La propuesta de la oposición eleva significativamente el costo fiscal en comparación a lo ofrecido por el Ejecutivo. El avanzar hacia una renta de $600 mil por familias y un fondo pyme de US$3.000 millones significa casi US$18.000 millones extras.

Para financiarlo, los senadores del bloque mencionan distintas fuentes tanto de corto plazo como mediano plazo. En la primera mencionan que los recursos provendrán de la mayor recaudación fiscal del precio del cobre; mayor endeudamiento; uso de Activos del Tesoro Público, el Fondo de Estabilización Económica y Social y reasignación de recursos mediante la gestión temporal del financiamiento a fondos de las Fuerzas Armadas, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia.

Los expertos afirman que es un aumento significativo del gasto lo que presionará aún más las cuentas fiscales, aunque añaden que se puede financiar.

“Se trata de un monto muy grande. Si bien es financiable, lleva a que la deuda pública sobre PIB crecería bastante más rápido de lo que se ha considerado para las perspectivas fiscales o bien un mayor uso del fondo soberano. Esto determinaría que el premio por riesgo por activos chilenos volvería a subir, elevando los costos de financiamiento y la responsabilidad fiscal de Chile se vería comprometida”, sostiene el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann.

Asimismo, añade que “es importante reconocer que Chile ya ha comprometido cerca del 14% del PIB en recursos públicos, de lo más altos entre economías emergentes y comparable con lo hecho en economías desarrolladas. Se estresaría más allá de lo prudente las cuentas fiscales, con consecuentes mayores costos de financiamiento”

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, sostiene que “lo principal de la propuesta es que es un gasto transitorio y tiene que ser financiado con recursos también transitorios, y por ello, las fuentes de financiamiento están bien orientadas”. Si bien subraya que “el monto que se está considerando es relativamente alto, en la discusión política se llegará a algún número intermedio”.

Para Rojas, la economía tiene espacio para mayor endeudamiento, para usar Fondos Soberanos y utilizar los ingresos del cobre. No obstante, Rojas menciona que “las cuentas fiscales se van a deteriorar y por ello, no cabe duda que se deberá discutir cómo se recuperará la sostenibilidad fiscal, pero eso no es algo de corto plazo”.

Hernán Frigolett, académico de la Universidad de Los Lagos y asesor de la oposición, comenta que “habrá una mayor deuda relación al PIB, pero es totalmente abordable, ya que además mantiene la responsabilidad fiscal ya que se proponen medidas para una mayor recaudación de largo plazo”.

Otro punto de vista pone sobre la mesa el economista de Gemines, Alejandro Fernández, quien cuestiona la necesidad de entregar esta cantidad de recursos de esta manera en lugar de buscar otras alternativas que puedan ser más rentables. “Más allá de si es financiable o no, si se considera los montos de los recursos que ya se han transferido, incluyendo los retiros de las AFPs, parece excesivo. El monto indicado representa el 6% del PIB para ser gastado en un período corto de tiempo y si bien es financiable, creo que, tomada la decisión de gastar esa cantidad, hay usos alternativos más rentables, por ejemplo, en inversión pública que puede tener un mayor retorno, contribuir a aumentar la productividad y el crecimiento potencial y así acelerar la recuperación del empleo a través de subsidios más generosos, planes de construcción de vivienda entre otros”.

En cuanto al financiamiento, Fernández sostiene que se deberían ocupar los mayores ingresos del cobre y el resto deuda. “El FEES lo guardaría por si se hace más difícil obtener financiamiento en el mercado de deuda”.

La directora de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, comenta que “la propuesta extiende el programa de transferencias hasta septiembre. Por lo cual mi estimación me indica más bien que el costo extra es del orden de los US$12.000 millones. Si a eso se suman las otras medidas que implican gasto o bien menores ingresos, el costo total debiera estar más cerca de los US$ 18.000 millones. Lo que representa un aumento de un 20% del gasto total ya comprometido para este año”.

En ese contexto, enfatiza que “es un monto importante de mayor gasto público que en buena medida será destinado a hogares que no lo requieren. De ser así, incluso los que promueven esta propuesta entienden que con esto no hay ningún espacio adicional para mayor gasto futuro”.

La académica de la Universidad Mayor, Claudia Sanhueza, puntualiza que “si aún se necesita que las personas no se muevan, habría que evaluarlo. Parece un monto alto, pero la línea de pobreza es hoy casi $500 mil. $600 mil se acercan más al ingreso promedio que podría ser más pertinente a la clase media y así no usen sus ahorros previsionales para pagar la crisis”.

Para la economista, “sería bueno tener un subsidio como ese para complementar el objetivo sanitario, para que las personas dejen de salir de sus casas y así parar cadena de contagios. Es un gasto transitorio que es financiable. Sin embargo, la duda que tengo es si es pertinente sanitariamente hablando. En principio me da la idea que ya estamos cerca de llegar a un porcentaje de vacunados que pueda reducir significativamente el contagio”.