En marzo de 2022 termina el plazo para que la ministra Romy Rutherford encabece las pesquisas en torno al fraude en el Ejército, investigación donde se indaga el uso de los fondos fiscales por parte de la institución castrense.

Así está establecido en la norma que regula su mandato, sin embargo, la indicación que podría extender su visita en la causa ya fue aprobada en el Congreso dentro del proyecto de ley del gobierno para “enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”.

Una vez publicada la norma en el Diario Oficial, será la Corte Suprema la que tendrá que decidir si prolonga por dos años más la visita de la ministra en la causa, investigación que cuenta con 43 aristas y miles de diligencias que parecen no dar tregua. ¿La última? Un viaje de la ministra Rutherford hasta Estados Unidos, acompañada de un equipo de la Brigada Anticorrupción de la PDI, para requisar documentos desde la misión militar del Ejército en Washington.

Fue el lunes 22 que Rutherford llegó con el equipo de la PDI hasta las oficinas de la misión militar del Ejército en EE.UU., ubicadas en Wisconsin Av. North West. Su presencia causó sorpresa en los funcionarios militares, a pesar de que el “rumor” ya estaba circulando en los mandos superiores durante las semanas anteriores.

Hace dos semanas, la ministra hizo llegar un oficio al pleno de la Corte Suprema pidiendo autorización para la incautación y toma de interrogatorios de funcionarios de la misión militar en Estados Unidos. La petición fue autorizada por los magistrados del máximo tribunal.

Según han podido percatarse los funcionarios del Ejército, las pesquisas de la ministra apuntan al uso del presupuesto con los que cuenta la misión, la asignación para viajes dentro de Estados Unidos, la compra de pasajes y la destinación de dinero para el arriendo de casas en territorio norteamericano. Lo que se indagaría ahí es si el uso de esos recursos se ajustó o no a la normativa legal.

Por lo mismo, la PDI se encuentra requisando -hasta el cierre de esta edición- todo lo que tiene que ver con archivadores, órdenes de compra y documentos que dicen relación a los gastos de la misión militar, quienes cuentan con un presupuesto propio, además de lo que tiene el Ejército en Santiago.

Además, ayer los funcionarios de la misión militar -entre uniformados y civiles- estuvieron declarando extensamente ante la ministra Rutherford, situación que se podría extender hasta el viernes. En el Ejército, señalaron, están llanos a colaborar, aunque la visita también activó más de una tensión interna.

En paralelo a esta pesquisa, en Santiago, la Brigada Anticorrupción de la PDI prepara otras diligencias. Se trata de un informe final solicitado por la ministra en visita, luego de recibir hace cerca de un mes una orden de investigar los viajes realizados por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

Los detectives han estado acelerando estas pesquisas, revisando las entradas y salidas del país del actual jefe de la entidad militar, entre los años 2009 y 2019. Ahí lo que los policías están preparando es un catastro que indica los montos desembolsados por el Ejército para pagar 15 viajes de Martínez al extranjero y así detectar en cuáles -eventualmente- se habrían realizado o no devoluciones por parte de la Sección Pasajes y Fletes.

El informe debería estar listo en un ciento por ciento durante los próximos días, el cual debería ser fundamental para definir la situación judicial del comandante en jefe del Ejército en la causa y ser interrogado por la magistrada.