En agosto, La Tercera consultó a la Subsecretaría de Educación Superior respecto a las cifras detrás de la ley de gratuidad que comenzó a regir en 2016.

Los resultados fueron contundentes. De acuerdo con la institución, más de 789 mil estudiantes han sido beneficiados por esta política en los últimos cinco años y 68.766 alumnos habían perdido la gratuidad por exceder la duración nominal de sus carreras.

En consecuencia, para poder seguir adelante con sus estudios y según la nueva información proporcionada por la Subsecretaría de Educación Superior, el 74,6% de esos estudiantes accedió a un crédito estatal para financiar la etapa final de su carrera.

En este sentido, son específicamente 51.301 los estudiantes que, para costear la pérdida del beneficio de gratuidad, accedieron al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) o al Crédito CAE.

Así, según ejemplifican desde la Subsecretaría, un estudiante que haya sobrepasado la duración nominal de su carrera y que solicite un crédito estudiantil para financiar el primer año adicional, enfrentará una cuota mensual promedio de $ 8.100 cuando estudie en una universidad, de $ 5.700 cuando estudie en un instituto profesional, y de $ 5.667, cuando lo haga en un centro de formación técnica.

“Esto refuerza la idea que hemos transmitido desde hace tiempo, en el sentido de que estos jóvenes tienen buenas alternativas para financiar su período remanente de formación”, comenta el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

¿Qué opinan los expertos? Para la directora de bienestar y desarrollo estudiantil de la Universidad de Chile, Pamela Díaz-Romero Monreal, se están observando las primeras “expiraciones masivas” de los estudiantes que entraron bajo este financiamiento hace 5 años.

“Nos encontramos con un grupo importante de estudiantes que están expirando sus beneficios sin haber completado su titulación, lo que por cierto es un problema para la política pública, porque fue una política diseñada para financiar la formación de estos estudiantes”, añade.

De la misma forma, el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Muñoz, sostiene que “evidentemente es un contrasentido que una política que busca ampliar el derecho a la educación a través de la gratuidad, tenga como efecto un nuevo grupo de estudiantes endeudados”.

Así, el también exjefe de Educación General del Mineduc agrega que una tarea importante para los próximos años “será corregir este tipo de problemas de la gratuidad y complementarla con otras medidas sistémicas, como una revisión global del sistema de financiamiento y un plan decidido de apoyo a la educación superior pública”.

¿Qué sucede en el caso de quienes no acceden a créditos estatales? De acuerdo con el subsecretario Vargas, si bien el 100% de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad tienen la posibilidad de acceder a un crédito estudiantil (CAE o FSCU), “puede haber estudiantes que decidan financiar sus aranceles recurriendo a otras vías de financiamiento o a recursos propios”.

Cabe mencionar que la ley establece un límite de cobro del 50% del arancel regulado para todos los estudiantes que sobrepasen la duración de la carrera hasta en un año.

Las instituciones de educación superior consultadas señalan que, si bien la mayoría de los alumnos suele recurrir a créditos estatales, las becas internas han sido fundamentales para apoyar a aquellos que han perdido la gratuidad.

Por ejemplo, en el caso de la U. de Chile, hasta el 27 de agosto había 1.774 alumnos sin financiamiento y con actividades académicas pendientes. De estos, la gran mayoría accedió a los créditos estatales, y otra parte, al fondo solidario interno de la institución. Sin embargo, señalan que existe un 43% de estudiantes que perdieron sus beneficios y que actualmente no tienen acceso a otro tipo de financiamiento.

En la misma línea, el director de admisión y financiamiento estudiantil de la Pontificia Universidad Católica, Juan Echeverría, señala que es normal que los estudiantes terminen costeando sus últimos semestres a través de créditos estatales o a través de los beneficios que otorga la universidad.

Asimismo, explica que para el caso de estudiantes con brechas académicas significativas, la universidad recomienda un desarrollo curricular distinto, que considera actividades de nivelación e inscripción de un menor número de cursos en los primeros semestres. Por lo mismo, agrega, “la universidad les financia la mayor duración de sus estudios mediante becas ese tiempo adicional”.

“Es importante destacar que en ningún caso los estudiantes quedan descubiertos, siendo el objetivo de esta política asegurar que ningún estudiante termine abandonando sus estudios en la UC por falta de acceso de financiamiento”, detalla.

Por otra parte, el director de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, David Letelier, señala que los estudiantes que pierden la gratuidad “reciben la asignación del Fondo Solidario de Crédito Universitario con financiamiento de la propia institución. Esta asignación es automática por el 100% del arancel”.

En el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la directora de desarrollo estudiantil, Sandra Gaete, explica que, durante el 2020, el 7,8% de sus estudiantes beneficiados perdió la gratuidad. Para enfrentar esto, además de los créditos estatales, la universidad cuenta con un beneficio arancelario interno al cual pueden optar todos quienes no reciban apoyo ministerial.

Así, concluye que “se promueve la posibilidad de que todo aquel alumno o alumna que requiera cubrir su arancel de carrera por término de beneficio arancelario Mineduc pueda continuar con sus estudios sin inconvenientes económicos”.