La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicó ayer su segundo informe con las investigaciones sobre denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro contra miembros de la oposición.

La misión fue establecida en 2019 y tiene un mandato que se extiende hasta septiembre de 2022 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, cometidos en Venezuela desde 2014.

En el nuevo reporte se detalla “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.

El abogado penalista chileno Francisco Cox, quien junto a Marta Valiñas (Portugal) y Paul Seils (Reino Unido) forman parte de la misión independiente de la ONU, conversó con La Tercera sobre los detalles del informe.

¿Qué puede detallar sobre el reporte lanzado este jueves?

Para nosotros es una continuación del informe anterior, toda vez que en el anterior visualizamos que el Poder Judicial y la Fiscalía de Venezuela podían estar cumpliendo un rol en la comisión de violaciones de los derechos humanos. Luego de una investigación con 177 entrevistas, en los cuales hay exjueces, fiscales de Venezuela, abogados defensores y abogadas defensoras, concluimos que efectivamente, respecto de opositores al gobierno de Maduro, hay jueces y fiscales que cumplen un rol que contribuye a la comisión de violación de los derechos humanos.

¿En qué consistió esa investigación?

Hicimos 177 entrevistas y revisamos miles de documentos, expedientes y las carpetas investigativas. Analizamos los informes policiales, las órdenes de detención. También tuvimos entrevistas con exjueces y fiscales, hicimos revisión de antecedentes de fuente abierta, eso en general. En concreto, no se puede subestimar el rol que cumplen el Poder Judicial y la fiscalía en la impunidad a las violaciones a los derechos humanos y en la comisión de violaciones a los derechos humanos.

¿Desde cuándo se observa esta situación?

Incluso antes del inicio del mandato de la misión se observa que hay una erosión de la independencia del Poder Judicial. Esto se observa en el aumento de los ministros de la Corte Suprema, la inestabilidad que tienen jueces y fiscales en sus carreras. La gran mayoría de los jueces son jueces provisionales, no de carrera, con lo cual tienen un temor fundado de perder su cargo, si es que no se alinean con los mensajes que se mandan desde la autoridad gubernamental de cómo se deben resolver los casos de los opositores. Entonces, viene de un tiempo y nosotros nos focalizamos en una investigación más profunda desde el año 2014.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este sentido?

Lo que nosotros recomendamos es que, por una parte, no proporcione elementos de seguridad o de represión a las autoridades policiales o de inteligencia de Venezuela hasta que se encuentren pruebas fehacientes de que se están respetando los derechos humanos y que se están siguiendo las recomendaciones tanto nuestras como de la alta comisionada de Derechos Humanos, y también que en aquellos casos y de acuerdo a sus propios procedimientos que se establezcan, puedan ejercer la jurisdicción universal para asegurar la responsabilidad de los perpetradores de la violación de derechos humanos.

¿Qué ocurre con las violaciones a los derechos humanos en el ámbito extrajudicial?

Lamentablemente, por un tema de crisis financiera en Naciones Unidas y de decisiones de contratación, nos vimos muy menguados en cuanto a las personas que podían trabajar en la misión. De hecho, nosotros tenemos solamente un tercio de las personas que estaban presupuestadas que tuviésemos para el trabajo. Por lo tanto, nos tuvimos que focalizar en el trabajo de análisis del Poder Judicial. No pudimos hacer un análisis en profundidad como nos exige nuestro mandato sobre otras violaciones a los derechos humanos que son extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada. Sobre eso tenemos información y hemos recabado información, pero sobre eso vamos a informar tanto en marzo como en septiembre.

¿De parte del régimen de Maduro ha habido avances sobre las recomendaciones que han hecho?

El problema es que es muy difícil evaluar si hay avances o no, porque la información pública que entrega la fiscalía, por ejemplo, es contradictoria y de los casos que ellos han mostrado como avances positivos, 19 coinciden con casos que nosotros habíamos reportado el año pasado. En al menos tres -que son el caso (de Fernando) Albán, (Juan Pablo) Pernalete y (Rafael) Acosta- pudimos ver que se mantiene la práctica de unos cargos contra los ejecutores materiales y que son de muy bajo rango, no se hace un análisis de la cadena de mando. Por lo tanto, es muy difícil de evaluar si hay avance o no con la información que entrega la fiscalía. Pero de los casos que nosotros conocemos, consideramos que no hay avances significativos.