La trama del cierre de la Universidad La República (Ulare), que enfrenta una “grave crisis institucional”, está lejos de acabar. El 8 de junio, la Superintendencia de Educación Superior contestó ante la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de ilegalidad que presentó la institución en contra de la Resolución Exenta N°165 del 29 de marzo de 2021, que recomendó la revocación del reconocimiento oficial y la reubicación de sus estudiantes. En el documento -que cuenta con 71 páginas- la autoridad adjuntó el acta de la asamblea de socios del 26 de abril pasado de la casa de estudios que históricamente ha sido asociada a la masonería. En el litigio, la autoridad develó por primera vez las palabras del entonces presidente de la asamblea de socios, Leandro Carvallo, histórico militante del Partido Radical y masón.

Según consta en el acta, el expresidente de Ulare explicó “con detalle los motivos por los cuales se opuso al ingreso de los posibles inversores, el Grupo Bartsch (nunca hubo un compromiso de aportar capital) y el señor César Valdivia, arrendador de dos inmuebles que ocupa la sede Ñuble en Chillán (quien estaba disponible para invertir en la universidad en la medida en que la universidad le reconociera el total de su demanda de $ 750 millones”.

Además, dijo a la junta directiva que “no teníamos certeza de que este señor iba a invertir y habríamos estado endeudando más a la universidad en una cobranza exagerada), y además, porque los directores consideraron que había sido violento en sus expresiones cuando se entrevistaron con el subsecretario de Educación (Juan Eduardo Vargas)”. Por otro lado, dijo haber recibido una carta de una agrupación de exalumnos y otra de los directores de sede en que le solicitaron lo mismo, por lo tanto, consideró que por sus años de edad y por salud, era atendible dar este paso al lado.

El presidente de la junta directiva dejó constancia, además, que “nunca se opuso al ingreso de un inversionista, sólo fue cauteloso con los intereses y derechos de la universidad y no podía llegar y admitir a una persona sin que esa persona diera seguridad de que efectivamente iba a invertir en la universidad”.

No obstante, el hecho más sorpresivo ocurrió cuando en medio de la reunión el directivo recibió el agradecimiento del rector Fernando Lagos (PPD) por “el tremendo esfuerzo, dedicación, compromiso, trabajo, asesoría y orientación”.

Hoy, la Universidad La República acumula pasivos por $ 13.919 millones, mantiene un déficit financiero de $ 1.847 millones y al mes de octubre de 2020 la institución se encontraba demandada por concepto de obligaciones provisionales impagas por más de $ 5.000 millones. Es decir, no pagaba las cotizaciones previsionales ni de salud a sus propios trabajadores y docentes.

Constanza Pacheco, representante de los estudiantes, explicó que “estuvimos al tanto de aquel tema, sin embargo, eso lo trata la junta directiva, y nunca nos manifestamos contrarios al ingreso de un inversionista”. Con el cierre de la universidad poco más de tres mil estudiantes deberán ser reubicados.

Frente a las palabras del expresidente, el socio Hernán Cárdenas -masón y director de Inmobiliaria La República- valoró la autocrítica y dijo que la junta directiva debe hacer lo mismo, “porque cuando él fue director por seis meses nunca lo apoyó cuando solicitó la intervención de la rectoría que manejaba mal Alfredo Romero, quien nunca le entregó información y documentación de ningún tipo y por este motivo renunció”. Agregó que, a su juicio, “no es momento de renunciar”, esto en alusión al paso al costado que dio Leandro Carvallo, quien ahora junto a su hija Macarena -ambos abogados- lideran la arremetida legal para evitar el cierre.

Al finalizar, el socio Carlos Urzúa “agradeció a Carvallo todo lo que ha hecho por la universidad, la defensa en los juicios, la recuperación del inmueble de Agustinas 1889 donde funciona la casa central, agradece todo su compromiso y colaboración durante todos estos años, y sabe que seguirá colaborando con la universidad”. De igual manera, el socio Osvaldo Correa señaló que los cuestionamientos que se pudieron haber celebrado en la junta directiva bajo ningún escenario ponen en duda el aporte que cada uno ha hecho a la trayectoria de esta universidad”, consignó el acta.

Si el escenario que se abría para la Ulare era sombrío después del acuerdo del Consejo Nacional de Educación (CNED) que decretó el cierre de la institución, ahora el panorama es peor. Esto, luego de que el pasado 4 de junio el Ministerio de Educación emitió el Decreto Exento Nº 480 con el cual canceló la personalidad jurídica y revocó el reconocimiento oficial de la casa de estudios. El proceso de notificación terminó ayer y finalmente el documento que viene a ser la hoja de ruta para la institución se hizo público.

La Tercera accedió a dicha resolución que establece que el cierre definitivo de la universidad regirá a partir del 31 de diciembre de 2026, con el objeto de finalización de los procesos académicos y de titulación de los alumnos de dicha institución, sin perjuicio de que el Ministerio de Educación podrá extender el plazo por un máximo de 24 meses.

Entre las razones que expuso el Mineduc para fundar el cierre está el bajo porcentaje de estudiantes de Ulare que se titulan de acuerdo a los plazos establecidos. Solo el 7,6% de los estudiantes se titula en el período formal de la carrera.

Con todo, la universidad no podrá admitir ni matricular nuevos alumnos en ninguno de los programas o carreras que importa, desde la total tramitación del decreto. Los estudiantes de la universidad que sigan cursando sus estudios tendrán derecho a mantener las becas, créditos y otros beneficios que contempla el sistema de educación superior.

Mientras, la Universidad La República redobló sus esfuerzos en su arremetida judicial para evitar su cierre. El pasado 6 de junio presentó un recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Educación, reiterando sus dardos en contra de la Superintendencia de Educación, a la que acusó de llevar adelante una “persecución en su contra”.

En su escrito sostuvo que a la casa de estudios se le acusa por hechos “falsos e inventados por distintos funcionarios públicos que han intervenido directa e indirectamente en esta seguidilla de situaciones encaminadas a impedir que la Ulare siga funcionando por cuestiones ideológicas más que por los hechos que han querido destacar, como también reiteradamente lo han dicho, incluso, la mayor parte de los senadores del país, de todas las tendencias políticas, y 94 diputados, que mediante acuerdos de sus respectivas corporaciones han solicitado al gobierno que cesen con las hostilidades hacia nuestra universidad”.

“Vivimos aciagos y duros momentos por el empecinamiento de estas autoridades a las que nada les sirve que nunca hayamos lucrado con la educación, pues la consideramos un derecho y no un bien de consumo transable en el mercado, como muchos de ellos, por desgracia para la educación chilena”, remató.