los colectivos no tenía zanjado cómo votar al respecto y esperaba la próxima pausa sanitaria para decidir. Por lo mismo, uno de los convencionales del Frente Amplio se refiere a este grupo de propuestas como “las indicaciones del terror”.

“Sería darle un punto político a la derecha”, transmiten algunos del FA, haciendo hincapié en que podría beneficiar la opción de Rechazo en el plebiscito de salida si es que esta materia no queda consagrada en la Constitución, porque, dicen, podrían “usarlo para hacer campaña del terror”.

De todas formas, un convencional del FA añade que si esto permite descomprimir un “problema político” al gobierno del Presidente Gabriel Boric, están disponibles a avanzar en esa línea.

Así, barajaron al menos tres alternativas: apoyar las indicaciones de la derecha, rechazar y luego presentar enmiendas propias o verlo junto a las normas transitorias. De hecho, Domínguez dijo el lunes que esta última alternativa podría ser la fórmula. “Entendiendo que es una preocupación de distintos sectores, se podría incluir en los transitorios”, señaló el vicepresidente.

Más tarde, se aprobaron 7 de los 12 incisos del Artículo 14, que consagra el derecho a la Salud.

De esta forma, pasó al borrador de la nueva Carta Magna el texto que indica que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”, destacando, en este sentido, que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud.

Asimismo, se establece que el Sistema Nacional de Salud -cuya base será la atención primaria- será “de carácter universal, público e integrado”, el que “se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”.

Este sistema “será financiado a través de las rentas generales de la nación”. De manera adicional, se podrá establecer por ley el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores “con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”. Se agrega que se determinará por ley el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos del sistema.

Respecto de la existencia y del funcionamiento de las isapres, el inciso que permite la existencia de seguros privados voluntarios -que no pueden sustituir o duplicar el rol del Estado-, volvió a la comisión para una nueva revisión.

Se visó que es deber del Estado generar políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención, con enfoque comunitario, y que este aumentará de manera progresiva su financiamiento.

Asimismo, la norma aprobada indica que corresponderá de forma exclusiva al Estado la función de “rectoría” del sistema de salud, función que incluye la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas del país.

En tanto, por 114 votos a favor, 12 en contra y 20 abstenciones, se aprobó el artículo 15, que indica que “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”.

Sin embargo, volvieron a comisión los artículos 16, 17, 18, 19 y 20, relativos a esta materia.

Entre los puntos más destacados del artículo 16 se incluye que “la educación será integral y de excelencia. Se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación brindará oportunidades y apoyos a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión”.

Asimismo, esta norma indica que “el Estado garantizará infraestructura educacional adecuada para cada nivel de formación educativa, cuyo diseño contemple los criterios de pertinencia cultural y territorial”.

Por su parte, el artículo 17 sostiene, entre otras cosas, que “la educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.

En tanto, el artículo 18 incluye que “la Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en la construcción del proyecto educativo, en las decisiones de la unidad respectiva y en la elaboración, diseño y ejecución de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación”.

Por su parte, el artículo 19, indica en su inciso tercero que “la Constitución respeta la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución, y las demás condiciones que establezca la ley”.

Finalmente, el artículo 20, que trata sobre el reconocimiento a la labor educativa, indica que el Estado garantizará la formación de los docentes, “con carácter gratuito”, así como la actualización continua de sus conocimientos y les otorgará estabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Agrega que “el Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación”.

También pasaron al borrador de la nueva Carta Magna los dos primeros incisos del artículo 22, que consagra el derecho al deporte.

Estos indican que “todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales” y que “el Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento”-

Agrega el texto que “la ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas”.

Cuatro de los siete incisos del artículo 23 fueron aprobados por el pleno, mientras que los otros 3 volvieron a la comisión para una segunda propuesta.

Entre las normas aprobadas se incluye que “la Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud”.

Asimismo, en su inciso segundo “se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social”.

Asimismo, el texto aprobado sostiene que se determinará por ley las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación; además de señalar que “los órganos del Estado deberán tener especialmente en consideración los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los señalados en el inciso segundo”.

Se aprobó por 105 votos a favor, 18 en contra y 25 abstenciones, el inciso primero del artículo 25, que indica que los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que los afecten.

Agrega que “el Estado garantiza los medios para la efectiva participación de éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe”.

Finalmente, se aprobaron los dos primeros incisos del artículo 26, que trata sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

Estos señalan que “la Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible”.

Agrega que “es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos”.