Eugenio Tuma representó a La Araucanía en el Congreso durante 24 años. Fue senador y diputado por cuatro periodos consecutivos por esa zona y hoy, a sus 75 años, se postula por el PPD para la gobernación regional. Tras una serie de atentados que muestran una agudización del conflicto, el candidato asegura que lo que se vive en la región tiene una razón de fondo: “La indiferencia que ha tenido el Estado con las demandas y su incumplimiento de compromisos”. Ante el anuncio del Presidente Piñera de darle un reimpulso a la agenda de seguridad que duerme en el Congreso, Tuma cree que se deberían aprobar las leyes antiusurpación de predios y antirrobo de madera, pero recalca que el camino es otro.

¿Por dónde se vislumbra alguna solución a lo que ocurre en la zona?

Son varios niveles. Una solución inmediata es aprobar una ley de urgencia que penalice la usurpación. Tu entras a un predio de alguien, te saca Carabineros y te vas para tu casa, porque no hay proceso, no hay delito, no está penalizado. Pero eso no resuelve el tema, es un distractor, es puro humo. El tema de fondo es político y ninguna de las leyes que envía el Presidente resuelven el conflicto de fondo.

¿Qué más se debería hacer?

Se aprobó la ley indígena que establece la creación de un fondo de tierras donde el Estado compra, sin embargo, ha sido mezquino en otorgar presupuestos. Lo que ocurrió el año 2020 es increíble: no ejecutaron el presupuesto, es más, devolvieron 34 mil millones de pesos a la Dipres. Hay varios centenares de comunidades que ya tienen la aplicabilidad, pero el Estado no compra. Llevan cinco, 10, 15 años esperando.

¿Qué rol tiene la Conadi acá?

La Conadi tiene la obligación de cumplir con la ley, se les dio el presupuesto, no cumplieron. Esto también es una decisión que es parte de la visión política de este gobierno. Aquí hay un incentivo perverso que el Estado ha estado provocando en el mundo indígena.

¿Ve que ha ido cambiado el foco del conflicto?

Ya no es solamente la recuperación de las hectáreas que faltaban para completar el título de merced, ahora hay una decisión política que ha tomado un sector más radical. Eso está avanzando en la medida en que el Estado no reacciona, no hace nada para incluir al mundo indígena y cumplir con el documento “Verdad Histórica y Nuevo Trato” establecido bajo el gobierno de Lagos, que está guardado. La causa de la violencia hoy día tiene que ver con la indiferencia que ha tenido el Estado con las demandas y su incumplimiento de compromisos.

¿Hay otros factores?

Sin duda, aquí hay delincuentes; sin duda, aquí hay narcotráfico; sin duda, detrás de esto hay robo de madera, pero no pueden desconocer que la causa principal de esto tiene que ver con la deuda del Estado con el mundo indígena. Seguimos ocultando la deuda que tiene el Estado con la excusa de que hay delincuentes. Pero no me cubran con una sombra un tema central que son las tierras. Hay que separar los conflictos. Pero los dos existen.

¿Cree que se puede dar una guerra civil, como lo planteó la senadora Carmen Gloria Aravena?

Estamos a punto.

¿Cómo se saca este estigma de violencia en el que está sumida la región?

Imponiendo el estado de derecho y cumpliendo el Estado con la ley, que le dice que debe restituir tierras.

¿Hay terrorismo o se trata de episodios de “violencia rural”?

Hay actos que producen terror. El estándar que tienen los tribunales para cumplir el requisito para definirlo como terrorismo es una cosa y los actos que producen terror son otras.

¿Se debería avanzar judicialmente para definirlos así?

Debería revisarse la legislación respecto de cuáles son los estándares que se exigen para ello, pero la persecución, la penalización, la militarización o soluciones policíacas no son el camino. Ese es un efecto, es una consecuencia, pero la causa está en el comportamiento del Estado.

¿El acuerdo anunciado por el Presidente rendirá frutos?

Muy tarde. Hace un par de años que debería haber llamado a un acuerdo nacional, pero no comparte el poder. No obstante, creo que tienen que unirse las voluntades para lograr disposiciones que permitan lograr el inicio del camino a la paz en La Araucanía.

Usted pertenece a la oposición. ¿Qué hizo cuando estuvo en el Congreso?

Cuando hablaba este tema en la Cámara o en el Senado, resultaba folclórico para las autoridades nacionales, era un tema de la Región de La Araucanía, marginal, no era un tema de Estado y nunca ha sido tema de Estado.

¿Qué autocrítica hay?

Tenemos que asumir lo que no hicimos como gobierno. No realizamos un avance en las propias recomendaciones que el Presidente Lagos logró.

¿Qué rol puede cumplir un gobernador regional en este conflicto?

Representar e importar la visión que tiene la región con los criterios y verdades que no se conversan en Santiago. La opinión colectiva de la región es que esto no da para más.

Si resulta electo, ¿en qué eje enfocaría las medidas que estén en sus manos para impulsar una solución?

Que se cumpla la ley que está rigiendo y que afecta a los sectores en materia de compra de tierras, luego el desarrollo económico, ya que las comunidades que compraron están abandonadas; ponerles agua, ya que hay comunidades que no tienen ni siquiera para beber. Y el fomento productivo regional.