Cientos de manifestantes bloquearon el puente de Westminster en Londres el lunes en la noche, cuando se reunieron para criticar el polémico proyecto de ley antiprotestas presentado por el gobierno de Boris Johnson la semana pasada.

Los activistas del colectivo Reclaim These Streets (Recupera Estas Calles) se trasladaron después a las afueras de Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, coreando “qué vergüenza” y “nuestras calles”. Se sentaron en la calle gritando “no nos silenciarán”, mientras los policías observaban.

Finalmente, la noche terminó con una vigilia en Parliament Square para rendir homenaje a Sarah Everard, una joven que fue secuestrada en Londres y apareció muerta en Kent unos días después. El principal sospechoso por el secuestro y asesinato de Everard es Wayne Couzens, un agente de Scotland Yard.

Este caso, que ha conmocionado a Reino Unido, ha hecho que el nuevo proyecto de ley genere más molestia entre los británicos. David Lammy, secretario del Interior de la oposición, dijo que la muerte de Everard había “instigado una demanda nacional de acción para hacer frente a la violencia contra las mujeres”, lo que llevó al Partido Laborista a votar en contra del proyecto, que incluye controles más estrictos sobre cuándo se pueden llevar a cabo las reuniones y límites sobre la cantidad de ruido que pueden hacer los manifestantes.

La nueva legislación se debatirá en el Parlamento británico esta semana, y los conservadores prometieron que incluiría sentencias más duras para los asesinos de niños y los delincuentes sexuales. Sin embargo, la parte más polémica es la que otorga a la policía más poderes para controlar a los manifestantes.

Aunque los laboristas tenían la intención de abstenerse en un principio, a raíz de la represión policial en la vigilia para Everard el sábado, dijeron que “no era el momento para apresurarse a tomar medidas mal pensadas para imponer controles desproporcionados a la libre expresión y la protesta”.

Algunos grupos de libertades civiles también han expresado preocupación por una cláusula del proyecto que prohíbe que los manifestantes causen “molestias graves”, un concepto que dicen que está mal definido en la ley.

Amanda Milling, la presidenta de los conservadores, defendió la nueva medida, señalando que el Partido Laborista estaba “tratando de bloquear nuevas leyes estrictas para mantener a las personas seguras, incluidas muchas medidas vitales para proteger a las mujeres de los delincuentes violentos”. Sin embargo, Jess Phillips, ministra en la sombra para la violencia doméstica, dijo que el ataque de Milling era “repugnante y falso”, ya que el proyecto de ley en discusión “no hace absolutamente nada para aumentar las sentencias para violadores, acosadores o aquellos que golpean, controlan y abusan de las mujeres”.

“Lo que sucedió en los últimos días ha centrado la atención de muchos colegas en lo que [la ley] podría ser, no solo en lo que es en este momento, por lo que estamos en el lugar correcto ahora”, dijo un diputado laborista a The Telegraph sobre la oposición del partido al proyecto actual.

Aunque las críticas preocupan a los conservadores, el sector en general está convencido de que es la medida correcta. “Creo que verá a muchos conservadores expresando algunas dudas, especialmente sobre las ‘molestias graves’, pero no creo que vean una rebelión masiva contra el proyecto de ley”, dijo el parlamentario conservador Steve Baker a The Telegraph, asegurando que “es necesario para hacer frente a las nuevas tácticas radicales de los manifestantes políticos”.

El proyecto de ley de policía, crimen, sentencia y tribunales presentado por el gobierno en la Cámara de los Comunes el martes pasado busca dar más poder a la policía para proteger al público y a ellos mismos, introducir sentencias más duras y mejorar la eficiencia de las cortes y tribunales.

En cuanto a las protestas, la policía podrá imponer horarios de inicio y fin en manifestaciones estáticas, lo que ya pueden hacer actualmente con las marchas, y podrán intervenir cuando el ruido interrumpa las “actividades de una organización” o tenga un “impacto relevante en las personas de las inmediaciones”.

La ministra del Interior, Priti Patel, ha defendido el proyecto señalando que la legislación de orden público vigente fue aprobada en 1986, y ya no es adecuada para gestionar protestas modernas como las del movimiento social y medioambiental Extinction Rebellion (XR) o Black Lives Matter.

Sin embargo, los críticos del proyecto piensan que otorga demasiado poder al secretario del Interior y la policía. Más de 150 grupos han advertido que la ley tendría un efecto muy perjudicial sobre las libertades civiles, y han acusado al gobierno de aprovecharse de las condiciones creadas por la pandemia para dañar permanentemente el derecho a la protesta.

Otro elemento que genera molestia es que la pena máxima de 10 años de cárcel para las personas que dañan una estatua es más de lo que muchos hombres reciben por abusar sexualmente de una mujer o violarla.

Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson insiste en que las medidas incluidas en el proyecto no socavan la libertad de expresión, sino que “equilibran los derechos de los manifestantes con los derechos de los demás a realizar sus actividades sin obstáculos”.