Seis fueron las instrucciones que acordó el pleno de la Corte Suprema para fortalecer la seguridad de los jueces y funcionarios judiciales de Cañete, comuna ubicada en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío. Esta es una de las localidades de la denominada “zona roja”, en la Macrozona Sur, donde los hechos de violencia rural han recrudecido durante este año.

El máximo tribunal ordenó: mantener el trabajo telemático en todos los tribunales de la zona afectada, evaluar la posible entrega de una asignación de riesgo, oficiar a las policías para entregar más resguardo en los tribunales, notificar a los ministerios del Interior y Justicia, crear una mesa de trabajo para buscar soluciones colaborativas e instruir a la Corte de Apelaciones de Concepción velar por la seguridad de los funcionarios.

La decisión se tomó luego de recibir un informe elaborado por el ministro visitador de la Corte de Concepción, Arturo Prado Muñoz. El magistrado conversó con los funcionarios judiciales de Cañete y mantuvo una serie de reuniones para formarse un panorama de lo que ocurre en la zona, tras recibir un reporte de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud).

El informe -al cual accedió La Tercera- revela los temores de los funcionarios judiciales de la zona y cómo es convivir con la violencia rural, en medio de audiencias de formalización y juicios. “Como es de público conocimiento, el denominado ‘conflicto de La Araucanía’ ha cobrado cada vez una mayor intensidad en lo referido al uso de la violencia y a las repercusiones de las manifestaciones, en la tensión y agobio que prosiguen a continuación”, parte señalando el texto remitido por el supremo al presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva Gundelach.

Esta situación, dice el ministro visitador, “afecta precisamente la agenda cotidiana de los tribunales de la comuna y su normal desempeño, aspectos en los que solicito fijar vuestra atención”. Se mencionan así algunos casos, hasta ahora, no tan conocidos.

Prado expuso que el día viernes 24 de abril fue informado de un ataque incendiario a la casa de un exjuez de la zona. Ante la amenaza que significaba esto, el magistrado, quien se había desempeñado por 15 años en Arauco, decidió retirarse del lugar.

Otro caso relatado por el juez fue lo que pasó el 9 de julio de este año: ese día se “destruyó en su integridad” la casa del exfiscal Luis Morales, luego de un violento ataque incendiario. Otro de los hechos consignados en el documento son los ocurridos el 8 de julio, los que fueron catalogados como un “perturbador episodio”.

“Se estaba desarrollando audiencia de juicio oral (...) de manera semipresencial, con asistencia de cuatro funcionarios del tribunal, dos acusados, un defensor y testigos, más personal de aseo y guardias, audiencia que comenzó normalmente a la hora programada, sin perjuicio de que se mantenía monitoreo respecto de la situación en el exterior, lo que fue advertido a los intervinientes. Siendo aproximadamente las 12.10 horas, una turba de aproximadamente 100 personas procedió a atacar el edificio con piedras y hondas, por lo que se detuvo la audiencia, se verificó la situación de todos los presentes en el edificio y se dispuso proceder conforme al protocolo de seguridad, trasladándose todos los presentes a la zona de seguridad predefinida, sin que resultara afectada la integridad física de los presentes”, citó el magistrado, adjuntado el oficio reportado por el tribunal.

Para analizar lo ocurrido durante este último tiempo, el Poder Judicial citó a una reunión a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Matilde Esquerré; el ministro (S) visitador de la Corte de Apelaciones, los tres jueces de los Juzgados de Cañete, y principales autoridades de la zona, como fiscales, Carabineros y PDI. El ministro Prado quedó con la siguiente sensación: “Escuché y recogí las impresiones de los intervinientes, donde la palabra que reiteradamente se repetía y utilizaba era ‘miedo’. Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio”.

Cañete es una comuna pequeña, expuso el juez, donde existe poco comercio, dos farmacias, un supermercado y muchos encuentros comunes que discurren en aquellos lugares, por lo que día a día se arrastra la incertidumbre si acaso habrá nuevos atentados; si podrán trabajar tranquilos en forma presencial o a distancia.

Prado recordó de su diálogo con las autoridades que “varios funcionarios han sufrido ‘encerronas’ durante el traslado a sus hogares, no obstante vivir a minutos de los juzgados. “Se expone el caso de la jueza de Letras, que tiene que circular en un vehículo blindado, o el caso de un juez de garantía que no encuentra arriendo disponible -‘quién querría arrendarle a un juez’-, y muchos testimonios de sucesos del día a día que los hacen trabajar con el fantasma del temor”, se lee en el reservado informe.

Pese a todo esto, el ministro destacó que existe una buena coordinación con Carabineros y la PDI, aunque estos, según el magistrado, ”no cuentan ni con la dotación ni con la disposición de carros blindados suficientes -sólo cuentan con tres- para garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios, sino que de los intervinientes, los que en más de una oportunidad han debido quedarse varias horas atrapados al interior del tribunal, ya que salir se torna una aventura riesgosa e insegura”.

Todos estos antecedentes sirvieron para que el pleno de la Corte Suprema dispusiera las medidas de protección para los funcionarios de Cañete. En 2021, la violencia rural ha aumentado en un 94 %.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se manifestó un tanto molesto con los escenarios que se están viviendo en la “zona roja” y apuntó a que cuando el gobierno está preocupado por la seguridad en la macrozona eso incluye a todos quienes son parte del sistema.

“Hay que terminar con las relativizaciones. Cuando se pregunta por los medios, yo me pregunto por qué son necesarias más de 400 medias de protección en la Macrozona Sur. ¿Por qué es necesario que haya un refuerzo de Carabineros? ¿Por qué es necesario que hayamos gestionado más de 20 carros blindados para Carabineros en la Macrozona Sur? Bueno, yo voy a responder esa pregunta. La razón por la cual Carabineros requiere de vehículos blindados para operar en la Macrozona Sur y por la cual se decretan medidas de protección por parte de los órganos jurisdiccionales es porque hay personas dispuestas a matar en la Macrozona Sur escudándose o escondiéndose detrás del pueblo mapuche, lo que han hecho personas dedicadas al narcotráfico, como la persona que pasó al control de detención y que lamentablemente por una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco quedó en libertad después de habérsele incautado en su domicilio 500 plantas de marihuana, un revólver, municiones y más de $ 4 millones en efectivo en un operativo que significo que fuera asesinado un inspector de la PDI en el ingreso, cumpliendo nuevamente una orden judicial”, expresó.

En ese sentido, la autoridad profundizó y sostuvo que “las órdenes judiciales no se pueden cumplir telemáticamente. Las órdenes judiciales se cumplen en el terreno y por las fuerzas judiciales, y por eso es que hemos dotado a las fuerzas policiales de vehículos blindados, porque al igual que la persona que murió en Carahue luego de haber cometido un atentado incendiario portaba un fusil de guerra. Un fusil de guerra que es capaz de penetrar vehículos donde son transportados funcionarios policiales. Fue en el cumplimiento de órdenes judiciales que falleció el inspector Morales de la PDI y fue luego del cumplimiento de una orden judicial de desalojo, luego del llamado en apoyo de sus compañeros Carabineros que falleció el cabo, hoy suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil. Entonces, dejémonos de preguntar por las camionetas y empecemos a preguntarnos quiénes son los autores de esa violencia. Los mismos que les preguntan y los entrevistan y les preguntan qué causa hay detrás de esto, que les pregunten si ellos reivindican estas muertes como propias. Que le pregunten a Héctor Llaitul, que le pregunten a la CAM, que le pregunten a Jorge Huenchullán si ellos reivindican estas muertes como propias”.

Junto con esto, Galli dijo que esperaba que “esa es la pregunta que yo esperaría que se le hiciera a Carabineros, cómo evitar más mártires de funcionarios policiales cumpliendo órdenes judiciales en una zona donde el rol del gobierno, de las policías, del Poder Judicial y del Estado, en general, es proveer seguridad. Por eso me parece que es equívoca la señal del Poder Judicial, que pareciera que tiene que teletrabajar para poder garantizar las medidas de seguridad. En la Macrozona Sur viven ciudadanos chilenos y operan fuerzas policiales que están siendo atacadas con armas de fuego. Eso es lo que deberíamos condenar, esa es la violencia que hay que condenar, y para eso trabajamos día a día, para poner a los responsables de esos atentados, de esos disparos a matar, ponerlos a disposición de esos tribunales, para que los juzguen y, de ser condenados culpables, cumplan con sus condenas. Por eso se detuvo a Jorge Huenchullán, porque estaba acusado y pretendía ser formalizado por el delito de tráfico de drogas en Temucuicui”.