Fue a las 3.20 de la mañana del lunes que Carabineros recibió un llamado de alerta: a través de la línea 133, una mujer adulta denunciaba haber sido víctima de un atentado incendiario en la comuna de Carahue, en la Región de La Araucanía. Una hora antes, un grupo de cuatro personas encapuchadas, vestidas con ropas militares a bordo de dos camionetas, habían entrado al predio de su propiedad.

Delia Flores Tamarin (48) acusaba que ella y su marido, Hernán Allende Ponce (48), tenían graves quemaduras, luego de que un grupo de encapuchados ingresara a su domicilio para incendiar la propiedad. El matrimonio tenía un aserradero, desde donde el viernes pasado les habían robado herramientas avaluadas en $ 15 millones. Esa vez, los ladrones les dejaron un mensaje: “Sapos”.

El caso hizo al gobierno activar sus preocupaciones por la violencia rural en la Macrozona Sur, donde este año los atentados en propiedades de “uso habitacional” se han incrementado en un 166%, en comparación con el año pasado. “Esa es zona donde opera la Coordinadora Arauco Malleco”, dijo ayer el delegado presidencial en la zona, Pablo Urquizar, en radio Bio-Bio, algo que fue rápidamente desmentido por la CAM en ese mismo medio.

En la fiscalía, sin embargo, tienen otras pistas. Hasta ahora, los persecutores no logran establecer un vínculo claro entre el atentado y una reivindicación territorial ¿Por qué? Nadie se ha adjudicado el ataque, no se encontraron panfletos en el lugar y las víctimas no tienen denuncias previas por tomas o intentos de ataques.

Lo que sí hay -señalaron fuentes consultas- es un probable vínculo con el robo de madera. Eso, dado que en junio del 2020, el matrimonio denunció amenazas, luego de que una forestal les cediera madera que había sido sutraída de un atraco.

Otro antecedente que toma relevancia es la amenaza que recibieron el viernes, bajo el rayado de “sapos”. Esto no se sabe muy bien a qué se debe, pero los investigadores creen que tiene que ver con la labor que presta su aserradero a las forestales de la zona.

El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Miguel Rojas, explicó que “a través de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso y las declaraciones de víctimas y testigos, no existen antecedentes que podrían vincular este ataque con reivindicaciones territoriales, pero sí se está indagando su vínculo con el fenómeno delictual del robo de madera, ilícito que se ha desarrollado en la zona”.

Por ahora, además, el Ministerio Público dispuso medidas de protección para las víctimas y testigos del ataque. El agricultor herido y su esposa quedaron con lesiones de quemadura en el 30% y 17% de su cuerpo, respectivamente, por lo que permanecen en la UCI del Hospital Regional de Temuco.

Dada la gravedad del caso, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría del Interior, presentó una querella contra quienes resulten responsables del ataque. El libelo invoca los delitos de incendio calificados y disparos injustificados.

En la querella, el gobierno sostuvo que los asaltantes “intimidaron a las víctimas con las armas de fuego que portaban, obligándolos a salir del inmueble, mientras los atacantes prendían fuego a la propiedad, la que rápidamente quedó envuelta en llamas, como pudieron constatar las víctimas al salir al exterior de su vivienda, a quienes se les obligó a tirarse al suelo, mientras los sujetos desconocidos continuaban quemando otra vivienda que se encontraba en el lugar y además vehículos que estaban allí estacionados”.

En el lugar, además, el OS-9 de Carabineros detectó la presencia de 3 vainas calibre 9 mm y una calibre 12.

Entre las diligencias que Interior pidió a la fiscalía está la toma de declaraciones y oficiar, “previa autorización, a las empresas de telefonía celular para que informen sobre tráficos de llamadas de los teléfonos celulares en el sitio del suceso, el día de los hechos y en su horario de ocurrencia, y una vez recibida la información cotejar números o datos informáticos que pudieran repetirse en otras investigaciones sobre hechos similares”.