El mismo día que la fiscal Lorena Parra era elegida por el fiscal nacional Jorge Abbott para dirigir durante los próximos ocho años la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el viernes 3 de septiembre, la máxima autoridad del Ministerio Público decidió de inmediato sacar de esa repartición la investigación por presunta corrupción que involucra al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y que hasta ese entonces se tramitaba en la Unidad de Alta Complejidad. La reasignó al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.

La situación generó un ruido interno, ya que mientras la abogada lideraba la terna que conformaron las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel -junto a la directora ejecutiva de la Fiscalía Occidente, Rocío Berríos, y el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda- se viralizó en círculos de abogados y del propio Ministerio Público una fotografía en que la fiscal Parra aparecía junto al exjefe comunal en una de las tantas actividades de coordinación entre la Fiscalía Oriente y la Municipalidad de Vitacura.

Fue entonces cuando se puso en entredicho si tal cercanía podía afectar el principio de objetividad de la investigación que ya contaba con una orden de entrada y registro, visada por la justicia, no sólo a las dependencias del municipio -hoy encabezado por Camila Merino (Evópoli)-, sino que también al propio domicilio particular del “Tronco” Torrealba, apuntándolo como imputado de presunta malversación de caudales públicos. Esto, tras un testimonio clave de una funcionaria de Vitacura que señaló que debía entregar sobres con millones en efectivo al exjefe comunal.

Consultadas fuentes del Ministerio Público, descartaron de plano una relación de amistad entre la fiscal regional Oriente y el exalcalde. Lo que sí reconocieron era una “estrecha relación profesional en los consejos de seguridad del municipio”. De hecho, en los últimos cinco años en que Parra fue jefa de la Fiscalía Local de Las Condes le tocó integrar estas instancias, por lo que por un tema de “transparencia” se decidió reasignar al equipo investigador.

Otra fuente consultada explicó que además la decisión de Abbott pasó porque entre la Fiscalía Oriente y particularmente la administración de Torrealba hubo mucha cercanía, se suscribieron convenios e incluso muchas veces la Municipalidad de Vitacura facilitó sus instalaciones al Ministerio Público, lo que llevó entonces al fiscal nacional a alejar el caso de esa repartición.

Esto, sin embargo, no sucedió en el caso que ahora involucra a la Municipalidad de Las Condes y Lo Barnechea. Estos habrían llegado de forma inmediata y directa a manos del fiscal jefe de Alta Complejidad Felipe Sepúlveda, y nunca habrían pasado por las manos de la fiscal Parra. Esa sería la distinción, por lo que hasta el momento ambas indagatorias se mantendrían en la repartición que indaga delitos de la zona oriente de la Región Metropolitana.