Un verdadero escándalo se está viviendo en Perú luego de que el expresidente Martín Vizcarra admitiera que él y su esposa fueron inoculados en secreto con dosis extras de la vacuna china Sinopharm en octubre, cuando el mandatario aún estaba en el poder. En total, el gobierno y la Fiscalía de Perú investigan a 487 funcionarios de alto rango que habrían sido vacunados con estos fármacos adicionales, también a escondidas.

En cadena nacional, el Presidente Francisco Sagasti dijo que “487 personas, entre ellos muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizados con las vacunas de Sinopharm”. Dos ministras, Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, de Relaciones Exteriores y Salud, respectivamente, renunciaron a sus cargos tras conocerse que también fueron inoculadas con estas dosis. El chofer de Mazzetti también fue vacunado, según el diario La República.

“Estamos indignados y con un sentimiento profundo de dolor. Faltaron a su deber de servidoras públicas y a su lealtad como parte del Consejo de Ministros y conmigo”, manifestó Sagasti, luego de informar que el listado de personas que fueron vacunadas con estas dosis será enviado a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado y a la comisión investigadora del caso. “A la crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis social, a la inestabilidad y crisis política que hemos vivido durante los últimos meses, se ha unido esta crisis ética y moral”, dijo el mandatario.

Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien negoció la compra de vacunas, también se inoculó con las dosis extras y, además, habría coordinado fármacos para su familia, según informó el diario El Comercio. Astete admitió su “grave error” a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó que no debió haberse vacunado el 22 de enero y que no recibirá la segunda dosis.

Esta vacunación fue realizada fuera de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo entre septiembre y fines del año pasado. Según Germán Málaga, jefe del programa de ensayos clínicos de Sinopharm e investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el laboratorio chino suministró dos mil dosis con el fin de inmunizar a 1.000 personas que no eran parte de los 12 mil voluntarios del programa. De esas, 800 fueron destinadas a vacunar a 400 personas que no formaban parte del proyecto, donde se especula estarían incluidos los casi 500 funcionarios públicos peruanos.

La UPCH, institución a cargo de los ensayos clínicos con la vacuna Sinopharm en Perú, informó a través de un comunicado que ni Vizcarra ni su esposa formaron parte del grupo de 12 mil voluntarios de la investigación. Además, confirmó que el lote extra fue de 3.200 dosis de “vacuna experimental activa”, no placebo, para ser administradas voluntariamente al personal relacionado a la investigación. “La decisión de a quienes se administraba esta vacuna fue tomada por el equipo de investigación”, se detalla.

“Esto no se considera actividad de investigación y no se recolectarán datos con propósitos de análisis”, dice otro comunicado de la institución difundido en Twitter.

La UPCH rechazó “la terminología de vacunas de cortesía, donaciones o prebendas que ha sido utilizada en algunos medios de comunicación” y se puso a disposición “para colaborar con todas las investigaciones”, además de comprometerse a enviar “toda la información requerida”. Estas “dosis de cortesía” serían similares a las muestras médicas que se regalan en los consultorios, señaló el diario El Economista.

Por su parte, la Embajada de China en Perú indicó en un comunicado que el ensayo clínico se realizó “cumpliendo con los trámites requeridos por las autoridades peruanas” e informó que “no tiene información de la identidad de los vacunados”. Al igual que la UPCH, también rechazó los términos “vacuna de cortesía, donaciones o prebendas”

Sagasti fue enfático al declarar que “todos los exfuncionarios de gobierno deberán de ser sometidos a la justicia”, y que despedirá a quienes hayan sido vacunados antes del inicio de la campaña de inoculación a la población y fuera de los ensayos clínicos. En una entrevista a América Televisión, el mandatario afirmó que su gobierno no participó en la asignación de vacunas, pues “las decisiones sobre a quién se vacunaba o no se vacunaba con estas dosis de regalo (…) era exclusiva de quienes administraban esos ensayos”, dijo.

“No es posible que en medio de la crisis se utilice un cargo público para aprovechamiento personal. Urge investigación y sanción a responsables”, declaró la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, también a América Televisión. El martes, el Congreso convocó a los principales investigadores de los ensayos clínicos para clarificar la participación de Vizcarra.

Con más de 1,2 millones de contagios y casi 44 mil muertes, Sagasti espera vacunar a 10 millones de peruanos antes de julio, cuando se acaba su mandato. Con la llegada, la semana pasada, de las primeras 300 mil dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm, Perú espera iniciar su programa de inmunización.

En otras partes del mundo también se han destapado escándalos por la vacunación irregular de autoridades y funcionarios de gobierno. En España, al menos 28 políticos -entre ellos nueve líderes del Partido Popular y 14 del PSOE- fueron denunciados por saltarse los protocolos del Ministerio de Salud. Además, alrededor de 500 funcionarios públicos fueron inoculados de forma irregular, según la emisora Antena 3.

Javier Guerrero, ministro de Salud de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada al norte de África, dimitió a fines de enero por recibir una vacuna contra el Covid-19 fuera de turno. “Mis empleados me pidieron que me vacunara... No quería vacunarme, ni siquiera me vacunaron contra la gripe. No me gustan las vacunas”, se excusó.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa de España, general Miguel Ángel Villarroya, renunció en enero ante el escándalo provocado por la noticia de que él mismo y otros mandos militares a sus órdenes se habían vacunado, pese a no formar parte de los grupos de inmunización prioritaria. La alcaldesa de Molina de Segura, los ministros de Salud de Murcia y Huelva y dos directores de hospitales del País Vasco también dejaron sus puestos por vacunarse antes de tiempo.

En Italia se ha informado de un número indeterminado de personas, incluidos alcaldes, funcionarios y sacerdotes, que se han inoculado antes de su turno. En Ragusa, Sicilia, por ejemplo, cuatro exalcaldes se vacunaron argumentando que las dosis sobraban y querían dar el ejemplo.

En Reino Unido, el único caso conocido de alguien que se haya saltado la fila es Brendan Clarke-Smith, un diputado conservador de 40 años que se vacunó tras media jornada como voluntario en un hospital en Nottinghamshire. También justificó el hecho señalando que quería dar el ejemplo y que la vacuna sobraba.

En Polonia, al menos 18 personalidades se han saltado la fila de la inmunización, vacunándose antes de su turno. Las actrices Maria Seweryn y Kristyna Janda protagonizaron una polémica tras conocerse que fueron inoculadas antes de tiempo. A través de un posteo en Facebook, Janda declaró que decidió vacunarse tras la difusión de un documento del gobierno polaco, donde se aconsejaba dar prioridad a un grupo del mundo de la cultura para promover la inmunización. Por otro lado, el exprimer ministro polaco Leszek Miller se vacunó contra el Covid-19 cuando la prioridad era el personal sanitario.

Portugal es otro país en el que ha habido polémica con la vacunación, pero no por la cantidad de gente que se ha “colado” en el calendario, sino que por el plan de inoculación, que tiene como prioridad a políticos y altos cargos. Esto causó indignación en gran parte de la población y una ola de críticas al gobierno.

“Cada vacuna desviada para un fin que no sea esencial es una vida más que se puede perder”, dijo Cristóvão Norte, diputado del PSD, partido que lidera la oposición.

En Argentina también se optó por inocular primero con la Sputnik V a políticos y funcionarios públicos. El primero fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se anticipó al inicio simultáneo de vacunación en todo el país. Por otro lado, Alberto Fernández fue el primer presidente latinoamericano en vacunarse con el fármaco ruso. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también fue inoculada, a pesar de no pertenecer al grupo de riesgo ni ser mayor de 70 años, también con la excusa de “dar el ejemplo” a la población.