17 horas del lunes 5 de julio. El convencional de Renovación Nacional Ruggero Cozzi se retira del edificio del Congreso en Santiago cuando es increpado por familiares de detenidos en el marco del estallido social. “Son todos unos vendidos, estas son las caras de los presos políticos. Ustedes son cómplices”, le gritan con un megáfono. Lo rodean y, sin dejarlo caminar, recibe algunos empujones y patadas.

“¿Puedo, por favor, pasar? Por favor, se los pido”, dice el representante del distrito 6. Poco después, ante la presencia de Carabineros, le abren el paso y se retira escoltado.

Así fue la “funa” que vivió a inicios de esta semana uno de los 155 constituyentes que el domingo juró en su cargo. El abogado cree, según explicó a La Tercera, que lo “tenían absolutamente identificado, porque afuera estaban unos manifestantes que dicen, no me consta, que son familiares de los llamados ‘presos políticos’. Salió primero Agustín Squella y detrás veníamos un grupo de constituyentes de Chile Vamos; estaban Paulina Veloso, Pollyana Rivera, Patricia Labra y yo. Ahí, este grupo, que era una turba como de 15 personas, nos acorraló, ellas lograron salir un poco y a mí me pusieron contra la pared y me increparon y me pegaron algunas patadas (...)”.

Y agrega: “Tenemos un problema cultural en Chile. Durante muchos años existió un pacto político de que la violencia no formaba parte de las formas de hacer política, y de repente volvimos a una situación en donde resulta que funar, amenazar, agredir, como lo hicieron conmigo, es una forma de manifestar opinión y tratar de presionar para que se tomen ciertas decisiones. Eso es inaceptable en una democracia”.

El episodio que afectó al constituyente -quien aseguró no haber sido contactado por ningún miembro de la mesa directiva del organismo- no es aislado y mantiene preocupados a distintos sectores de la Convención Constitucional. Sobre todo, porque el domingo, el día de la convocatoria de instalación del órgano constituyente, el contingente policial apostado en las afueras del Congreso se vio sobrepasado por algunas manifestaciones que lograron cruzar los anillos que había dispuesto el Ministerio del Interior para que el proceso pudiera desarrollarse sin incidentes.

En Vamos por Chile y sectores moderados levantaron las alertas asegurando que este tipo de actos pueden terminar empañando el proceso y condicionando el debate democrático de la Convención Constitucional en el futuro.

La inquietud se agudizó este martes, cuando el vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, aseguró que la responsabilidad del orden público y de la seguridad de los convencionales le correspondía a Carabineros y evitó responder respecto de si la directiva podría pedir reforzar la seguridad en las sedes en que sesionará la Convención Constitucional.

“El orden público en los lugares públicos tiene que estar garantizado por Carabineros y sería bueno que ellos dieran explicaciones sobre la seguridad de las y los constituyentes”, dijo Bassa al ser consultado sobre el episodio del convencional de RN.

Tras sus declaraciones, ayer varios convencionales emplazaron a la directiva del organismo a tomar acciones concretas para garantizar la seguridad del proceso. “Hay una responsabilidad de la mesa poder coordinar a las autoridades que correspondan las medidas de seguridad que les permitan a los convencionales cumplir su labor sin ningún tipo de riesgo, y por eso es muy lamentable lo que le ocurrió ayer a Ruggero Cozzi”, sostuvo Fuad Chahin (DC).

Mientras que Rodrigo Álvarez (UDI) señaló que “la agresión a Cozzi debe ser condenada por todos los sectores. Es un hecho gravísimo. Sin duda, el tema de seguridad debe ser una preocupación tanto para la mesa de la convención en el funcionamiento interno, como para las autoridades y Carabineros en el desplazamiento exterior. Las funas y la violencia no son caminos válidos para escribir una nueva Constitución y tampoco son los comportamientos que quieren los chilenos”.

Geoconda Navarrete (Evópoli), por otro lado, aseguró que “se debe garantizar la seguridad para todos. Para que la convención pueda funcionar de una vez por todas, tienen que darse las garantías de seguridad en todo sentido, tanto para el funcionamiento como para las personas que participan en ella”.

La convencional representante de Aysén afirmó, además, que le preocupa que esto pueda ser la tónica para el futuro trabajo de la Convención Constitucional. “No sabemos cómo van a reaccionar determinados grupos de interés. Probablemente, siempre van a estar habiendo presiones que puedan transformarse en situaciones conflictivas”, sostuvo.

El propio Cozzi subrayó que no es necesario “tener un perímetro de Fuerzas Especiales alrededor del Congreso. Yo quiero que la gente pueda ir y manifestarse pacíficamente si lo quiere hacer, así debiera funcionar en una democracia. Pero si una persona cruza la línea, yo esperaría que se tomen acciones, que haya un rechazo transversal”.

Por su parte, representantes de sectores como Apruebo Dignidad y el Colectivo Socialista se mostraron partidarios de no aumentar ni reforzar la seguridad de la Convención Constitucional. “En principio, los convencionales no necesitamos especial resguardo, entendemos el contexto país y la necesidad de resguardar aforos y protocolos sanitarios, mas no el resguardo de la integridad de los convencionales particularmente considerados. La situación vivida por un convencional es excepcional y no requiere ni inversión ni cuidado particular”, señaló Maximiliano Hurtado (PS).

“Es importante saber que ningún funcionario o funcionaria pública o política tiene resguardo personal y, en ese sentido, los y las convencionales no debiesen ser la excepción”, afirmó Bárbara Sepúlveda, del PC.

En La Moneda han estado monitoreando el tema de la seguridad de la Convención Constituyente y el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, según afirman en el gobierno, ha hablado del tema con varios de sus integrantes luego del episodio en que se vio involucrado Cozzi.

De hecho, varios constituyentes oficialistas han hecho ver su preocupación a La Moneda apelando a que la seguridad es una responsabilidad del Ejecutivo.

Como sea, en Interior transmiten que ha sido complejo abordar el tema de seguridad, debido a que los propios constituyentes no se ponen de acuerdo respecto de qué medidas quieren, y han cuestionado, por ejemplo, que haya anillos de seguridad. Un dilema que, agregan, se vio reflejado el mismo día de la sesión de instalación de la convención, donde se optó solo por tener carabineros territoriales y, solo cuando hubo incidentes, salieron los funcionarios de control de orden público.

En esa línea, en Palacio, además, recalcan que tienen una planificación que fue dada a conocer públicamente y hay un plan para proteger el perímetro con anillos, pero que, hasta ahora, no está contemplado que haya carabineros, por ejemplo, en las entradas de las instalaciones, porque varios de los convencionales pidieron que no estén ahí.

Así, en Interior agregan que tienen que ser cautos al respecto para evitar que existan críticas, que están esperando que primero se solucionen todos los problemas técnicos que ha tenido el funcionamiento de la nueva instancia para elaborar la Constitución y que el siguiente paso es convocar a alguna reunión a la mesa de la convención y ponerse de acuerdo en un criterio respecto de la seguridad, respetando, recalcan, lo que ellos quieran.

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