A las 10 de la mañana de La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) inició este jueves la sesión para dar el veredicto sobre el Caso Ongwen, excomandante que participó del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en Uganda, grupo de rebeldes armados creado en 1987 que, según la ONU, es responsable de la muerte de 100.000 personas y el secuestro de 60.000 niños durante 20 años de insurgencia.

El LRA fue fundado por Joseph Kony, un profeta católico autoproclamado que buscaba establecer en Uganda un Estado basado en la Biblia, cuyas acciones se extendieron además a Sudán, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

Dominic Ongwen, quien fue secuestrado por el LRA cuando era menor de edad, enfrentó acusaciones por 70 cargos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, específicamente por actos cometidos en los campos de refugiados de Abok, Ludoki, Pajule y Odek, entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005 en el norte de Uganda, entre los que se incluyen tortura, homicidio, esclavitud, mutilaciones, violaciones, entre otros.

El excomandante fue declarado culpable de 61 de estos cargos “más allá de toda duda razonable”, que engloban “ataques contra la población civil”, incluidos asesinato, tortura, esclavitud, ultrajes a la dignidad personal y destrucción a la propiedad personal. En cuanto a delitos sexuales y de género, se cuentan esclavitud sexual, matrimonios forzosos, violaciones y tortura a siete mujeres que fueron forzadas a vivir con él. Además, se suma el crimen de guerra de utilizar niños de 15 años para participar activamente en las hostilidades cometidas por el LRA. La CPI recordó que el veredicto puede ser apelado durante los próximos 30 días.

“(El fallo) es histórico, porque es la primera vez que la CPI condena a alguien por matrimonio forzoso, es importante para el reconocimiento de los delitos de género y sexuales en el derecho penal internacional”, explicó a La Tercera Francisco Cox, único abogado chileno que ha litigado en la CPI y que es parte del equipo que asumió la representación de 2.606 víctimas de Ongwen. “Un gesto que me pareció destacable por parte del tribunal fue que en la medida que pudieron individualizar a cada víctima, los y las nombraron, que es una forma de reconocimiento al sufrimiento que vivieron esas personas y sus familiares”, comentó.

Además, según el abogado, la contundencia del fallo es histórica. “De los 70 cargos que se presentaron, fue condenado por 61, el número más alto hasta el momento de las sentencias que ha existido en la CPI”. Por otro lado, relata que “distintas personas fueron a ver el veredicto a sus comunidades en Uganda”.

La defensa de Ongwen presentó 54 testigos y sostuvo su inocencia basándose en daños psicológicos desatados por el secuestro sufrido cuando tenía alrededor de nueve años a manos del LRA, que lo convertía en perpetrador y víctima. Sin embargo, el juez Bertram Schimtt declaró que “no ha hallado pruebas que apoyen la afirmación de que sufría ninguna enfermedad o desorden mental durante el período relativo a los cargos o que cometiera estos crímenes bajo amenazas o torturas”. Es la primera vez que ante la CPI comparece a alguien que ha sido víctima y presunto autor de crímenes de lesa humanidad.

La Corte Criminal Internacional emitió una orden de arresto contra Ongwen en 2005, quien finalmente se entregó a la justicia de la República Centroafricana en 2014. El juicio se inició el 6 de diciembre de 2016, luego de que los cargos fueran presentados por la Fiscalía casi un año antes.

Ongwen es el primer miembro del LRA en ser procesado por la CPI. La sentencia se leerá en otra fecha estipulada por la Corte, pero puede dictaminar hasta 30 años de prisión.