Hace dos semanas, el gobierno de Australia y Facebook zanjaron una de las mayores disputas del último tiempo. La “guerra digital” entró en la recta final cuando los legisladores australianos aprobaron la ley de negociación obligatoria que exige a las grandes plataformas digitales pagar una “remuneración justa” a los medios de comunicación por los contenidos periodísticos. La normativa tuvo consecuencias en el resto del mundo, y ahora los países de la Unión Europea (UE) buscan nuevas regulaciones a las tecnologías.

El Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales de Australia surgió después de que el Ejecutivo encabezado por Scott Morrison solicitó en abril de 2020 a la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) un código de conducta para “abordar el desequilibrio del poder entre la prensa y gigantes tecnológicos, como Google y Facebook”.

En un informe, la ACCC explicó que el interés público en la prensa disminuyó en los últimos años generando una caída en los ingresos de los medios de comunicación por la pérdida de publicidad, mientras que aumentó exponencialmente la de Google y Facebook.

En medio del debate por la legislación en el Parlamento, Facebook restringió el intercambio de contenidos de noticias en suelo australiano. De esta manera, la red social, que tiene alrededor de 17 millones de visitantes cada mes en el país, ordenó que los ciudadanos “no pueden ver ni compartir en Facebook contenidos de noticias australianas o internacionales”, lo que fue catalogado como “hostil” por el gobierno australiano.

Sin embargo, a fines de febrero, el ministro australiano de Finanzas, Josh Frydenberg, y el director general de Facebook Australia, Will Easton, anunciaron en una conferencia de prensa un acuerdo en dos puntos de disputa en la ley, que puso fin al bloqueo online.

Según la agencia France Presse, el trato alcanzado permite que tanto Facebook y Google no serán sancionados por la nueva normativa siempre que alcancen acuerdos con los medios de comunicación por el uso de sus contenidos, mientras que se estableció un plazo adicional de dos meses para sellar esos compromisos y cumplir con las nuevas directrices australianas.

El debate en torno a la ley australiana también se reinstaló en Europa. El gobierno español fue uno de los primeros en enfrentarse a Google en 2014 cuando aprobó la Ley de Propiedad Intelectual que estableció “retribuciones por artículos en los “agregadores de información”, y ahora la Moncloa comenzó a trabajar con los principales medios de comunicación del país para definir la nueva directiva de propiedad intelectual.

Una de las incógnitas del acuerdo europeo es la definición de la forma de negociación entre los medios y las grandes tecnológicas. Sin embargo, el punto que produce mayor oposición en las empresas tecnológicas es sobre si la ley garantizará la compensación económica por utilización de contenidos en “todos los resultados de búsqueda” incluso en “extractos muy breves”.

En Francia, el conglomerado de 121 medios de comunicación acordó en enero con Google un sistema mixto en el que cada participante puede negociar por su cuenta o en grupo acogerse de forma voluntaria a una “entidad de gestión de derechos”.

Según el diario El País, la directiva 2019/790 del Parlamento Europeo reconoce el “derecho conexo” de los editores a ser compensados por la utilización de los contenidos que produce, pero tiene matices con la ley española vigente en que es necesario un permiso previo de los titulares de los derechos y solo aplica para los editores de prensa.

La próxima irrupción de Google News Showcase al mercado europeo reflota la división debido a que Google está dispuesto a compensar a los editores por los artículos que utiliza en sus servicios de noticias, pero no a pagar por aquellos que aparecen en su buscador.

El European Publisher Council (EPC) en conjunto con los principales grupos de prensa de Europa y Microsoft aseguraron en un comunicado que la legislación europea debe “inspirarse de la nueva ley australiana. La solución debería incluir disposiciones de arbitraje, para garantizar que se negocien acuerdos justos”.

Aunque este no es el único punto de fricción. La Comisión Europea publicará este año la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), reglamentos que serán aplicados sin la necesidad de una legislación en cada uno de los países.