Abril fue el mes en que la fiscal que indaga los eventuales delitos de lesa humanidad durante el estallido social, Claudia Perivancich, concretó una parte de sus más esperadas diligencias. El 7 de este mes recibió en las oficinas del Ministerio Público, en Valparaíso, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien era el director de Orden y Seguridad de la institución, a cargo de los servicios policiales a nivel nacional, en la época del denominado 18-O.

Las dos semanas que vinieron también vieron un calendario teñido de verde, luego de una serie de coordinaciones entre la persecutora y la defensa de los uniformados, Jorge Martínez y Camila Motta. Así, entre el 14 y el 23 de abril, Perivancich tomó las declaraciones, en calidad de testigos, de los generales, Mauricio Rodríguez, subdirector de la institución; Enrique Bassaletti, jefe de Operaciones Policiales; Enrique Monrás, jefe de la Zona Oeste, y la general Karina Soza, jefa de la Dirección de Derechos Humanos (DD.HH.).

La Tercera accedió a todos sus testimonios, donde los uniformados relataron las características de las escopetas antidisturbios, la cantidad de eventos violentos ocurridos en Santiago, cómo se impartían las instrucciones desde lo administrativo y negaron cualquier injerencia directa en el actuar operativo e individual del personal que estaba en terreno.

El 14 de abril entregó su testimonio ante la fiscal Perivancich la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Soza. Fueron casi tres horas declarando, donde detalló las labores de esta oficina de la policía uniformada, afirmando que “no ejerzo mando respecto de comisarios”.

Para el estallido, recordó que “solicité a seis oficiales jefes, alumnos de la academia, para que se pasaran como agregados a la Dirección de DD.HH., para efectuar visitas a unidades territoriales, las que se desarrollaron desde el 23 de octubre de 2019, al 13 de diciembre (...). En ellas reforzaron los contenidos en materia de DD.HH., efectuaron revisiones a calabozos, entre otras acciones. De parte de los oficiales que efectuaron esas visitas, respecto de situaciones que implicaron un abuso policial, solo constataban que las respectivas denuncias o comunicaciones internas que activaban investigaciones, penales o administrativas, hayan sido hechas de acuerdo a la reglamentación respectiva. En esas materias no recibí ninguna información de esos oficiales respecto de situaciones graves en materia de abuso policial que les pareciera importante darme a conocer”.

Soza también señaló que se le ordenó mantener contacto con organizaciones de DD.HH. y “mantenerlos informados”. Además, indicó ante la fiscal que recibió la “indicación de recabar las querellas que presentaba en INDH para abrir procesos administrativos. Al principio, llegaba esta información, hasta mediados de noviembre de 2019, pero a partir del oficio 950 del 25/11/2019, el INDH nos informó que no nos reenviarían las querellas, para no revictimizar a los afectados y que obtuviéramos esa información del Ministerio Público, aunque tampoco recibimos esos datos, pues se invocó por esta institución la reserva de las respectivas investigaciones”.

Esto habría afectado, según dijo Soza, el tener un catastro de personas civiles lesionadas: “No había un registro especial para este tipo de lesionados, solo el que se obtenía del INDH, pues en realidad no se tenía la capacidad operativa para llevar un registro tan detallado. Aclaro, además, que nuestra labor como dirección es asesora, no investigativa, como la que ejerce la PDI”, señaló.

Otro tema que abordó la general fue cuál era el procedimiento para abrir sumario. Acá sostuvo ante la fiscal que “requeríamos información sobre el hecho respectivo, que recibíamos a través de las querellas del INDH, pero cuando dejamos de recibir esa información, nos resultó difícil tener un conocimiento, al menos general, de algún hecho en el que estuviera involucrado un funcionario, como para iniciar investigaciones internas o denuncia penal”.

Seis días después, el 20 de abril, declaró ante la fiscal Perivancich el actual subdirector de Carabineros, Mauricio Rodríguez. El alto oficial, durante el estallido social, se desempeñó como jefe de la Zona Metropolitana, por lo que su testimonio se centró en el uso de las escopetas antidisturbios y los protocolos de actuación durante las manifestaciones.

“Las comunicaciones eran permanentes (con sus superiores); telefónica y presencial. También, a través de comunicación electrónica o DOE. Los generales mencionados y otros de la institución tenemos un grupo de WhatsApp, desde mucho antes del 18 de octubre. No se usó este canal para conversar temas de contingencia y no se creó un grupo o chat distinto para ello. La función de Carabineros es preventiva, de manera que siempre hacemos planificación de nuestro trabajo. También se hizo así en la tarea de control de orden público (COP), después del 18 de octubre”, explicó Rodríguez ante la fiscal.

Además, advirtió que “las decisiones tácticas, por ejemplo, si se usa el lanzagases o especias antidisturbios frente a un evento concreto, la toma autónomamente el jefe del dispositivo en terreno. Desde la Unidad de Comando y Control (UCC) los generales no imparten instrucciones operativas”. Además, añadió que “las veces que yo estuve observando a través de las cámaras de la UCC no aprecié malas prácticas de parte de Carabineros en lo relativo al cumplimento de los protocolos. Las instrucciones que di para recordar la necesidad de cumplir con la ley y el protocolo lo hacemos frecuentemente, es una práctica habitual y no obedece a la constatación de un hecho irregular”.

Sobre la apertura de sumarios, sostuvo que en las altas reparticiones de la institución se abrieron más de 325 procesos administrativos, concretándose 19 expulsiones. También, entregó un catastro de uniformados heridos y cuarteles atacados. Consultado por los civiles lesionados, indicó: “Después del 18 de octubre, el funcionario de carabineros de guardia en los hospitales tuvo que retirarse por el clima que se vivía en el país y por razones de seguridad, además, el INDH solicitó, por oficio, que no nos entrevistàramos con los lesionados para no revictimizar a esas personas. Por esa razón no tememos un catastro oficial sobre lesionados”.

Entre las 10 de la mañana y las 15.30 declaró ante el Ministerio Público el ya conocido general Enrique Bassaletti. El actual jefe de Operaciones Policiales de Carabineros, y durante el estallido social jefe de la Zona Metropolitana Este, testificó el 22 de abril ante Perivancich, donde aseguró que “ese periodo representó un cambio radical en orden público”, además de manifestar que el mando no daba órdenes directas a los efectivos sobre cómo “proceder” en situaciones puntuales.

“El personal de Carabineros no estaba preparado para una contingencia de estas características; no recuerdo el personal que estaba destinado a control de orden público antes del 19 de octubre, pero ante la necesidad de aumentar su número a partir de esa fecha, llevó a que Carabineros de unidades territoriales, de tránsito, tuvieran que asumir esas labores de control, incluso, varias de esas unidades, atacadas con habitualidad, no contaban con apoyo de vehículos disuasivos”, señaló Bassaletti.

El general, además, sostuvo que su jurisdicción dispuso de controles preventivos en distintos puntos de la Zona Este de Santiago, así como también la apertura de sumarios en caso de conductas irregulares del personal. Sobre lo operativo, si bien dijo no tener una incidencia directa, indicó a la fiscal que “recibí y reiteré la indicación evidente de disparar hacia abajo, de lejos o a distancia. Estas instrucciones las recibí e impartí a partir de documentos electrónicos y de forma verbal, poniendo énfasis en esa forma”.

Sobre los civiles lesionados, coincide con los generales Rodríguez y Soza: “Hasta la fecha no tengo conocimiento exacto del número de personas lesionas en sus ojos, ni de quiénes las provocaron, civiles o uniformados, ni con qué elementos. Evidentemente que las investigaciones en curso determinarán y aclararán estos aspectos”.

Bassaletti es uno de los dos generales a los que Contraloría propuso suspender de sus funciones, tras un sumario donde el ente contralor detectó eventuales irregularidades del mando a la hora de disponer los servicios policiales en las cercanías de centros de salud. El general fue consultado sobre esta imputación por el Ministerio Público y su respuesta fue dura.

“Me parece que ha sido un proceso viciado, porque la Contraloría General de la República no tiene competencia para calificar el mérito de las actuaciones de Carabineros. La construcción de esos cargos me parece absurda y llega a conclusiones falsas, pues suponen que las jefaturas hayan estado presentes en todos los procedimientos policiales en terreno”, señaló antes de terminar su declaración.

El último en declarar, por ahora, ante la fiscal Perivancich fue el general Enrique Monrás. El jefe de la Zona Metropolitana Este testificó el 24 de abril ante la persecutora, a quien le explicó que su jurisdicción está compuesta por 29 comunas, 3,5 millones de habitantes y el eje de la Plaza Baquedano, hacia el poniente.

“A contar del 18 de octubre nos comunicábamos de manera personal, telefónica y por comunicación electrónica institucional (DOE), de manera diaria. Sostuve muchas reuniones informales con el general Rodríguez, todo ello con el fin de planificar el trabajo de orden público del día siguiente, a partir de información de Inteligencia. Me refiero básicamente a la información que circulaba en redes sociales sobre convocatorias y manifestaciones”, comenzó explicando Monrás.

En seguida, el general explicó que las marchas a las cuales concurrieron no estaban autorizadas por la Intendencia, dado que durante el estallido social estas surgían sin organizadores responsables de los trayectos, ni convocatorias. Carabineros no contaba con información de las protestas, salvo por lo que veían por redes sociales, manifestó.

También abordó el estado de los vehículos blindados de Carabineros y sostuvo que “los carros lanzagua más modernos eran del 2012, varios de ellos fueron vandalizados y fue disminuyendo la disponibilidad de los mismos”. En ese sentido, también abordó las instrucciones impartidas por el mando y cómo resolvía cada situación el jefe en terreno a cargo de las operaciones.

“Podía ordenar intervenir frente a un delito flagrante, por ejemplo, si se visualizaba en pantallas un saqueo. Esto respecto del personal territorial, no respecto del personal de Copei (Control de Orden Público e Intervención), que corresponde a otra zona. Todo eso lo hice, pero lo que no puedo hacer, y nunca hice, fue dar instrucciones operativas, esto es, cómo y con qué medios intervenir. Eso lo decide automáticamente el jefe del dispositivo en terreno”, sostuvo ante la fiscal.

Por último, al igual que el resto de sus colegas generales, explicó que se levantaron sumarios en los casos en que se detectaron irregularidades, aunque, advirtió, “no pudimos seguir entrevistándonos con lesionados por un oficio del INDH que nos solicitaba evitar contacto con ellos”.