Justo en el mes en que Fundación Emilia intenta instalar en el debate la seguridad vial infantil, Carabineros contabiliza casi 86 mil accidentes de tránsito ocurridos en pandemia y cifra en dos mil los fallecidos por estas circunstancias desde la llegada del Covid. Eso, a pesar de las restricciones de movilidad.

Si bien la cifra es menor a años previos, sigue siendo abultada. ¿En qué se está fallando? Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de la entidad -y padre de la menor de nueve meses que falleció en 2013, cuando un conductor en estado de ebriedad impactó el vehículo en que viajaba- aborda dicho contexto.

¿Por qué está amenazada la seguridad vial infantil?

La violencia vial, es decir conductores con alcohol, drogas, exceso de velocidad o mirando redes sociales, son la principal causa de muerte de niños en Chile. En general, la ciudadanía no lo sabe; no sabe la amenaza que significa la violencia vial para la vida de sus hijos, en particular el segmento más afectado, que es de cero a cuatro años. Y este año en particular queremos visibilizar que la movilidad vial infantil es un derecho humano, porque los niños son sujetos de derecho.

Y ellos no pueden hacer valer ese derecho…

Son los adultos los que tienen que garantizar, defender y promover este derecho humano a una movilidad infantil segura y a evitar la violencia y cantidad de muertos que genera en la infancia de este país.

En paralelo, según Carabineros, los accidentes de tránsito en pandemia superan los 86 mil y dejan casi dos mil fallecidos. ¿Cómo califica estas cifras?

En pandemia ha habido una baja, pero la escala mundial es de 50%, es decir, no hemos bajado lo que muchos otros países sí. Las personas que siguen siendo una amenaza vial, siguen infringiendo la ley. Por eso es importante recalcar que hay que tomar conciencia de este derecho humano de la movilidad vial segura y el deber que tenemos los adultos de autofiscalizarnos y garantizar este derecho de los niños.

Hace tres semanas, un conductor que atropelló a un menor de 12 años se fugó en Peñalolén. Los casos se siguen repitiendo. ¿Por qué cree que esto ocurre?

Durante los años de funcionamiento de la Ley Emilia ha bajado un 50% la cantidad de fallecidos por causa de conductores en estado de ebriedad. Y eso es un récord del mundo. Creo que ha marcado la dirección correcta. Pero si bien hemos bajado, queda ese otro 50% que debemos reforzar con campañas ciudadanas. Y queda por avanzar en otras legislaciones que homologuen las garantías que entrega la Ley Emilia. Esto es la cárcel efectiva para otros delitos viales, tales como el manejo con alcohol o el uso de redes sociales mientras se conduce.

¿Por qué cree que ese restante 50% no obedece?

Hay que reforzar el mensaje y mantenerlo permanentemente, que hay cárcel efectivamente, sea cual sea la condición socioeconómica, algo que el Tribunal Constitucional ha ratificado varias veces. También creemos que hay que reforzar el sensibilizar a las personas que han entendido, porque son ellas las que nos deben ayudar a controlar y parar a aquellos que, contra toda evidencia racional, siguen manejando con alcohol, drogas, a exceso de velocidad o mirando redes sociales.

¿Qué arista está fallando?

Desde el estallido social ha habido una disminución de fiscalizaciones viales que roza lo vergonzoso. Por otra parte, se compraron narcotests, pero se compró uno por región (y dos en el caso de la RM), y eso ha aumentado la conducción con drogas. Eso también es vergonzoso. Y los narcotests, las máquinas que miden las muestras, valen un millón de pesos. En términos de política pública claramente podría haber una cantidad significativa en las calles, que al menos igualen los alcotests. En la medida en que las hay y que hay instrumentos para fiscalizar, se tiende a la disminución de este tipo de delitos.

¿La fiscalización es lo más débil?

Eso y apoyar, por parte de las autoridades públicas, las campañas de promoción ciudadana. Y la inversión que podría hacer el mundo privado para ayudar a generar conciencia: mueren 3,5 personas por violencia vial en relación a uno que muere por homicidios y, por más lamentable que esto también sea, los fallecidos por seguridad vial no tienen el mismo correlato. El ámbito privado y los medios de comunicación pueden colaborar más todavía.

Con la pandemia muchos actores han criticado la falta de fiscalización, ¿es un tema a mejorar?

Puede ser. Y en el caso vial pena la falta de instrumentos. Lo del narcotest de verdad que es vergonzoso, porque no hay ninguna justificación técnica. Si existen en minería hace al menos 10 años. Entonces, ¿por qué el Estado de Chile no ha comprado una cantidad similar siendo extremadamente baratos? Es cierto: a veces faltan fiscalizaciones, sobre todo ahora en pandemia. Se había hecho un avance en la dirección correcta hasta antes del estallido social y eso retrocedió a nada.

¿De quién es la culpa?

Es responsabilidad fundamentalmente de la autoridad que está a cargo de las fiscalizaciones. O sea, dotar de los instrumentos es una decisión de política pública. Visibilizar que esto es un delito grave también es importante.

¿Ha mejorado la aplicación de la Ley de Convivencia Vial?

Apunta en una dirección correcta, pero hay que reforzarla con nuevas legislaciones que sancionen con cárcel efectiva delitos como el manejo a exceso de velocidad o mirando redes sociales.

En ese sentido, ¿cómo se puede hacer parte del proceso constituyente la misión de Fundación Emilia?

Estamos elaborando minutas sobre los temas centrales que nos preocupan y las vamos a difundir a todos los constituyentes, de manera de poder garantizar el avance que ha habido en ciertos derechos, como la movilidad vial infantil segura y que esto sea parte de los derechos que queden garantizados en la Constitución, porque es la principal amenaza a la vida de nuestros niños. También que consoliden avances como la Ley Emilia y que se avance en otras legislaciones que permitan tener un panorama más armónico, justo y que genere menos tragedias humanas.

¿Lo ve factible?

Nada en políticas públicas, cuando son integrales, es fácil. Vamos a intentarlo para avanzar en una garantía de derechos para toda la población.