Derechos de la naturaleza y vida no humana; soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina, y el reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad. Esas son algunas de las materias que quedaron contempladas -tras ser aprobadas por el Pleno- en el temario mínimo que debatirá la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico del órgano constituyente.

Y es el alcance de esa discusión lo que mantiene inquietos a sectores moderados y de derecha en la Convención Constitucional y, asimismo, a distintos abogados constitucionalistas. Sobre todo, porque la composición de la instancia permite proyectar, para algunos, un complejo resultado en torno a normas constitucionales tan relevantes como el modelo de desarrollo.

“La comisión es importante, sobre todo, desde la perspectiva de la Constitución actual, que se sostuvo en la idea de una Constitución económica. Es decir, el ADN de la Constitución actual estará a cargo de esta comisión. Pese a eso, lo que uno ve es que el eje articulador de la centroizquierda no le dio relevancia política. El Frente Amplio no tiene un representante claro y tampoco el Colectivo Socialista. Ellos priorizaron otras instancias”, dice el abogado Tomás Jordán, agregando que se advierte una “preeminencia” por sobreponer la defensa del medio ambiente por encima del desarrollo.

El jurista apunta al hecho de que la instancia quedó integrada por 19 convencionales que, en su mayoría, se declaran como ecologistas y han sido activistas por diversas causas relativas a la crisis climática.

Es el caso de sus coordinadores, Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y Juan José Martín (Independientes Nueva Constitución). La primera es egresada de Derecho de la Universidad de Chile y, según ha declarado, ha enfocado su carrera en el derecho ambiental y animal y desde 2013 participa en el “Movimiento por el agua y los territorios”. Mientras que el segundo también se define como activista social y ambiental.

Como ellos, otros nueve del total de los miembros de la instancia forman parte del colectivo “eco-constituyentes”. El grupo, que impulsó la propia Zárate al interior de la Convención y que ya cuenta con al menos 30 constituyentes, ha planteado -entre otras cosas- pasar a un modelo económico posneoliberal y posextractivista que impida que la propiedad privada se sobreponga ante el bien común y que la naturaleza deje de ser vista como un mero objeto sino que un sujeto de derecho.

Entre ellos se encuentran los convencionales Nicolás Núñez (Apruebo Dignidad), abogado y ecologista; la representante colla Isabel Godoy; la convencional de Movimientos Sociales, Carolina Vilches, activista hace más de diez años en el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima). Su par Gloria Alvarado (Movimientos Sociales), a su vez, ha ejercido como presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), secretaria de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la Región de O’Higgins (AGRESAP) y gerente de la Cooperativa de Aguas El Patagual de Pataguas Cerro.

En la misma línea, se suman el ecologista y ambientalista Fernando Salinas (Pueblo Constituyente); la ingeniera civil química y doctorada en energías renovables, Carolina Sepúlveda (INN); el biólogo Jorge Abarca (INN), y las integrantes de Pueblo Constituyente Ivanna Olivares (también de Modatima) y Constanza San Juan (Comité Mixto), vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares.

En palabras de Jorge Barrera, profesor de la Facultad de Derecho de las universidades de Chile y San Sebastián, “con el nombre de la comisión podemos adelantar que el establecimiento de derechos de la naturaleza será una de sus propuestas de texto, en semejanza con lo que ocurre en otros países, como Ecuador”. En este sentido, el abogado precisa que “será interesante ver qué rol le asignan a la persona humana dentro de este nuevo marco y en relación a la naturaleza misma, y cómo van a compatibilizar dichos derechos con otros ya existentes y garantizados en su mayoría a través de tratados internacionales, los cuales constituyen un límite al nuevo texto”.

Uno de los integrantes de centroderecha de la instancia, el abogado y exintendente de Antofagasta (2012 - 2013), Pablo Toloza (UDI), coincide con Barrera en que ese aspecto será complejo y suma, por ejemplo, la problemática en materia de agricultura respecto de la aspiración de ciertos sectores de terminar con el monocultivo. Sin embargo, Toloza es optimista, pues estima que “se van a superar las diferencias y la ciudadanía va a manifestarse en las audiencias públicas en el sentido que sí queremos un medio ambiente libre de contaminación, sustentable, pero no puede ser a costa del desarrollo en el país, porque el desarrollo es el que da sustento a los derechos sociales”.

De ese modo, dice que “es diferente cuando planteas esto desde un punto de vista de la filosofía o de la teoría a cuando tienes que llevarlo a la práctica y te das cuenta que tu propósito va a ir en contra del desarrollo de las personas. Eso puede modificar tu opinión respecto al tema”, para lo que –subraya- “tienes que poner el diálogo por sobre la ideología”.

En el sector de centroderecha, además de Toloza, integrarán la instancia el subsecretario de Hacienda y ministro de Energía en el primer gobierno de Piñera, Rodrigo Álvarez (UDI); el economista Bernardo Fontaine (independiente-RN), y el exseremi de Minería Roberto Vega (RN).

Los integrantes de centroderecha califican de “caricatura” que busquen “defender el modelo” y destacan que su interés es resguardar la libertad económica y propiciar el desarrollo sustentable y sostenible, por tanto, con respeto al medio ambiente.

De acuerdo a Fontaine, la discusión será “muy compleja. Necesitaremos conversar mucho para entender posiciones y aprender experiencias de unos y otros. El desafío es compatibilizar la libertad económica, necesaria para el desarrollo, con normas justas y eficaces que resuelvan los conflictos con otros derechos, así como redactar una Constitución con respeto a la realidad. Por ejemplo, que podamos vivir y crecer con el medio ambiente y no a costa de él”.

El profesor de derecho constitucional de las universidades de O’Higgins y Alberto Hurtado, Sebastián Salazar, apunta que “la discusión económica en esta comisión está viéndose centrada, principalmente, a una labor más que nada de una actividad productiva, que está muy vinculada con el tema de los recursos naturales (…) Pero, está un poco al debe con lo que va a pasar con la conceptualización de las libertades de empresa, el derecho de propiedad y las limitaciones de la función social. La parte que más me complica es el sistema financiero fiscal respecto a la discusión sobre la ley de presupuesto, la discusión sobre el sistema tributario, etc. Ahí vemos que, a lo mejor, esas discusiones que son fundamentales, por ejemplo, para financiar derechos fundamentales, no solo sociales, no sean debidamente abordados, porque la hegemonía de la discusión va a girar en clave medioambiental”.

En ese sentido, destaca que en la instancia “hay dos posiciones ideológicas antagónicas”, por lo que el desafío será compatibilizar las diferentes visiones para “encontrar un equilibrio, teniendo en consideración la situación climatológica, la situación del agua y los desafíos que tenemos como país para los próximos años, en que hay un modelo de desarrollo que está agotado y no tenemos los acuerdos transversales suficientes para reimpulsar un nuevo modelo de desarrollo”.