El CFA presentó una serie de recomendaciones para perfeccionar la regla fiscal. La primera de ellas es establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural para asegurar que las finanzas públicas operen en un marco que resguarde su sostenibilidad, ¿qué le parece el avanzar en tener un techo de deuda?

La regla fiscal, junto a metas de inflación y flexibilidad cambiaria, ha ayudado a estabilizar la economía. Pero la dinámica de la deuda y del balance previo a la pandemia era ya una alerta de que se requiere de una revisión. En particular, la regla actual provee de un ancla de corto plazo, pero le falta una guía de mediano plazo. Hay distintas alternativas para ese complemento de mediano plazo; el CFA propone un techo a la deuda neta. Ello tiene beneficios, como su simplicidad, y costos, como que puede ser atractivo para un gobierno intentar alcanzar ese techo rápidamente con políticas procíclicas. El CFA reconoce este problema en su informe y propone una definición de techo “prudente” para atenuarlo.

¿Cuál debería ser ese techo o qué variable se deberían considerar?

Me parece atractiva la idea de un nivel que no ponga en riesgo el grado de inversión. Entiendo que hacer operativa esa idea tiene complicaciones, pero toma directamente la idea de evitar los costos de un endeudamiento excesivo.

También se propone incorporar cláusulas de escape que permitan salidas ordenadas de las metas en circunstancias extraordinarias, junto con mecanismos de corrección posterior que provean una senda de convergencia fiscalmente sostenible, ¿eso es deseable y aplicable en la práctica?

Hoy día estamos aplicando informalmente una cláusula de escape sin que esté descrita como parte de la mecánica de la regla. Pero es necesario aplicarla en casos de emergencias transitorias como el que estamos viviendo hoy por la pandemia. La propuesta del CFA es importante: definir transparentemente cuándo se trata de una emergencia transitoria que requiere alejarse de la regla, y cuáles son los pasos para consolidar y corregir esos desvíos temporales. Hoy no existe un plan concreto institucionalizado de consolidación.

Se plantea mejorar los estándares de información y de proyección de los llamados “otros requerimientos de capital”, como por ejemplo, de capitalización de empresas públicas, pues ellos también inciden en el nivel de deuda, ¿esto avanza en una mayor transparencia o en sincerar el gasto público que se hace con esas empresas?

Las dos cosas. El gobierno tiene control sobre muchas variables que tienen efectos sobre el endeudamiento neto que afectan la sostenibilidad fiscal y que no quedan registradas en la regla actual. Entre ellos están los activos del Tesoro; de ahí la idea del CFA de que la regla considere la deuda neta y no bruta. También incluye la capitalización de empresas públicas y otros movimientos bajo la línea. Entonces, es relevante tanto para la sostenibilidad fiscal como para que la información sobre necesidades de financiamiento sean transparentes.

¿Ve que este es el momento de avanzar en cambios a la regla fiscal?

Sí, llevamos un buen tiempo discutiendo sobre consolidación fiscal, incluso previo a la pandemia. Tener una regla más completa nos ayudará a hacer ese proceso luego de superadas las secuelas de la pandemia. Un estado endeudado es un estado frágil, que tendrá dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía.

El CFA presentó una serie de recomendaciones para perfeccionar la regla fiscal. La primera de ella es establecer una regla dual de deuda neta y balance estructural para asegurar que las finanzas públicas operen en un marco que resguarde su sostenibilidad, ¿qué le parece el avanzar en tener un techo de deuda?

Es una medida necesaria. La trayectoria de la deuda pública no solo depende del déficit, sino también de las transacciones en activos financieros, es decir, del uso de recursos que se registran bajo la línea (como capitalización empresas públicas) y, por lo tanto, no son considerados en el déficit presupuestario. Por tanto, aplicar una regla solo al déficit no evita que la deuda pública siga incrementándose. Con respecto al concepto de deuda a considerar, lo correcto desde el punto de vista económico sería la deuda neta, es decir, la que considera los activos financieros del gobierno. La evidencia internacional muestra que, para lograr la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo, otros países también aplican objetivos de deuda a la relación deuda bruta o neta respecto del PIB.

¿Cuál debería ser ese techo o qué variable se deberían considerar?

Si bien no existe un nivel óptimo de deuda a PIB, se ha documentado que a partir de un cierto nivel de deuda, el crecimiento se resentiría. En el caso de Chile, una economía pequeña y abierta, sujeta a frecuentes shocks de términos de intercambio debido a fluctuaciones del precio del cobre, la deuda debiera ubicarse no más allá del 45% del PIB.

También se propone incorporar cláusulas de escape que permitan salidas ordenadas de las metas en circunstancias extraordinarias, junto con mecanismos de corrección posterior que provean una senda de convergencia fiscalmente sostenible, ¿eso es deseable y aplicable en la práctica?

Eventos excepcionales en la economía pueden generar respuestas inadecuadas de la política fiscal cuando esta se apega estrictamente al cumplimiento de la meta de balance, o bien terminan produciendo ajustes sucesivos y discrecionales en las metas o metodologías de cálculo de forma de “cumplir” con la regla. Esto último es lo que ha hecho Chile en los últimos años, y ha operado como al menos circunstancialmente, como una cláusula de escape de facto. Para la credibilidad de la regla, y su cumplimiento a cabalidad, es mejor sincerar estas situaciones, dejando establecido formalmente del uso transitorio de la cláusula de escape, que permitan a la política fiscal suavizar el impacto del shock y apresurar la recuperación de la economía.

¿Ve que este es el momento de avanzar en cambios a la regla fiscal?

Es más necesario que nunca. Producto de los déficits sucesivos que se observan desde 2008 la deuda pública se ha incrementado en forma importante, perjudicado la credibilidad de la regla, e incidiendo en dos históricas rebajas en la clasificación de riesgo de nuestra deuda soberana. Una vez superada la actual coyuntura, se requiere de orden en las finanzas públicas para volver a acumular los activos necesarios para recuperarla capacidad de respuesta de la política fiscal a situaciones adversas como las que estamos viviendo.