El escenario fiscal es complejo. De eso no hay dobles lecturas y por ello se puede decir la decisión de Fitch Ratings de mantener la calificación de Chile en A- es una buena noticia. Esto considerando además que el año pasado Moody´s, S&P y la propia Fitch habían cambiado la perspectiva de la clasificación de la deuda soberana de Chile de “estable” a “negativa”.

Entre los argumentos que entregó la agencia está el hecho de que tiene una trayectoria de balance fiscal consistente con sus fundamentos. “Las calificaciones de Chile están respaldadas por un balance soberano relativamente sólido, con deuda pública en relación al PIB muy por debajo de sus pares, indicadores de gobernabilidad sólidos y un historial de políticas macroeconómicas creíbles centradas en un régimen de metas de inflación y tipo de cambio flexible. Estas fortalezas se compensan con el ingreso per cápita proyectado para permanecer bajo en relación con sus pares, la alta dependencia de los productos básicos y las métricas de apalancamiento externo y liquidez más débil”, menciona Fitch.

Desde el gobierno valoraron la decisión. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que “la clasificadora Fitch mantuvo su clasificación y perspectiva para nuestro país, destacando la solvencia de las cuentas fiscales, la baja deuda en comparación a otros países emergentes, credibilidad en las políticas macroeconómicas y una institucionalidad macro favorable. Como Ministerio de Hacienda estamos trabajando para que estos aspectos se mantengan y mejoren.

En ese sentido, el secretario de Estado dijo que “el proyecto de ley de Presupuestos 2022 es muy relevante, pues retoma la senda de gasto público sostenible”.

De acuerdo al análisis de Hacienda, “la mantención de la nota crediticia ayuda a evitar una mayor alza en el costo de endeudamiento del Fisco, lo que permite destinar más espacio fiscal a abordar las demandas sociales y de inversión pública, en vez de tener que pagar mayores intereses”.

En su informe sobre Chile, la agencia destaca que el país enfrenta una serie de eventos políticos, incluidas las elecciones presidenciales y del Congreso programadas para el 23 de noviembre de 2021 con una posible segunda vuelta el 18 de diciembre. En opinión de Fitch, el ciclo político y una tercera ola de coronavirus estuvieron detrás del gran estímulo fiscal de este año y una tercera ronda de retiros de fondos de pensiones en abril de 2021, que impulsaron un alto crecimiento económico y un déficit fiscal más amplio.

Sostiene que el nuevo gobierno que asuma el cargo en marzo de 2022 más allá de su signo político, tendrá presiones para aumentar el gasto público en programas sociales. “La política fiscal y el sistema de pensiones privado son áreas de diferencias clave en las políticas de las plataformas de los candidatos, mientras que los de la izquierda piden aumentos en los ingresos fiscales para financiar un mayor gasto y un papel público más activo en el sistema de pensiones, mientras que los de la derecha apoyan menos cambios radicales. Es probable que el Congreso se mantenga de izquierda y podría moverse más a la izquierda. Las relaciones entre el presidente y el Congreso resultarán clave en la orientación política del nuevo gobierno, como se vio durante la administración saliente de Piñera”, puntualiza.

En su descripción del cuadro político comentan que la asamblea constituyente convocada en julio de 2021 para reescribir la constitución está programada para finalizar en junio de 2022, pero podría extenderse. “Las áreas clave de debate se centrarán en la forma de gobierno y los poderes y controles y equilibrios entre las ramas del gobierno. Probablemente también se considerarán el marco y el modelo económico, incluido el papel del Banco Central y su mandato, los derechos de propiedad y el sistema de pensiones. Las cuestiones sociales también serán importantes, incluidos los derechos posiblemente obligatorios en áreas como la vivienda, las pensiones, la educación y la atención médica, que podrían tener importantes implicaciones fiscales”.

Fitch cree que es probable que se mantenga el marco económico general -aunque con cambios en los márgenes-, como mantener la independencia del BC, pero se ampliará su mandato para incluir consideraciones de crecimiento o empleo además de la inflación. Las reglas y regulaciones ambientales más estrictas y los cambios en los derechos de agua podrían afectar los importantes sectores de la minería y la agricultura.