Con una serie de polémicas que involucran denuncias, despidos, querellas y pagos, la Clínica Las Condes se ha mantenido por varios meses en el ojo del huracán. Y ahora suma un nuevo capítulo, con la salida de Luis Herrada de la subdirección médica, cargo que asumió recién en enero pasado, tras la bullada renuncia del pediatra René Tejías, en diciembre de 2020.

El emergenciólogo se despidió de sus colaboradores -el equipo de Urgencia y Rescate- en una misiva donde, además, detalló las circunstancias de su salida. “En enero de este año asumí la difícil tarea de guiar la institución desde la Dirección Médica, con el fuerte propósito de extender este sello a la institución completa. Durante estos últimos meses las diferencias con la administración y sus formas de guiar la institución se hicieron irreconciliables, por lo que solicité ser removido del cargo de Director Médico en abril de este año, y tras un proceso largo de conversaciones poco amables, hoy he sido desvinculado de Clínica Las Condes”.

La incomodidad de Herrada, su estrecho margen para la toma de decisiones y las dificultades que atravesó en el marco de sus labores, en plena emergencia sanitaria y en medio de dos fuertes rebrotes, no eran misterio para sus pares. Aunque aseguró a su equipo que no guarda “rencores”: “Me llevo los mejores recuerdos de ustedes, me llevo en el corazón todos aquellos momentos donde pudimos sacar adelante pacientes muy graves, donde pudimos contener a sus familiares, me llevo el enorme crecimiento de un equipo de urgencia y rescate que desarrolló una medicina segura, de excelencia, centrada en el paciente y sus familiares y, lo más importante, me voy sin rencores ni tristeza”.

Los roces entre la administración que la principal controladora del recinto, Cecilia Karlezi, dejó en manos de pareja, Alejandro Gil, como presidente del directorio, se han sucedido desde septiembre del año pasado, con los recursos de protección que presentaron 410 médicos por el término del arriendo de sus contratos. Luego vendrían denuncias de despidos injustificados y acusaciones por incumplimientos de acuerdos. Todos problemas más bien internos, hasta una decisión administrativa que, en medio de la pandemia, caló hondo: el despido de Tomás Regueira, jefe de la UCI de Clínica Las Condes y presidente, en ese momento, de la Sociedad de Medicina Intensiva (Sochimi).

Durante todo 2020, Regueira asumió como uno de los principales voceros a nivel nacional, tanto por su rol en la UCI de la clínica como por su labor en la Sochimi. Y este año, la comunicación por los temas de pandemia habían quedado a cargo de Herrada, que en los últimos días había espaciado sus apariciones en medios.

Con estos sucesivos cambios, se desconoce quien tomará ahora la representación de la clínica como vocería técnica por temas de salud y pandemia. CLC fue consultada por La Tercera sobre la salida de Herrada, pero no se hicieron declaraciones.

Las críticas de los funcionarios y los médicos accionistas hacia el presidente del directorio, Alejandro Gil, apuntan a que, según declaran, no tiene las competencias para el manejo de un recinto de salud ni del modelo de negocio que este implica. Y sobre la salida de Herrada, apuntan a que “se apuró y se cuadró con una administración que no sabe manejar un hospital”.

Las causas laborales que involucran a la Clínica Las Condes se siguen acumulando y se acercan a las 70, en solo dos años. Mientras, también se ha instalado en la palestra las disputas entre la institución privada con el Ministerio de Salud y Fonasa, por problemas de gestión y pagos.

Ante la cartera que dirige el ministro de Salud, Enrique Paris, el centro acusó “hostigamiento” de parte del coordinador de camas críticas, Luis Castillo, en el marco del aumento exigido de las camas críticas a raíz de un fuerte rebrote de coronavirus. Y plantearon que, si bien la clínica ha puesto “todos sus recursos humanos, técnicos y financieros” para contribuir a prestar las atenciones de salud necesarias en el marco de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, “el señor Castillo, lejos de someterse al mandato de la ley y actuar dentro de la competencia que le fija el ordenamiento jurídico, ha decidido hostigar a la Clínica anunciando visitas inspectivas que no ocurren siempre en las ocasiones anunciadas, exigiendo disposiciones de camas que exceden lo previsto por la normativa administrativa y comunicándose sucesivamente con diversos personeros del recinto de salud para impartir instrucciones que tienden a la confusión. En otras palabras, ha excedido sus facultades usurpando las atribuciones de órganos de resolución, ejecución y planificación de la política pública de salud, como son la Subsecretaría de Redes Asistenciales o los Servicios de Salud”.

Poco antes de eso, CLC se entrampó en una controversia por pagos de las prestaciones de salud: acusa a Fonasa de cancelar al resto de las clínicas los montos asociados a las prestaciones de pacientes Covid y excluirlos de este pago, a lo que Fonasa ha rebatido, apuntando que el centro privado no ha firmado el convenio que permite dar curso a las facturas.

Y un último incidente capturó los comentarios: la querella del directorio de CLC contra el exgerente general, Fredy Jacial, por una “administración desleal”, lo que se traduciría en que el ingeniero, a juicio de la administración, recibió “en exceso” a pacientes de Fonasa que padecían Covid-19, causando un eventual perjuicio de casi $ 8.600 millones al capital social de la compañía.